Clase Derechos Humanos. "Derechos del Hombre y los Ciudadanos".

¿Quién es el Vicefiscal General de la República?

¿QUIÉN ES EL VICEFISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA?

Escrito por:

Alonso José Macias Luis

07 de Julio de 2017.

En Venezuela en la actualidad existe un evidente conflicto entre los poderes públicos constituidos, específicamente entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El primero en reiteradas sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha argumentado que la Asamblea Nacional se encuentra en una situación de desacato en relación con las decisiones dictadas por esta sala, sin embargo, el conflicto entre poderes públicos ha tomado otro cause, y en el caso particular que nos atañe en el presente artículo involucra al Tribunal Supremo de Justicia, como órgano rector del Poder Judicial y al Ministerio Público, órgano perteneciente al Poder Ciudadano.

El referido conflicto tiene su génesis en el pronunciamiento realizado por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz en contra de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, específicamente argumentando que estas decisiones judiciales rompieron con el hilo constitucional, al atribuirse la Sala Constitucional competencias que constitucionalmente están atribuidas a la Asamblea Nacional, y al limitar la inmunidad parlamentaria que gozan los diputados electos mediante el voto popular, la cual encuentra reconocimiento y sustento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

El pronunciamiento de la Fiscal General de la República llevó al Presidente de la República Nicolás Maduro Moros a convocar al Consejo de Defensa de la Nación para intentar solventar el conflicto presentado entre estos dos órganos del Poder Público Nacional. En la oportunidad de la realización de la reunión del Consejo, la Fiscal General no participó en la misma, sin embargo, la Sala Constitucional mediante las sentencias números 157 y 158 realizó aclaratorias de oficio del contenido de las decisiones 155 y 156.

Todo lo anteriormente relatado trajo el rechazo contundente de la comunidad internacional, diversas naciones hicieron pronunciamientos en contra del contenido de las sentencias 155 y 156, así mismo, organizaciones internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea (UE), expresaron, de igual forma el rechazo contra de las referidas decisiones.

Posteriormente, la Fiscal General de la República ha intentado varias acciones judiciales ante la Sala Electoral y la Sala Constitucional ambas pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia, entre las que podemos mencionar el Recurso de Nulidad contra las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 dictadas por el Presidente de la República; Recurso de Nulidad contra las Resoluciones emanadas por el Consejo Nacional Electoral que admiten la convocatoria realizada por el Presidente de la República sin la participación del pueblo mediante Referendo Consultivo; y, el Antejuicio de Mérito solicitado en contra de los Magistrados de la Sala Constitucional designados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2.015, esta última solicitud realizada por la Fiscal General de la República la hizo argumentando en su escrito su no participación en las sesiones del Consejo Moral Republicano.

Estas acciones, como indicamos previamente, han sido declaradas todas inadmisibles por las Salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, trayendo como irreductible consecuencia la pérdida progresiva del Estado de Derecho en Venezuela señalado por la propia Fiscal General de la República, e incluso teniendo consecuencias de carácter personal para la ciudadana Luisa Ortega Díaz, como lo son: a) el sometimiento a un Antejuicio de Mérito solicitado por el Diputado Pedro Carreño; b) la prohibición de salida del país, y c) la congelación de sus cuentas, medidas estas propias de los tribunales que conforman la jurisdicción penal, y no de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

A la fecha de la redacción y publicación del presente artículo nos encontramos en dentro del lapso de cinco (5) días hábiles decretados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la publicación de la sentencia que declare con lugar o sin lugar el Antejuicio de Mérito solicitado en contra de la Fiscal General de la República.

En el caso de ser declarado con lugar la solicitud, le corresponderá asumir el cargo de Fiscal General de la República de manera provisoria al Vicefiscal General, por mandato expreso estipulado en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público publicada en Gaceta Oficial N° 38.647 de fecha 19 de marzo de 2.007, por constituir esto una falta absoluta en el ejercicio del cargo,  

La síntesis de los hechos acaecidos en los últimos días en Venezuela, constituyen los hechos que dan pie a la pregunta que constituye el título de la presente investigación. Para dilucidar esa respuesta se hace necesario citar el contenido del numeral 6 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual estipula lo siguiente:

“Son atribuciones del Ministerio Público: …

6. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley”.

Del contenido del citado artículo se colige que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela remite a la ley que regula las actuaciones del Ministerio Público la facultad para que esta amplíe las competencias determinadas a ese órgano del Poder Público Nacional.

En tal sentido, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula los deberes y atribuciones del Fiscal General de la República, y específicamente el numeral 3 de esa norma textualmente expresa:

“Son deberes y atribuciones del Fiscal o la Fiscal General de la República: …

3. Designar al Vicefiscal o a la Vicefiscal General de la República, previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional…”.

Según la norma previamente citada, la Fiscal General de la República tiene la competencia legalmente establecida para designar al Vicefiscal General, previa la autorización realizada por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.

Ahora bien, en virtud de este mandato de carácter legal, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz dictó la Resolución N° 651 publicada en Gaceta Oficial N° 41.132 de fecha 17 de Abril de 2.017, mediante la cual designa como Vicefiscal General de la República al Abogado Rafael González Arias.

Dicho acto administrativo fue sometido a autorización por parte de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional en fecha 3 de Julio de 2.017, aprobando el órgano parlamentario la designación realizada por la ciudadana Luisa Ortega Díaz.

De lo anterior podríamos concluir que la designación del ciudadano Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República cumplió los parámetros determinados por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo que fue nombrado por la persona que ejerce la máxima autoridad dentro del Ministerio Público, así como, la obtención de la respectiva autorización por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional.      

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 470 de fecha 27 de junio de 2.017 declaró la nulidad de la Resolución N° 651 mediante la cual se realizó la designación del Vicefiscal General de la República, y posteriormente, en fecha 3 de julio de 2.017 la sala designa a la Abogada Katherine Harrington Padrón como Vicefiscal General, juramentándola en fecha 4 de Julio en la sede del máximo tribunal de la República. 

Estas decisiones judiciales generan una serie de interrogantes, a saber: ¿Está facultada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para designar al Vicefiscal General de la República? ¿Puede la Sala Constitucional declarar la nulidad de actos administrativos de carácter particular? ¿Hubo usurpación de funciones por parte de la Sala Constitucional al momento de la designación del Vicefiscal General?

A los fines de dar respuestas a estas interrogantes es necesario analizar el contenido de los artículos 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como, las consideraciones para decidir expuestas por la Sala Constitucional en las sentencias de fechas 27 de junio y 3 de julio del año 2.017.

Sobre el particular, el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el siguiente sentido:     

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, estadal o nacional, cuando hayan dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.

El artículo constitucional anteriormente transcrito establece claramente las facultades de la Sala Constitucional, siendo que ninguno de los numerales que integran la norma estipula atribución alguna a la Sala Constitucional para designar al Vicefiscal General de la República, como si se la otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público al Fiscal General de la República.

En consecuencia, la atribución determinada por la ley para designar al Vicefiscal General de la República le corresponde de manera exclusiva al Fiscal General de la República en los términos señalados por la norma contenida en la ley que regula las competencias y actuaciones del Ministerio Público.

Sin embargo, la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional considero sobre el particular lo siguiente:

“… dado que esta Sala Constitucional está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, visto que la designación efectuada por la Fiscal General de la República no contó con la previa autorización del órgano legislativo nacional, el cual hasta la presente se mantiene en desacato frente a las decisiones de este Alto Tribunal y ha omitido dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos identificados supra,  es por lo que en atención a lo establecido en el artículo 335 constitucional en concordancia con el numeral 7 del artículo 336 eiusdem, esta Sala por auto separado designará de manera temporal un Vicefiscal General de la República. Así se decide”. (Negritas nuestras).

La sentencia citada parcialmente, estipula que la designación realizada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz no contó, para la fecha de la publicación de la decisión judicial, la autorización de la Asamblea Nacional, la cual en criterio de la sala se mantiene en desacato frente a las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y en concordancia con los artículos 335 y 336 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana designará, como en efecto designó, al Vicefiscal General de la República de manera temporal.

Sobre el particular, es importante acotar que para el momento de la publicación de la sentencia no había autorización por parte de la Asamblea Nacional, realizada en fecha posterior, cumpliendo esto con los parámetros determinados por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual valido el acto administrativo dictado por la Fiscal General.

Otro de los puntos a destacar es el referente al desacato invocado por la Sala Constitucional en el no cumplimiento de las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, esta figura jurídica es aplicable a personas naturales que de manera injustificada se nieguen a cumplir con los mandatos judiciales, por lo cual, para subsanar ese hecho el ordenamiento jurídico regula los mecanismos para la ejecución forzosa de las sentencias siendo ejecutadas por los mismos tribunales de la República, por lo cual, esta figura no es aplicable a los órganos públicos como lo es la Asamblea Nacional, por cuanto estos gozan de privilegios y prerrogativas establecidas en la ley.

Adicionalmente a esto, cada órgano que conforma el Poder Público tiene claramente determinadas sus competencias en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales no pueden ser ejercidas de manera alguna por un órgano distinto, teniendo esto como inevitable conclusión que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia constitucional ni legal para designar al Vicefiscal General de la República, usurpando con la emanación de las sentencias de fechas 27 de junio y 3 de julio de 2.017, las competencias exclusivas atribuidas al Ministerio Público por órgano del Fiscal General de la República.

Aunado a lo anterior, la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló un acto administrativo de carácter particular, como lo fue la Resolución N° 651 dictada por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, en base al contenido del numeral 7 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido este a la omisiones legislativas, sobre el particular, es importante acotar que la norma invocada está referida a aquellas omisiones que realicen los órganos legislativos en la creación de aquellas normas jurídicas que están constitucionalmente a dictar, así como, a la designación de aquellas autoridades públicas que le corresponde nombrar, y no está vinculada con la autorización dada al Fiscal General de la República en la designación del Vicefiscal General.

Así mismo, la Sala Constitucional usurpo funciones que son propias de la Sala Político Administrativa, por cuanto anuló un acto administrativo de carácter particular y no un acto normativo, y esta facultad está directamente atribuida a la Sala Político Administrativa por mandato del numeral 5 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone lo siguiente:

“Es de la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: …

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia”.

Siendo que el Ministerio Público es un órgano de rango constitucional, y siendo que las resoluciones según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, constituyen actos administrativos esta atribución le corresponde a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Constitucional.

Otros puntos a destacar en relación al contenido de la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional de fecha 27 de junio de 2.017, son las referidas con la solicitud que dio inicio al procedimiento, y a la motivación sobre la nulidad del acto administrativo.

Sobre el primer punto, la acción de nulidad intentada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, el Vicefiscal General Rafael González Arias, y él Director General de Actuación Procesal Zair Mundaray, iba dirigida a solicitar la nulidad de las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, y no a la nulidad de la Resolución N° 651 dictada por la Fiscal, por lo cual la sala decidió un punto de derecho que no era el objeto de la acción intentada, declarando algo que estaba fuera de la pretensión expuesta por los accionantes, conociéndose esto dentro del ámbito procesal como ultrapetita.

En cuanto a la motivación de la nulidad del acto administrativo, la sentencia N° 470 dictada por la Sala Constitucional estipulo lo siguiente:     

“… esta Sala como garante de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, declara nula por ser contraria al Texto Constitucional y a la Ley que rige las funciones del Ministerio Público, la Resolución n° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, designó al prenombrado abogado como Vicefiscal General de la República (Encargado).

Al adolecer de nulidad absoluta tal designación, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como “Vicefiscal General de la República” son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos. Así se decide”.  

De la cita realizada previamente, se colige que los fundamentos de la sentencia son genéricos, al estipular que la resolución es nula por contrariar al texto constitucional, sin indicar específicamente las normas constitucionales que contraria, y a la ley que rige las funciones del Ministerio Público, igualmente sin indicar que artículo de la ley contraria la resolución.

Aunado a lo anterior, la sentencia no señala de manera clara cuál es el vicio de nulidad en que presuntamente incurre el acto administrativo, ni siquiera se cita el contenido del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual dispone los vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos bien sea de carácter general o particular.

En base a todo lo previamente expuesto podemos dar respuesta a la interrogante que titula el presente artículo, siendo que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que la designación del Vicefiscal General es una atribución que le corresponde al Fiscal General de la República, quien debe ser autorizado por parte de la Asamblea Nacional, y en el caso particular estos parámetros fueron cubiertos en su totalidad, podemos concluir que de derecho el Abogado Rafael González Arias debe ejercer el cargo de Vicefiscal General de la República.

Hasta una nueva oportunidad…

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De vuelta a la historia constituyente venezolana. Constituciones del siglo XIX

DE VUELTA A LA HISTORIA CONSTITUYENTE VENEZOLANA. CONSTITUCIONES DEL SIGLO XIX.

Escrito por:

Alonso José Macias Luis

08/06/2017

-          Introducción.

La historia constituyente venezolana del siglo XIX ha sido prolífica en textos constitucionales, la mayoría de estas productos de revoluciones o guerras que tenían por objeto fundamental la permanencia en el tiempo del caudillo de turno al mando del poder constituido.

En este contexto, en el siglo XIX fueron promulgadas un total de 11 constituciones creadas mediante procedimientos de reformas constitucionales o a través de Asambleas, Congresos o Convenciones Constituyentes convocadas por los gobernantes de las distintas épocas en las cuales fueron creadas.

Ahora bien, el presente estudio busca realizar un análisis comparativo entre las motivaciones que dieron origen a la conformación de los textos constitucionales del siglo XIX con la realidad imperante en el año 2017 en relación a la iniciativa presentada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros de constituir una Asamblea Nacional Constituyente.

Así mismo, se busca estudiar las posibles consecuencias de orden jurídico, político, social y económico que pudiesen derivar del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, vistas a través de los hechos históricos que dieron origen a las diversas constituciones del siglo XIX.

Para lograr estos fines se pondrá énfasis en los procesos constituyentes de los años 1857, 1858, 1864, 1891 y 1893 por ser producto de la concreción de diversas revoluciones, o la culminación de guerras que tuvieron funestas consecuencias dentro del territorio de la República.

Sin embargo, el estudio de los procesos constituyentes correspondientes a los años 1811, 1819, 1821, 1830, 1874 y 1881 serán tomados en consideración, a modo referencial, por no ser productos directos de rupturas del hilo constitucional o de revoluciones armadas que tenían el objetivo fundamental de tomar el poder mediante el uso de la fuerza.

La primera parte del estudio estará enmarcada en estudiar las motivaciones que dieron origen a las Constituciones de los años 1811, 1819, 1821 y 1830.

La segunda parte se encuentra enfocada a desarrollar los periodos constitucionales desde los años 1857 a 1864, fecha esta en la cual culminó la denominada Guerra Federal.

La tercera parte del estudio busca desarrollar los motivos de los procesos de reformas constitucionales del periodo regido por el General Antonio Guzmán Blanco, correspondiente a los años 1874 y 1881.

La cuarta y última parte busca desarrollar los procesos constituyentes que se originaron a finales del siglo XIX correspondiente a los periodos presidenciales del Doctor Raimundo Andueza Palacios y del General Joaquín Crespo.

-          Procesos constituyentes de los años que van desde la Independencia a la Gran Colombia (1811 a 1830).

La Constitución primigenia del naciente estado venezolano dada en el año de 1811 tuvo sus motivaciones fundamentales en establecer la independencia de las Provincias que constituían la Capitanía General de Venezuela de la monarquía española dirigida por el Rey Fernando VII.

Este proceso constituyente ha sido definido por la doctrina nacional como un verdadero Poder Constituyente Originario, dirigido por la voluntad del pueblo venezolano de ser plenamente independientes de un sistema monárquico que por varios siglos había regido los destinos en nuestro territorio.

En tal sentido, para Brewer Carias:

“… en sentido estricto, podría decirse que sólo hemos tenido dos Asambleas efectivamente Constituyentes: el Congreso General de 1811 reunido en Caracas con el objeto de constituir el Estado venezolano independiente de la Corona Española con la sanción de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela 21-12-1811; y el Congreso Constituyente convocado en Valencia en 1830, por el General José Antonio Páez, para constituir el Estado venezolano separado de la Gran Colombia y la sanción de la Constitución del Estado venezolano (22-09-1830)”.

Siendo de este modo, tanto los textos constitucionales de los años 1811 y1830 son expresión genuina de la expresión popular o de la soberanía del pueblo, las cuales constituyen verdaderos ejemplos de esa expresión representada en Congresos Constituyentes designados por la población venezolana de la época.

Ahora bien, los antecedentes históricos que dieron pie a la conformación del Congreso General de 1811, tuvieron su origen en las conspiraciones realizadas por los patriotas que buscaban la plena independencia de la corona.

En el ámbito interno, tales hechos los constituyen la Conspiración de Gual y España de 1797; la invasión del General Francisco de Miranda en 1806; y, los hechos del 19 de Abril de 1810.

En lo que atañe al contexto internacional las ideas de la ilustración propugnadas por Rousseau, Montesquieu entre otros grandes pensadores; la independencia de los Estados Unidos en el año 1798; y, la invasión de Napoleón a España fueron los hechos históricos que dieron origen a la idea que Venezuela debía ser una nación libre, independiente y soberana del imperio español.

El trabajo final del Congreso General de 1811 fue la concreción de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela el 21 de Diciembre de ese año, sentando bases constitucionales solidas que servirían de referencia a los posteriores procesos constituyentes realizados en Venezuela, tales bases las constituyen la separación de poderes, la confederación, la independencia, y, los derechos del hombre, aspectos que dieron origen a lo que en la historiografía venezolana se conoce como la Primera República.

Los puntos que finalmente fueron estipulados en la Constitución de 1811 (separación de poderes, independencia, derechos del hombre), se mantienen en vigencia en el texto constitucional de 1999, con sus respectivos avances motivados por el transcurso del tiempo y los cambios naturales que tiene toda sociedad.

En relación con los procesos constituyentes de los años 1819 y 1821, para Carolina Guerrero, tuvieron la particularidad de:

“… estar dirigidos a algo más que la elaboración de los respectivos textos constitucionales formalmente concebidos como las bases jurídicas-políticas sobre las cuales debía organizarse el Estado. Su objeto se centraba en las posibilidades de prescribir una forma republicana de vida política, es decir, en fundamentar la existencia política de la República, que hasta entonces parecía gravitar como un proyecto ilustrado concebido por la voluntad particular de unos pocos”.

Así mismo, la referida autora agrega que:

“… los procesos de 1819 y 1821 incorporaron una dificultad adicional: además de intentar establecer constitucionalmente el inicio (y permanencia) de la república como materialización del mandato de una voluntad general (real o aparente) dispuesta de ser libre de acuerdo con determinadas prácticas políticas inherentes a los principios de esa misma república, debía incorporar la creación de la unión colombiana a los deseos emanables de esa voluntad general, esta última menos susceptible de aprehender, en tanto más difusa”.

Según la autora previamente citada, los procesos constituyentes de los años 1819 y 1821 buscaban establecer una vida republicana, a pesar de las grandes dificultades que esto generaba, por estar enmarcadas dentro del contexto de la guerra de independencia liderada por el Libertador Simón Bolívar.

En cuanto al proceso constituyente del año 1830, este tuvo su origen en los hechos conocidos comúnmente como “La Cosiata”, el cual constituía un movimiento separatista dentro del territorio venezolano, que buscaba la segregación del Venezuela de la Gran Colombia.

El objeto fundamental del Congreso Constituyente de 1830 era según Sánchez Falcón:

“separar a Venezuela de la Gran Colombia, y constituir un nuevo estado dentro del territorio de la “Antigua Venezuela”, siendo sus bases el establecer “un gobierno republicano, popular, alternativo, electivo y responsable” según lo disponían los actos y proclamas de la época”.

Este proceso fue convocado por el General José Antonio Páez en su condición de Jefe Civil y Militar de Venezuela, mediante el Decreto de fecha 13 de enero de 1830. Dicha norma establecía que el Congreso Constituyente debía instalarse en la ciudad de Valencia el 30 de Abril de ese año.

Luego de cinco meses de trabajo, tiempo este que duró el Congreso instalado en Valencia, se sancionó la Constitución del Estado Venezolano el 22 de Septiembre de 1830, constante de 228 artículos, divididos en 28 títulos, siendo las regulaciones más relevantes la declaratoria de que el gobierno “es y será republicano, popular, representativo, responsable y alternativo” según lo preceptuaba el artículo 6 de esa Constitución.

Uno de los aspectos negativos, que más fue criticado al trabajo del Congreso Constituyente de 1830 fue la no abolición de la esclavitud, la no supresión de la pena de muerte, y, la no derogatoria de la prisión por deudas.

La Constitución de 1830, según Sánchez Falcón:

“… cumplió con el rol que sus realizadores habían pensado para ella. Su larga duración hasta 1857, la relativa estabilidad política que se vivió bajo su vigencia, por lo menos hasta 1848, permiten afirmar que ella cumplió la principal función de una Constitución, es decir, sirvió para el encuadramiento jurídico del juego político que se había establecido y que tenía como elementos fundamentales al caudillo cohesionador y el poder civil que debía controlar a aquel”.

En base a las conclusiones dadas por el autor anteriormente citado, la Constitución de 1830 cumplió con la finalidad para la cual fue proyectada, teniendo un periodo de vigencia consistente en 27 años, configurándose como la segunda constitución de mayor vigencia después de la promulgada en 1961.

Los procesos constituyentes de los años 1811 a 1821 estuvieron marcados por la guerra de independencia y buscaban fundamentalmente constituir a Venezuela en una república independiente de la corona española, capaz de decidir su propio destino político, social, organizativo, jurídico e incluso económico.

En cambio el proceso que dio origen a la Constitución de 1830 buscaba la separación de Venezuela de la Gran Colombia, aspecto que logró con éxito dada su larga vigencia y la relativa paz que trajo a la nación hasta su derogatoria en el año de 1857 realizada en el periodo presidencial del General José Tadeo Monagas.

Dado lo anterior, y a modo de conclusión, esta primera etapa de la historia constituyente encontró su motivación fundamental en el anhelo de los padres de la patria en ser libres y soberanos, así como, el derrumbamiento del sueño de integración del Libertador Simón Bolívar, siendo que estos textos dieron un fuerte piso jurídico a instituciones que hasta la fecha permanecen incólumes dentro del ordenamiento jurídico nacional.

Desde este espacio creemos necesario que la futura Asamblea Nacional Constituyente del 2017, respeta los valores de libertad, en todos los ámbitos, tanto personal como de empresa; que la independencia e integración sigan siendo pilares que permanezcan en nuestra historia republicana.

-          Procesos constituyentes de 1857, 1858 y 1864.

El proceso que llevó a la concreción de la Constitución de 1857 se enmarca dentro de la segunda presidencia del General José Tadeo Monagas, teniendo como motivación principal el deseo personalista de dicho general en mantenerse en el ejercicio de la Presidencia de la República.

A pesar de ello, el General Monagas en el mensaje dirigido a las Cámaras del Congreso en el año 1857 devela dos razones que justifican la realización de la reforma constitucional.

Según Francisco Delgado: “la primera, era la necesidad de reorganizar el sistema de las relaciones del poder central y las provincias”, y la segunda “el tema de la reconstrucción de la Gran Colombia”.

Los objetivos expuestos por el General Monagas fueron las bases argumentativas de la clase dirigente que justifican la reforma constitucional que según palabras de Delgado era:

“… un ejemplo claro en la historia venezolana de discordancia entre los objetivos enunciados de un proceso constituyente, y sus objetivos reales, es el caso que analizamos… la distancia entre los objetivos enunciados y las verdaderas era un hecho evidente para todo el país”.

Esta discordancia fue puesta de manifiesto en una comunicación enviada por el General José Gregorio Monagas, hermano menor del Presidente José Tadeo, enviada en fecha 27 de mayo de 1856 en la cual le hacia la siguiente observación:

“Cuidado con ese vestido corto que usted supone a la Constitución, para los venezolanos, mañana pueda pecar de largo; y que sí Páez contribuyó a formarla a su antojo usted trata de hacer la que le brinda más ventajas” (Gil Fortoul citado por Francisco Delgado).

Las intenciones verdaderas de Monagas eran vistas en todo el país, dado que en 1858 se vencía su segundo periodo a la Presidencia y la Constitución del año 1830 prohibía la reelección.

Es importante destacar un hecho acontecido durante el primer periodo presidencial del General José Tadeo Monagas ocurrido en el año 1848, y es el conocido como “El Fusilamiento del Congreso” donde seguidores de Monagas irrumpieron de forma armada en el Congreso dando muerte a varios parlamentarios, este acontecimiento dio pie a una serie de irrupciones militares que tuvieron como consecuencia la ruptura del hilo constitucional, constituyendo una muestra del carácter despótico que comenzaba a configurar el General Monagas.

Ahora bien, realizando un estudio comparado entre los objetivos perseguidos por el General Monagas con la reforma constitucional de 1857, y la finalidad que persigue el proceso constituyente iniciado en 2017, podemos referirnos al hecho de que el periodo presidencial en ambos casos está enmarcado en su último año de ejercicio. En el contexto histórico de la segunda presidencia de Monagas este periodo culminaba en 1858, y en el caso actual, el periodo culmina en el año 2018.

Sin embargo, el objetivo de la modificación constitucional actual no se encuentra develado públicamente, pero si es bien sabido por todos los habitantes del país, y con el avance de las tecnologías en materia de información es sabido en todos los lugares del globo terráqueo.

Otro de los puntos coincidentes son las voces discordantes dentro de ambos procesos, en el caso del General José Tadeo Monagas esa voz disidente provino de su propio hermano el también General José Gregorio Monagas quien advertía de los efectos adversos que podría tener la reforma constitucional promovida por su hermano, y en el caso actual, las voces disidentes provienen de diversos personeros que formaban parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, podemos mencionar por ejemplo a Héctor Navarro ex Ministro de Educación, Ana Elisa Osorio ex Ministra del Ambiente, Maripili Hernández ex Ministra de la Juventud, Gabriela Ramírez ex Defensora del Pueblo quien al asumir esa postura disidente y critica tomo la decisión de renunciar a su cargo como Consultora Jurídica del Tribunal Supremo de Justicia, y la que ha resonado con mayor fuerza por el cargo que ocupa en la actualidad, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien incluso ha interpuesto una aclaratoria de la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual decidió que no es necesario la convocatoria del pueblo mediante referendo consultivo para iniciar el proceso que lleve a la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente.

Así mismo, encontramos coincidencias en el hecho ocurrido en 1848 referente al “Fusilamiento al Congreso”, en virtud que en 2017 la sede del parlamento fue tomado abruptamente por simpatizantes del gobierno nacional comandados por el Alcalde del Municipio Libertador Jorge Rodríguez, teniendo como diferencia que en el hecho acaecido en 2017 afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamentar como sí ocurrió en 1848.

Estos puntos coincidentes lo que hace es reafirmar el dicho que reza “la historia siempre se repite”, sin embargo, esperamos que las consecuencias que puedan traer el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, no sean las mismas que se suscitaron con la reforma constitucional de 1857.

Volviendo al proceso de reforma constitucional de 1857, la norma de mayor significación fue el artículo 1 de las disposiciones transitorias relativo a la designación del Presidente y Vicepresidente, siendo elegidos José Tadeo Monagas como Presidente y Francisco Oriach, hijo político de Monagas, como Vicepresidente.

Para Francisco Delgado tal artículo:

“… en el contexto del proceso general de la reforma, no es posible dejar de ver en él un verdadero símbolo de lo que ha sido hasta ahora nuestra historia constituyente… es una norma que refleja la irracionalidad histórica que con frecuencia afecta a quienes tienen la responsabilidad de elaborar un nuevo texto constitucional”.

Efectivamente, esa clase de artículos dispuestos en procesos con motivaciones que no poseen coincidencias entre la realidad y la argumentación retórica, lleva a las clases políticas dominantes a arriesgar la erradicación de un proyecto nacional en favor de un proyecto de carácter personal como lo fue el caso del Presidente José Tadeo Monagas.

La Constitución de Monagas tuvo una vigencia efectiva de un 1 y 8 meses contados desde su fecha de publicación el 19 de Abril de 1857, hasta su derogatoria el 31 de Diciembre de 1858, por la Constitución realizada por la Convención de Valencia de ese año.             

En cuanto al proceso constituyente del año 1858, según palabras de Peraza Celis este:

“… aparece colgado entre dos revoluciones, una la del 5 de marzo de ese año y la otra la Guerra Federal. Que la Guerra Federal haya estallado justo al terminar el proceso constituyente de 1858, resulta significativo, en el entendido que un proceso constituyente debería recoger los anhelos y aspiraciones políticas de una población en un momento determinado, servir de canal para lograr el consenso político y evitar el enfrentamiento”.

Sobre el particular, la Constitución de 1858 no alcanzó los objetivos para los cuales estaba propuesta, sin embargo, sirve de marco referencial para los posteriores textos constitucionales creados en la República, por ser esta según Peraza Celis una constitución “ejemplar, democrática y clara”.

Es importante analizar el contexto histórico que llevó a la convocatoria de la Convención de Valencia, siendo el hecho acontecido desde el 5 de marzo hasta el 18 de marzo de 1858 denominado Revolución de Marzo, liderada por el General Julián Castro contra las pretensiones continuistas del General José Tadeo Monagas, esto llevó a los partidos liberales y conservadores a unirse en el primer alzamiento militar ocurrido en Venezuela en contra de una autoridad constituida.

Las consignas esgrimidas por los revolucionarios armados eran la “unión y el olvido del pasado”, esto permitió la unión de ambos partidos en una causa común, dirigida por un General que en opinión de Gil Fortoul citado por Peraza Celis:

“… la circunstancia de haberse escogido para jefe de ella a un hombre que, si militar de algún prestigio, no figuraba como caudillo nacional a la manera de Páez y Monagas, ni gozaba tampoco de la forma guerrera de un Silva o de un Febres Cordero. Julián Castro era imperator de segundo orden, y político de corto vuelo. Pero si esta circunstancia fue al principio condición favorable de la alianza, convirtióse luego en factor disolvente”.

Después de haber accedido al poder por medio de las armas, el General Julián Castro nombra un gabinete compuesto de liberales y conservadores, estando todos de acuerdo en convocar al país a una consulta para restablecer el marco institucional.  

Uno de los hechos que dio pie a la fractura del recién instalado gobierno de facto, fue la elaboración y cumplimiento del denominado Protocolo de Urrutia, este se dio en medio del asedio que sufrió el consulado francés por una turba que exigía el sometimiento a juicio del General Monagas.

El General Castro designo a su Ministro de Relaciones Exteriores de tendencia liberal Wenceslao Urrutia, para buscarle solución al posible conflicto que podía presentarse en virtud de esa situación. El Protocolo Urrutia consistía en que el gobierno otorgaría un pasaporte y salvoconducto al General Monagas para que se trasladara al exterior sin ser vejado ni sometido a juicio por parte del gobierno del General Julián Castro.

El Protocolo Urrutia tuvo varios problemas, a saber según lo dicho por Peraza Celis:

“El primer problema que surgió con la negociación fue que Urrutia había declarado estar “… plenamente autorizado por el Gabinete”, lo cual no era verdad. En efecto, los otros miembros del gabinete tuvieron conocimiento del texto del Protocolo sino hasta el 6 de abril, desatándose una violenta crisis… El otro problema era la intervención del Cuerpo Diplomático en un asunto de pura política interior. Sin embargo, no se podía desconocer la validez del documento”.

Estos problemas relatados fueron abordados por el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores designado por el General Castro, Fermín Toro, quien trató de reconciliar el error cometido por Urrutia dirigiendo una nota al Cuerpo Diplomático. Los encargados de negocios de Inglaterra y Francia exigieron el cumplimiento de manera inmediata del Protocolo, declarando suspendidas sus relaciones oficiales con el gobierno venezolano y solicitando la intervención de sus respectivas armadas.

El asunto surgido a raíz del Protocolo Urrutia fue resuelto por la Convención de Valencia al decidir autorizar al General Castro a permitir el embarque al extranjero del General Monagas, y, al mismo tiempo, las escuadras anglo-francesas levantarían el bloqueo abandonando los puertos del país. Finalmente Monagas fue embarcado rumbo a Martinica el 31 de agosto de 1858.

Otro hecho de relevancia lo constituyo lo que se conoce comúnmente como “La Galipanada”, siendo este un levantamiento de los liberales ocurrido durante el bloqueo anglo-francés.

El General Carlos Soublette estaba plenamente informado de estos hechos, captura a los liberales en la zona de Galipán en el cerro El Ávila, sometiéndolos a la justicia, y posteriormente siendo expulsados del país.

Estos hechos fueron los que marcaron la poca vigencia y efectividad que tuvo la Constitución de 1858, a pesar de que en el ámbito doctrinario era un texto fundamental que traía consigo avances en materia de derechos humanos y derechos políticos, así como mejoras en el sistema del Poder Municipal ampliando las competencias de este.

Según Peraza Celis:

“La Constitución intentaba proteger a los ciudadanos contra el autoritarismo. De hecho el Ejecutivo se veía muy disminuido frente a las competencias del Poder Legislativo, pero todo control se hizo vano durante la guerra civil durante las administraciones de Castro, Tovar y Gual, para luego morir a manos de la dictadura de José Antonio Páez…

La Constitución, por más libertades políticas, no aborda los problemas sociales, de allí su debacle…

Exclusión política del sector liberal, aunado a la exclusión social de la peonada, terminó en una bomba que reventó contra las buenas intenciones de la Convención y contra la misma constitución”.     

Según lo expresado por el autor citado, las razones por el cual la Constitución de 1858 no tuvo una vigencia mayor, y no ayudaron a evitar la guerra federal fueron la de los liberales dentro de su proceso de formación; la exclusión de los sectores sociales quienes pedían se les reivindicaran en el uso y posesión de tierras que estaban en mano de los caudillos del país, estos sectores se encontraban aupados por las ideas expresadas por el General Ezequiel Zamora; así como, el rompimiento de las promesas de la Revolución de Marzo sobre el “olvido del pasado”, lo cual se materializó con la expulsión del país de miembros del partido liberal después de los hechos de La Galipanada.

Ciertamente, las sociedades y los pueblos mediante va transcurriendo el tiempo van cambiando y evolucionando hasta convertirse en sociedades profundamente amantes de la paz, de la democracia, de las libertades individuales y de los derechos humanos.

Sin embargo, debemos analizar comparativamente estos hechos relatados con la realidad actual del año 2017, iniciando con la denominada Revolución de Marzo, este acontecimiento histórico significó el primer golpe de estado dado por una autoridad constituida, siendo esto un hecho recurrente en la historia patria, esta revolución buscó derrocar las pretensiones continuistas del General José Tadeo Monagas, logrando a los pocos días de iniciada su objetivo primordial, enarbolando consignas de “unión y olvido del pasado”, pero ciertamente, nadie en su sano juicio quiere que estos hechos ocurran de nuevo, que por vía de la materialización de un golpe de estado se instaure un nuevo gobierno, por esta razón, la sociedad y el derecho ha evolucionado, estipulando mecanismos claros como el referendo revocatorio, enmienda y reforma constitucional a los fines de lograr que no se quiebre el hilo constitucional.

En el presente no queremos otra Revolución de Marzo, ni ninguna otra revolución que pretenda tomar el gobierno por vía de la fuerza, llámese como se llame dicha revolución. Debemos recordar las palabras del Diputado Henry Ramos Allup en los diálogos celebrados con el gobierno en el año 2014 “no hay golpes buenos, no hay golpes malos, todos los golpes son malos”, lo dicho por el Diputado lo compartimos plenamente, ningún golpe de estado es bueno, todos son malos provengan de donde provengan.

En relación con el Protocolo de Urrutia podemos ver aspectos coincidentes con la realidad actual, el punto más evidente es el enardecimiento de la población venezolana con las autoridades o con familiares de estas que se encuentran en el exterior, este hecho ha sido denominado como escratche.

Esta modalidad desde esta columna de opinión la rechazamos completamente, sin embargo, comprendemos las razones por las cuales ocurren estos hechos, se originan como una forma de drenar una inconformidad acumulada con relación a políticas públicas que no han contribuido a solventar la situación social y económica que aqueja el país.

Dentro de este contexto, el Protocolo de Urrutia trajo consigo otra complicación aun mayor y fue la llegada de buques de la armada inglesa y francesa al Puerto de La Guaira, los cuales exigían el cumplimiento de lo pactado en el mencionado acuerdo. Podemos encontrar un paralelismo en dos sentidos: el primero en el hecho que el gobierno nacional desde hace varios años, ha denunciado una posible intervención de gobiernos extranjeros, sin embargo, el avance social, político y jurídico que tenemos en relación con el siglo XIX deja descartada la posibilidad de una intervención armada, ni siquiera con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana la cual en ninguna de sus artículos contempla esta posibilidad, por eso a pesar de la retórica la realidad es muy distinta y volver a un hecho como el ocurrido en el año 1858, en la actualidad seria afortunadamente improbable.

El segundo aspecto con el cual podemos hacer un paralelismo es el vinculado con la exigencia del Cuerpo Diplomático de Inglaterra y Francia sobre el cumplimiento del Protocolo de Urrutia, entendido este como un acuerdo de carácter internacional, que buscaba la solución, a la salida pacífica hacia el extranjero del General Monagas. En la actualidad los países del continente han exigido al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en mayor medida este llamado ha sido realizado por miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y los Estados Unidos de América, sin embargo, la respuesta del gobierno venezolano ha esta petición ha sido la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos para salir del organismo internacional, esta es una evidente diferencia en la actuación realizada por el Canciller Fermín Toro para el año 1858, debido a que este sabía que no podía desconocer el acuerdo válidamente suscrito por Venezuela y el Cuerpo Diplomático Francés, de haber tomado la decisión de desconocer el protocolo las consecuencias de seguro hubiesen sido la declaratoria de guerra por parte de Inglaterra y Francia.

Otro aspecto a destacar fue el movimiento liberal denominado “La Galipanada”, constituyendo esta una insurrección armada surgida en el año 1858. Traemos a colación este evento dado el creciente aumento de grupos armados de choque que han surgido en defensa de una u otra posición política en el país, pudiendo causar esto consecuencias indeseables para la paz de la República. La insurrección de grupos armados son hechos que debemos dejar enterrado en el pasado, no podemos como sociedad permitir que pequeños grupos radicales dicten los destinos de la nación, debemos siempre buscar la paz y acudir a los caminos institucionales tanto internos como internacionales para hacer valer la efectividad de los derechos que se estén reclamando.

De los hechos denominados “La Galipanada” podemos sacar otro paralelismo en el acontecer político actual, y es las consecuencias que trajo para los Doctores Félix María Alfonzo, Rafael Agostini y Jesús María Blanco, así como, el General Enrique Luzón son expulsados del país mediante un decreto de proscripción dictado por el General Julián Castro en fecha 18 de septiembre de 1858, este último había hecho lo propio meses antes con los Generales Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Leocadio Guzmán.

Ciertamente la Constitución de 1999 prohíbe en su artículo 50, que un nacional sea expulsado del territorio nacional, en la actualidad, los disidentes de las políticas públicas del gobierno nacional han tenido que salir del país buscando refugio o asilo en otras naciones, lo que a los efectos prácticos tiene la misma consecuencia que la expulsión, por cuanto ambas conductas conducen al alejamiento del territorio nacional, uno motivado a una sanción y la otra simplemente por fundado temor a sufrir una pena injusta, sin garantías constitucionales ni procesales dentro del territorio nacional.

En cuanto a lo expuesto por Peraza Celis, en relación con que la Constitución de 1858 no abordo los problemas sociales vividos en esa época por la población venezolana, los cuales ciertamente eran completamente distintos a los surgidos en los últimos años, sobre el particular podemos hacer una reflexión al respecto, enmarcándolo en las problemáticas de los últimos años surgida en Venezuela.

Los problemas sociales de estos tiempos actuales por los que atraviesan los venezolanos se pueden resumir en tres temas fundamentales a saber: la inseguridad, la escases de insumos médicos, y la escases de alimentos. Estos temas encuentran sustento en la vigente Constitución de 1999, en sus artículos 55, 83 y 305, respectivamente. Por lo cual cabe en este punto realizar las siguientes preguntas: ¿Es necesaria una modificación constitucional para garantizar estos derechos y solventar estas problemáticas? ¿El llamado realizado por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros a una Asamblea Nacional Constituyente solventara estos graves problemas sociales que aquejan a la población venezolana? Tratar de dar respuesta a estos planteamientos seria un ejercicio de adivinación del futuro en el cual no tenemos dones para ello, sin embargo, si consideramos que no es necesaria una modificación constitucional para dar respuesta efectiva a estas necesidades de los venezolanos por cuanto la Constitución de 1999 regula de manera clara y efectiva la forma y manera como el Estado venezolano puede solucionar los problemas sociales referidos.

En vista de lo anterior, lo que opera en el planteamiento expresado es dar cumplimiento efectivo a esas normas de carácter constitucional, así se puede lograr con voluntad política, y con la colaboración de todos los factores que hacen vida en el territorio nacional, e incluso con la ayuda de otras naciones y organismos internacionales que estén dispuesto a prestar su colaboración en la resolución de estos graves problemas sociales que aquejan la cotidianidad del venezolano.     

Ahora bien, en cuanto a las razones fundamentales que dieron origen al proceso constituyente de 1863 – 1864, fue la culminación de la Guerra Federal instaurada en el año de 1859 con la toma de las costas de Falcón declarando la Federación.

En palabras de Lugo Felice:

“El proceso constituyente instaurado en 1863 fue consecuencia directa de la guerra de la federación, conflicto este que a su vez fue la culminación de un ciclo de guerras, revueltas y conflictos civiles iniciados en la independencia misma y mantenidas después de la separación de la Gran Colombia. Esta situación de conflictividad e insurgencia guerreras, guerrilleras o, simplemente de bandolerismo, se manifestó en la clase dominante profundizando las diferencias existentes en su composición y en las posturas frente a las soluciones propuestas, a lo que ya se admitía como crisis social, aun cuando se discutiera su naturaleza y alcance”.

Ciertamente esas promesas realizadas en los mismos tiempos de la independencia correspondientes a un sistema federal y al traspaso de la propiedad de la tierra a aquellos que la trabajasen, no habían sido satisfechas por los gobiernos conservadores hasta el momento del estallido de la guerra federal, de allí que el General Zamora levantó consignas de “tierra y hombres libres” el cual trajo el apoyo popular del sector excluido desde la independencia.

Los gobiernos conservadores no aceptaban ideas propuestas traídas desde sectores de la oposición, al no ver la inviabilidad que constituía el sistema de hacienda imperante desde la independencia, y las profundas fracturas sociales que con los años había ocasionado este hecho.

Para Lugo Felice:

“El sector de la clase dominante detentador del poder no pudo solucionar las graves contradicciones e injusticias que el modelo socioeconómico había desarrollado, no pudo dar una respuesta válida para todas las facciones de su clase y menos aún para el conjunto de la sociedad, tampoco pudo apreciar la vastedad de la crisis. De otra parte, su posición fue la de cerrarse a los planteamientos de la oposición y no aceptar la realidad del colapso e inviabilidad del pacto social que había permitido el inicio de la construcción del Estado venezolano independiente, lo que le impedía buscar el acuerdo para un nuevo pacto social”.

Es importante recordar, que en el proceso constituyente llevado a cabo por la Convención de Valencia en 1858, había sido excluidos muchos miembros del partido liberal, siendo muchos de ellos sancionados con la pena de extrañamiento del territorio nacional, lo cual llevó a que la constitución dictada ese año tuviese poca efectividad y que no evitará el inicio de la Guerra Federal.

Desde el punto de vista de estricto derecho, la necesidad de instaurar una Asamblea Constituyente en los años 1863 – 1864, se debía a que el texto fundamental promulgado en el año 1858 había sido sustituido por el Decreto dictado por el General José Antonio Páez al instaurar su dictadura en el año 1861, estando el país en ese periodo de tiempo sin un texto fundamental.

Ahora bien, los hechos ocurridos entre 1858 a 1864, año en que finalmente la Asamblea Constituyente dictó la Constitución, se encontraron enmarcados en el conflicto bélico más cruento de nuestra historia republicana, los cuales no queremos volver a repetir en nuestro país, por esta razón los paralelismos que a continuación procedemos a esbozar son situaciones que deseamos no ocurran, por el contrario queremos el entendimiento entre todas las ideologías políticas y modelos económicos presentes en la actualidad en Venezuela.

Existen dos hechos relevantes que podemos traer a colación en la realidad actual venezolana y las ocurridas previamente al inicio de la guerra federal. El primero de ellos es la situación económica vivida en esa época y en la actualidad, en ambos casos, los modelos económicos se han hechos inoperantes y no ajustados a las necesidades de la población venezolana, tanto el sistema de hacienda instaurado desde 1830, como el sistema de controles (cambiario y de precios) llevaron a una profunda crisis en esa materia.

Aunado a lo anterior, el hecho que las clases gobernantes de ambos periodos históricos, no son proclives a escuchar críticas que provengan de sectores de oposición. En el caso de la época previa a la Guerra Federal, los conservadores excluían a los liberales, y sus ideas no eran escuchadas y mucho menos puestas en prácticas lo que llevó al estallido de una guerra de clases que trajo consigo un periodo de miseria y muerte no deseable en modo alguno en estos tiempos actuales.

Así mismo, en la coyuntura vivida en la actualidad el gobierno nacional no ha tomado en consideración las propuestas de cambio del modelo económico que en definitiva ha traído escases de productos alimenticios, medicinas, entre otros, que ha ocasionado una baja significativa en la calidad de vida del venezolano, por el contrario, se culpa a los miembros de la oposición de ocasionar una guerra económica que ha causado el colapso del sistema económico.

Ciertamente, se han dado acercamientos entre miembros del gobierno y la oposición, sin embargo, esos encuentros no han servido para solucionar los graves problemas económicos por los que atraviesa el país, a pesar de ellos creemos necesario que exista un dialogo permanente entre estos sectores políticos a los fines que se eviten conflictos de naturaleza bélica, por el contrario creemos en la paz y en la democracia como sistema de vida para los venezolanos.

Por ello creemos que declaraciones como las efectuadas por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros en donde dice “Constituyente o Guerra” no ayudan en nada a solventar el conflicto, por el contrario, anima a que el mismo se radicalice aún más.

En tal sentido, los actores políticos de ambas tendencias deben moderar el discurso y la retórica para que los sectores radicales presentes en el país no profundicen sus acciones, para que con ello se llegue a la ansiada paz y tranquilidad que la gran mayoría de la población anhela en estos tiempos de profunda crisis en todos los ámbitos.

El segundo hecho destacable y que constituye un paralelismo entre los momentos históricos relatados, lo compone la derogatoria de la Constitución de 1858 mediante un decreto dictado por el General Páez en el año 1861, y la derogatoria de la Constitución de 1999 realizada brevemente en el año 2002 por Pedro Carmona Estanga mediante su célebre y muy criticado desde el ámbito político y jurídico decreto comúnmente llamado “Decreto Carmona”.

Desde el punto de vista de derecho, las normas se derogan por otras normas de igual rango, es decir, una constitución solo puede ser derogada por otra constitución que se haya creado mediante los mecanismos que ella misma determina y mediante la aprobación mediante referendo popular.

En ningún caso, la norma suprema puede ser derogada por un decreto como ocurrió en esas dos oportunidades previamente relatadas, estos hechos constituyen una evidente ruptura del hilo constitucional.

En el caso de 1861, esa ruptura ceso con la instauración de la Asamblea Constituyente en el año 1863, en cambio, la ocurrida en 2002 ceso con el restablecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías, dos días después de la derogatoria de facto de la Constitución de 1999.

Desde ese entonces, la conciencia del venezolano en relación con la importancia de las normas constitucionales ha ido en claro aumento, hasta llegar a los tiempos actuales en los cuales es el documento que une a la inmensa mayoría de la población, es el instrumento legitimo por el cual se apegan las actuaciones en materia de derechos, en virtud de esto es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 ha traído consigo un profundo rechazo por un gran sector de la población.

Queremos culminar esta segunda parte del estudio realizando la siguiente reflexión. Los hechos históricos antes relatados nos deben servir de marco referencial de lo que puede ocurrir en el futuro en la República, ningún venezolano quiere volver a vivir una ruptura del hilo constitucional, ni mucho menos a vivir en periodos de conflictos armados ajenos a la idiosincrasia profundamente democrática del venezolano, por lo que es necesario que se instaure un dialogo sincero con interlocutores con capacidad de decisión y liderazgo reconocido por las partes en conflicto, con cumplimiento de metas y acuerdos claros que sean respetados por las partes involucradas, todo esto con el fin de que la historia del siglo XIX, lleno de revoluciones, golpes de estados y guerras no se repitan para la generación actual.

-          Reformas constitucionales del periodo guzmancista 1874 y 1881.

La reforma constitucional del año 1874, estuvo precedida por dos revoluciones. La primera por la Revolución Azul dirigida por el General José Tadeo Monagas de 1868 quien derrocó mediante un golpe de estado al gobierno del General Juan Crisóstomo Falcón. La segunda la Revolución de Abril intentada y consumada por el General Antonio Guzmán Blanco quien a su vez derrocó al General Monagas del mando de la Presidencia de la República.

Así mismo, esta reforma fue impulsada directamente por el deseo del General Guzmán Blanco de realizar modificaciones puntuales al texto constitucional promulgado en el año 1864.

Estas reformas tenían como finalidad el cambio del voto directo instaurado en el texto del año 1864 por un voto escrito; la reducción del periodo presidencial y de todos los cargos de elección popular de 4 años estipulados en la Constitución de 1864 a 2 años propuestos por Guzmán Blanco; la introducción de la responsabilidad de los empleados nacionales por ante la Alta Corte Federal; la supresión de los designados elegidos por el Congreso; y, por último, la prohibición de reelección del Presidente.

Todos estos puntos fueron finalmente establecidos en le reforma constitucional realizada en el año 1874, luego de la insistente actitud desplegada por el General Antonio Guzmán Blanco en sus discursos ante el Congreso de la República.

Sobre el particular, los paralelismos con la situación actual son evidentes, siendo el más obvio el hecho que la modificación constitucional estuvo marcada por la voluntad del dirigente de turno, en el caso del año 1874 por la conducta de Guzmán Blanco, y en la actualidad por la voluntad del Presidente Nicolás Maduro Moros.

Aunado a lo anterior, el motivo de la reforma del año 1874 fue fundamentalmente la prohibición de la reelección del Presidente, caso contrario ocurrido en el año 2007 con la reforma rechazada por referendo que buscaba eliminar la limitación constitucional de reelección por una sola vez, sin embargo, esta modificación constitucional se materializó con la enmienda planteada por el Presidente Hugo Chávez Frías en el año 2009, aprobada en ese caso mediante referendo aprobatorio.

En cuanto a la reforma constitucional del año 1881, está según Elide Rivas supone:

“… un cambio en las concepciones de Federalismo que se manejaban en el país, debido casi por completo al impulso del gobernante de turno, que a su vez fue la personalidad pública dominante en el último tercio del siglo XIX venezolano, el General Antonio Guzmán Blanco”.

Ciertamente, el General Guzmán Blanco fue el impulsor primordial de la reforma surgida en los años 1874 y 1881, por eso estas modificaciones, como dijimos anteriormente, están marcadas por la voluntad del dirigente de la época, y como ejemplo se presentan ante la historia estas reformas en el periodo guzmancista.

Aunado a lo anterior, esta modificación se realiza previamente a la insurgencia de una nueva revolución denominada Reivindicadora dirigida por Guzmán Blanco quien buscaba la reivindicación de la validez de la Constitución de 1874, la cual quería ser abolida por el General Francisco Linares Alcántara quien propuso la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1864.

El rechazo a la convocatoria constituyente no se hizo esperar, y ocasiono un levantamiento militar conducido por los Generales Joaquín Crespo y Gregorio Cedeño, así como, los Doctores Diego Bautista Urbaneja y Francisco González Guinan.   

Los reclamos esgrimidos estaban, en palabras de Elide Rivas, en el hecho de considerar que:

“… la invocación a la Constitución de 1864 no tenía mayor sentido por cuanto “Las Constituciones de 1864 y 1874 son casi idénticas”, y por lo tanto, propiciar esa revalidación era reflejo de una estrategia para perpetuarse en el poder, acusando al gobierno de Caracas de haber dado un golpe constitucional”.

A pesar de estas críticas y de la muerte del General Francisco Linares Alcántara, la Asamblea Nacional Constituyente se reunió el 11 de diciembre de 1878, aprobando al día siguiente un decreto que derogaba los decretos que habían concedido honores al General Guzmán Blanco.

Con el triunfo de la Revolución Reivindicadora fue convocado un Congreso de Plenipotenciarios de los Estados, asumiendo de hecho características de Asamblea Constituyente.

Las principales propuestas de reforma constitucional fueron la reducción de los 20 Estados a 9 grandes Estados de la Unión; la sustitución del voto público por el sufragio directo establecido en la Constitución de 1864; la creación de un Consejo Federal, entre otros aspectos.

En tal sentido, las reformas en la práctica fue realizada para favorecer el centralismo en las funciones públicas perjudicando a la federación naciente en la época.

En cuanto a los paralelismos encontrados son similares a los expuestos en el análisis de la reforma de 1874, a saber, la influencia del Presidente de la República en las reformas constitucionales y el surgimiento nuevamente de una revolución que da un cambio en el manejo del Poder Ejecutivo Nacional.

A modo de conclusión, debemos dejar para siempre de lado los proyectos personalistas que tienen como objetivo modificar la constitución para adaptarla a los caprichos personales de la élite que gobierne el país.

-          Los procesos constituyentes de 1891 y 1893.

El proceso constituyente iniciado en el año 1891 por el Presidente de la República Doctor Raimundo Andueza Palacios buscaba reformar la Constitución de 1881, denominada comúnmente como la “Constitución Suiza”.

A pesar del apoyo recibido a su propuesta reformista, esta tenía como finalidad primordial el hecho de perpetuarse en el ejercicio del poder.

En palabras de Zerpa Aponte:

“… aquella era la real intención del Presidente, más allá de los buenos propósitos de los jóvenes abogados proponentes de las modificaciones constitucionales: que el Congreso de 1891, luego de la reforma constitucional antes citada, aprobare un nuevo proyecto de reforma para ampliar el periodo a 4 años, y que el Presidente fuera electo “… por votación popular, directa y secreta y supuestamente debía asumir en 1894”. Este proyecto fue sometido a las Legislaturas estadales y aprobado por ellas, y debía sancionarse por el Congreso en 1892. Pero al remitirse a éste, Andueza pretendía que el órgano legislativo nacional sancionara y pusiera en vigencia las reformas en sus sesiones del primer trimestre de 1892, con miras a su inmediata reelección (como se dijo, Andueza para entonces, estaba culminando su periodo bianual de 1890 a 1892). El Congreso no pudo reunirse para sancionar el Proyecto y nombrar el Consejo Federal que elegiría el nuevo Presidente para el periodo 1892 – 1894. “… En esta forma, a partir del 20 de febrero de 1892, el poder quedó, de hecho, en manos de Andueza”.

La reforma constitucional propuesta por el Doctor Raimundo Andueza Palacios, era una modificación en dos etapas, la primera materializada en 1891 con la eliminación de la iniciativa exclusiva que tenían las legislaturas estadales para la reforma constitucional; y la segunda parte, pretendía ampliar el periodo presidencial y que el Presidente fuese electo por votación popular, directa y secreta, asumiendo el mando en el año de 1894.

Sin embargo, al no poderse reunir el Congreso en el primer trimestre de 1892, y al no poder designar a los miembros del Congreso Federal, el poder recayó de hecho, a partir del 20 de febrero de ese año, en manos del Doctor Andueza Palacios.

Posteriormente, el 21 de marzo de 1892 se levanta en armas el General Joaquín Crespo, dando así inicio de la denominada Revolución Legalista, la cual buscaba restaurar el orden constitucional quebrantado por Raimundo Andueza Palacios, entrando a Caracas triunfante en octubre de ese año, después de haber tenido 189 combates.

Al General Joaquín Crespo le cuesta ganar, y según palabras de Rondón citado por Zerpa Aponte se operó: “el equilibrio de dos debilidades: un gobierno que no puede acabar con una revolución y una revolución incapaz de derribar al gobierno”.

Una vez que la Revolución Legalista tomó el mando del gobierno nacional, comienza a escucharse ideas de reformas a la Constitución de 1891, es así que el 4 de mayo de 1893 inicia las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Los principales temas debatidos por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1893 fueron: la elección del presidente y sus potestades; los derechos de los extranjeros; los contratos de interés nacional; el Poder Legislativo y la formación de las leyes; la Federación; el Poder Judicial; la amnistía del Doctor Andueza Palacios, entre otros temas de interés nacional.

La Constitución de 1893 fue finalmente promulgada el 21 de junio de ese año mediante el cúmplase firmado por el General Joaquín Crespo en su condición de Presidente Provisional.

Ahora bien, de la revisión constitucional se puede desprender los siguientes aspectos señalados por Zerpa Aponte:

“La Constitución de 1893 no fue, obviamente, refrendada popularmente. Pero en la ausencia de oposición nacional a Pacto se puede deducir su equiscencia general al texto…”.

En este punto, es importante destacar las coincidencias existentes entre estos procesos constituyentes y el acontecido en el presente año de 2017. El primero es nuevamente el hecho claro que los procesos de modificaciones constitucionales surge a raíz de los caprichos del gobernante de turno, como ocurrió en 1891 con la decisión del Doctor Andueza Palacios, en el año 1893 con el decreto del General Joaquín Crespo, así como en el año 2017 con el Decreto del 01 de mayo dictado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.

Así mismo, esto es motivado a pretensiones continuistas del gobernante, aunque en la historia de los años 1891 y 1893, las motivaciones estaban claramente establecidas, en el proceso que se lleva a cabo en 2017, aun no se ha develado esta intención, sin embargo, la pérdida de apoyo popular reflejado en las encuestas y en la negativa de permitir elecciones populares desde el año 2015 cuando los partidos de oposición ganaran la elección de la Asamblea Nacional, hace presumir que la principal intención para el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente sea la permanencia en el poder.

Otro de los paralelismos en las consignas expresadas por grupos opositores al gobierno de restituir el hilo constitucional quebrantado. En el proceso previo a la constituyente de 1893 surgió la llamada Revolución Legalista, la cual esgrimía la búsqueda de la legalidad perdida en el gobierno de Andueza Palacios, siendo que estas consignas son cantadas en la actualidad por la oposición venezolana después de las sentencias Nros 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales estipulan que las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional pasan a manos de la mencionada Sala, este hecho ha generado hasta los momentos una serie de manifestaciones públicas en mucha de las cuales han terminado en hechos violentos dejando víctimas humanas que lamentar.

Así mismo, la situación expresada por Rondón referente a la incapacidad del gobierno de acabar con una revolución y de la revolución derrocar al gobierno, se ajusta perfectamente a la actualidad vivida en Venezuela, las dos fuerzas en conflicto no han podido dar fin a la fuerza contraria, siendo esto, en consideración particular inviable e improcedente por cuanto todas las voces y todas las tendencias son necesarias en un sistema democrático, no se puede buscar la eliminación del otro por cualquier vía, por el contrario debe prevalecer la tolerancia y el dialogo constructivo entre todas las posiciones que confluyan en el país.

-          Conclusiones.

Es preciso concluir el presente estudio con afirmaciones doctrinales que nos dan idea de cómo puede ser el proceso constituyente iniciado en 2017. La primera correspondiente a Elena Plaza quien estipula:

“El poder constituyente ha sido comparado metafóricamente con un volcán; cuando el volcán hace erupción manifiesta un poder omnipotente, destructor, absoluto, enorme: así, en el poder constituyente, absoluto; él es el poder de la Nación. Cuando el volcán está inactivo, operan los poderes constituidos, ordenados, limitados en sus objetivos y funciones, aunque el volcán siga allí con toda fuerza potencial, porque es el poder de la Nación. Pero si los volcanes hicieran erupción a cada momento, la tierra que está a sus alrededores sería inhabitable, no habría en ella orden ni concierto, no tendría sentido alguno vivir en ella…”.

La segunda cita corresponde a Brewer Carias quien refiere que:

“… el poder constituyente tanto originario como instituido no pueden quedar subrogados a los poderes constituidos; y que si bien el poder constituyente originario corresponde al pueblo, éste es el que, como tal, tiene facultades absolutas e ilimitadas; no así sus representantes electos en una Asamblea Constituyente, las cuales no pueden ser confundidas con el propio pueblo soberano, ni la Asamblea Constituyente puede ser confundida en forma alguna con el poder constituyente originario, ni nunca podría ser “soberana”.   

 

En tal sentido, ese volcán que está a punto de estallar llamado poder constituyente, no debe ser confundido con el soberano, es decir, con el pueblo, quien es el que verdaderamente tiene facultades absolutas e ilimitadas en ejercicio de su soberanía.

Por esa razón, la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 debe respetar los principios de la historia republicana como lo son la paz, la independencia, la federación, la descentralización la libertad en todas sus expresiones, la justicia y la igualdad, así como, el respeto de los derechos humanos, y a los tratados suscritos en esta materia por la República.

La Asamblea Nacional Constituyente debe buscar la modificación de los aspectos constitucionales que necesariamente deben ser modificadas, y ser un órgano garante de la paz, que respete la voluntad soberana expresada en procesos electorales previos a su instalación, y que de modo alguno, busque sancionar conductas disidentes de personas o funcionarios que se hayan pronunciado mediante acciones concretas en contra de su instalación. No debe ser nunca la Asamblea Nacional Constituyente un instrumento político que perpetúe posiciones personalistas, ni que promueva aún más rupturas en la sociedad, buscando revanchas y sanciones en contra de la voz disidente, por eso debemos rechazar opiniones personales emitidas por funcionarios como el Diputado Diosdado Cabello quien ha expresado que a la Fiscal General de la Republica le quedan 53 días en el ejercicio del cargo.

De seguir la Asamblea Nacional Constituyente los parámetros positivos mencionados en el párrafo anterior, estaría su actuación enmarcada dentro del contexto de los principios fundamentales, de no ser así, estará dispuesta a una parcialidad política, y su fin último no podrá ser llevado a cabo en feliz término por cuanto tendría un rechazo popular inmenso que podría traer nefastas consecuencias en los destinos de la nación.

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