DE
VUELTA A LA HISTORIA CONSTITUYENTE VENEZOLANA. CONSTITUCIONES DEL SIGLO XIX.
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
08/06/2017
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Introducción.
La historia
constituyente venezolana del siglo XIX ha sido prolífica en textos
constitucionales, la mayoría de estas productos de revoluciones o guerras que
tenían por objeto fundamental la permanencia en el tiempo del caudillo de turno
al mando del poder constituido.
En este contexto, en el
siglo XIX fueron promulgadas un total de 11 constituciones creadas mediante procedimientos
de reformas constitucionales o a través de Asambleas, Congresos o Convenciones
Constituyentes convocadas por los gobernantes de las distintas épocas en las
cuales fueron creadas.
Ahora bien, el presente
estudio busca realizar un análisis comparativo entre las motivaciones que
dieron origen a la conformación de los textos constitucionales del siglo XIX
con la realidad imperante en el año 2017 en relación a la iniciativa presentada
por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros
de constituir una Asamblea Nacional Constituyente.
Así mismo, se busca
estudiar las posibles consecuencias de orden jurídico, político, social y
económico que pudiesen derivar del trabajo de la Asamblea Nacional
Constituyente del 2017, vistas a través de los hechos históricos que dieron
origen a las diversas constituciones del siglo XIX.
Para lograr estos fines
se pondrá énfasis en los procesos constituyentes de los años 1857, 1858, 1864,
1891 y 1893 por ser producto de la concreción de diversas revoluciones, o la
culminación de guerras que tuvieron funestas consecuencias dentro del
territorio de la República.
Sin embargo, el estudio
de los procesos constituyentes correspondientes a los años 1811, 1819, 1821,
1830, 1874 y 1881 serán tomados en consideración, a modo referencial, por no
ser productos directos de rupturas del hilo constitucional o de revoluciones
armadas que tenían el objetivo fundamental de tomar el poder mediante el uso de
la fuerza.
La primera parte del
estudio estará enmarcada en estudiar las motivaciones que dieron origen a las
Constituciones de los años 1811, 1819, 1821 y 1830.
La segunda parte se
encuentra enfocada a desarrollar los periodos constitucionales desde los años
1857 a 1864, fecha esta en la cual culminó la denominada Guerra Federal.
La tercera parte del
estudio busca desarrollar los motivos de los procesos de reformas
constitucionales del periodo regido por el General Antonio Guzmán Blanco,
correspondiente a los años 1874 y 1881.
La cuarta y última
parte busca desarrollar los procesos constituyentes que se originaron a finales
del siglo XIX correspondiente a los periodos presidenciales del Doctor Raimundo
Andueza Palacios y del General Joaquín Crespo.
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Procesos
constituyentes de los años que van desde la Independencia a la Gran Colombia
(1811 a 1830).
La Constitución
primigenia del naciente estado venezolano dada en el año de 1811 tuvo sus
motivaciones fundamentales en establecer la independencia de las Provincias que
constituían la Capitanía General de Venezuela de la monarquía española dirigida
por el Rey Fernando VII.
Este proceso
constituyente ha sido definido por la doctrina nacional como un verdadero Poder
Constituyente Originario, dirigido por la voluntad del pueblo venezolano de ser
plenamente independientes de un sistema monárquico que por varios siglos había
regido los destinos en nuestro territorio.
En tal sentido, para
Brewer Carias:
“… en sentido
estricto, podría decirse que sólo hemos tenido dos Asambleas efectivamente
Constituyentes: el Congreso General de 1811 reunido en Caracas con el objeto de
constituir el Estado venezolano independiente de la Corona Española con la
sanción de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela 21-12-1811; y
el Congreso Constituyente convocado en Valencia en 1830, por el General José
Antonio Páez, para constituir el Estado venezolano separado de la Gran Colombia
y la sanción de la Constitución del Estado venezolano (22-09-1830)”.
Siendo de este modo,
tanto los textos constitucionales de los años 1811 y1830 son expresión genuina
de la expresión popular o de la soberanía del pueblo, las cuales constituyen
verdaderos ejemplos de esa expresión representada en Congresos Constituyentes designados
por la población venezolana de la época.
Ahora bien, los
antecedentes históricos que dieron pie a la conformación del Congreso General
de 1811, tuvieron su origen en las conspiraciones realizadas por los patriotas
que buscaban la plena independencia de la corona.
En el ámbito interno,
tales hechos los constituyen la Conspiración de Gual y España de 1797; la
invasión del General Francisco de Miranda en 1806; y, los hechos del 19 de
Abril de 1810.
En lo que atañe al
contexto internacional las ideas de la ilustración propugnadas por Rousseau,
Montesquieu entre otros grandes pensadores; la independencia de los Estados
Unidos en el año 1798; y, la invasión de Napoleón a España fueron los hechos
históricos que dieron origen a la idea que Venezuela debía ser una nación
libre, independiente y soberana del imperio español.
El trabajo final del
Congreso General de 1811 fue la concreción de la Constitución Federal para los
Estados de Venezuela el 21 de Diciembre de ese año, sentando bases
constitucionales solidas que servirían de referencia a los posteriores procesos
constituyentes realizados en Venezuela, tales bases las constituyen la
separación de poderes, la confederación, la independencia, y, los derechos del
hombre, aspectos que dieron origen a lo que en la historiografía venezolana se
conoce como la Primera República.
Los puntos que
finalmente fueron estipulados en la Constitución de 1811 (separación de
poderes, independencia, derechos del hombre), se mantienen en vigencia en el
texto constitucional de 1999, con sus respectivos avances motivados por el
transcurso del tiempo y los cambios naturales que tiene toda sociedad.
En relación con los
procesos constituyentes de los años 1819 y 1821, para Carolina Guerrero,
tuvieron la particularidad de:
“… estar
dirigidos a algo más que la elaboración de los respectivos textos
constitucionales formalmente concebidos como las bases jurídicas-políticas
sobre las cuales debía organizarse el Estado. Su objeto se centraba en las
posibilidades de prescribir una forma republicana de vida política, es decir,
en fundamentar la existencia política de la República, que hasta entonces
parecía gravitar como un proyecto ilustrado concebido por la voluntad
particular de unos pocos”.
Así mismo, la referida
autora agrega que:
“… los procesos
de 1819 y 1821 incorporaron una dificultad adicional: además de intentar
establecer constitucionalmente el inicio (y permanencia) de la república como
materialización del mandato de una voluntad general (real o aparente) dispuesta
de ser libre de acuerdo con determinadas prácticas políticas inherentes a los
principios de esa misma república, debía incorporar la creación de la unión
colombiana a los deseos emanables de esa voluntad general, esta última menos
susceptible de aprehender, en tanto más difusa”.
Según la autora
previamente citada, los procesos constituyentes de los años 1819 y 1821
buscaban establecer una vida republicana, a pesar de las grandes dificultades
que esto generaba, por estar enmarcadas dentro del contexto de la guerra de
independencia liderada por el Libertador Simón Bolívar.
En cuanto al proceso
constituyente del año 1830, este tuvo su origen en los hechos conocidos
comúnmente como “La Cosiata”, el cual constituía un movimiento separatista
dentro del territorio venezolano, que buscaba la segregación del Venezuela de
la Gran Colombia.
El objeto fundamental
del Congreso Constituyente de 1830 era según Sánchez Falcón:
“separar a
Venezuela de la Gran Colombia, y constituir un nuevo estado dentro del
territorio de la “Antigua Venezuela”, siendo sus bases el establecer “un
gobierno republicano, popular, alternativo, electivo y responsable” según lo
disponían los actos y proclamas de la época”.
Este proceso fue
convocado por el General José Antonio Páez en su condición de Jefe Civil y
Militar de Venezuela, mediante el Decreto de fecha 13 de enero de 1830. Dicha
norma establecía que el Congreso Constituyente debía instalarse en la ciudad de
Valencia el 30 de Abril de ese año.
Luego de cinco meses de
trabajo, tiempo este que duró el Congreso instalado en Valencia, se sancionó la
Constitución del Estado Venezolano el 22 de Septiembre de 1830, constante de
228 artículos, divididos en 28 títulos, siendo las regulaciones más relevantes
la declaratoria de que el gobierno “es y será republicano, popular,
representativo, responsable y alternativo” según lo preceptuaba el artículo 6
de esa Constitución.
Uno de los aspectos
negativos, que más fue criticado al trabajo del Congreso Constituyente de 1830
fue la no abolición de la esclavitud, la no supresión de la pena de muerte, y,
la no derogatoria de la prisión por deudas.
La Constitución de
1830, según Sánchez Falcón:
“… cumplió con
el rol que sus realizadores habían pensado para ella. Su larga duración hasta
1857, la relativa estabilidad política que se vivió bajo su vigencia, por lo
menos hasta 1848, permiten afirmar que ella cumplió la principal función de una
Constitución, es decir, sirvió para el encuadramiento jurídico del juego
político que se había establecido y que tenía como elementos fundamentales al
caudillo cohesionador y el poder civil que debía controlar a aquel”.
En base a las
conclusiones dadas por el autor anteriormente citado, la Constitución de 1830
cumplió con la finalidad para la cual fue proyectada, teniendo un periodo de
vigencia consistente en 27 años, configurándose como la segunda constitución de
mayor vigencia después de la promulgada en 1961.
Los procesos
constituyentes de los años 1811 a 1821 estuvieron marcados por la guerra de
independencia y buscaban fundamentalmente constituir a Venezuela en una
república independiente de la corona española, capaz de decidir su propio
destino político, social, organizativo, jurídico e incluso económico.
En cambio el proceso
que dio origen a la Constitución de 1830 buscaba la separación de Venezuela de
la Gran Colombia, aspecto que logró con éxito dada su larga vigencia y la
relativa paz que trajo a la nación hasta su derogatoria en el año de 1857
realizada en el periodo presidencial del General José Tadeo Monagas.
Dado lo anterior, y a
modo de conclusión, esta primera etapa de la historia constituyente encontró su
motivación fundamental en el anhelo de los padres de la patria en ser libres y
soberanos, así como, el derrumbamiento del sueño de integración del Libertador
Simón Bolívar, siendo que estos textos dieron un fuerte piso jurídico a
instituciones que hasta la fecha permanecen incólumes dentro del ordenamiento
jurídico nacional.
Desde este espacio
creemos necesario que la futura Asamblea Nacional Constituyente del 2017,
respeta los valores de libertad, en todos los ámbitos, tanto personal como de
empresa; que la independencia e integración sigan siendo pilares que
permanezcan en nuestra historia republicana.
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Procesos
constituyentes de 1857, 1858 y 1864.
El proceso que llevó a
la concreción de la Constitución de 1857 se enmarca dentro de la segunda
presidencia del General José Tadeo Monagas, teniendo como motivación principal
el deseo personalista de dicho general en mantenerse en el ejercicio de la
Presidencia de la República.
A pesar de ello, el
General Monagas en el mensaje dirigido a las Cámaras del Congreso en el año
1857 devela dos razones que justifican la realización de la reforma
constitucional.
Según Francisco
Delgado: “la primera, era la necesidad de reorganizar el sistema de las
relaciones del poder central y las provincias”, y la segunda “el tema de la
reconstrucción de la Gran Colombia”.
Los objetivos expuestos
por el General Monagas fueron las bases argumentativas de la clase dirigente
que justifican la reforma constitucional que según palabras de Delgado era:
“… un ejemplo
claro en la historia venezolana de discordancia entre los objetivos enunciados
de un proceso constituyente, y sus objetivos reales, es el caso que analizamos…
la distancia entre los objetivos enunciados y las verdaderas era un hecho
evidente para todo el país”.
Esta discordancia fue
puesta de manifiesto en una comunicación enviada por el General José Gregorio
Monagas, hermano menor del Presidente José Tadeo, enviada en fecha 27 de mayo
de 1856 en la cual le hacia la siguiente observación:
“Cuidado con ese
vestido corto que usted supone a la Constitución, para los venezolanos, mañana
pueda pecar de largo; y que sí Páez contribuyó a formarla a su antojo usted
trata de hacer la que le brinda más ventajas” (Gil Fortoul citado por Francisco
Delgado).
Las intenciones
verdaderas de Monagas eran vistas en todo el país, dado que en 1858 se vencía
su segundo periodo a la Presidencia y la Constitución del año 1830 prohibía la
reelección.
Es importante destacar
un hecho acontecido durante el primer periodo presidencial del General José
Tadeo Monagas ocurrido en el año 1848, y es el conocido como “El Fusilamiento
del Congreso” donde seguidores de Monagas irrumpieron de forma armada en el
Congreso dando muerte a varios parlamentarios, este acontecimiento dio pie a
una serie de irrupciones militares que tuvieron como consecuencia la ruptura
del hilo constitucional, constituyendo una muestra del carácter despótico que
comenzaba a configurar el General Monagas.
Ahora bien, realizando
un estudio comparado entre los objetivos perseguidos por el General Monagas con
la reforma constitucional de 1857, y la finalidad que persigue el proceso
constituyente iniciado en 2017, podemos referirnos al hecho de que el periodo
presidencial en ambos casos está enmarcado en su último año de ejercicio. En el
contexto histórico de la segunda presidencia de Monagas este periodo culminaba
en 1858, y en el caso actual, el periodo culmina en el año 2018.
Sin embargo, el
objetivo de la modificación constitucional actual no se encuentra develado
públicamente, pero si es bien sabido por todos los habitantes del país, y con
el avance de las tecnologías en materia de información es sabido en todos los
lugares del globo terráqueo.
Otro de los puntos
coincidentes son las voces discordantes dentro de ambos procesos, en el caso
del General José Tadeo Monagas esa voz disidente provino de su propio hermano
el también General José Gregorio Monagas quien advertía de los efectos adversos
que podría tener la reforma constitucional promovida por su hermano, y en el
caso actual, las voces disidentes provienen de diversos personeros que formaban
parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, podemos mencionar por
ejemplo a Héctor Navarro ex Ministro de Educación, Ana Elisa Osorio ex Ministra
del Ambiente, Maripili Hernández ex Ministra de la Juventud, Gabriela Ramírez
ex Defensora del Pueblo quien al asumir esa postura disidente y critica tomo la
decisión de renunciar a su cargo como Consultora Jurídica del Tribunal Supremo
de Justicia, y la que ha resonado con mayor fuerza por el cargo que ocupa en la
actualidad, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien incluso
ha interpuesto una aclaratoria de la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la cual decidió que no es necesario la
convocatoria del pueblo mediante referendo consultivo para iniciar el proceso
que lleve a la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente.
Así mismo, encontramos
coincidencias en el hecho ocurrido en 1848 referente al “Fusilamiento al
Congreso”, en virtud que en 2017 la sede del parlamento fue tomado abruptamente
por simpatizantes del gobierno nacional comandados por el Alcalde del Municipio
Libertador Jorge Rodríguez, teniendo como diferencia que en el hecho acaecido en
2017 afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamentar como sí ocurrió en
1848.
Estos puntos
coincidentes lo que hace es reafirmar el dicho que reza “la historia siempre se
repite”, sin embargo, esperamos que las consecuencias que puedan traer el llamado
a la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, no sean las mismas que se
suscitaron con la reforma constitucional de 1857.
Volviendo al proceso de
reforma constitucional de 1857, la norma de mayor significación fue el artículo
1 de las disposiciones transitorias relativo a la designación del Presidente y
Vicepresidente, siendo elegidos José Tadeo Monagas como Presidente y Francisco
Oriach, hijo político de Monagas, como Vicepresidente.
Para Francisco Delgado
tal artículo:
“… en el
contexto del proceso general de la reforma, no es posible dejar de ver en él un
verdadero símbolo de lo que ha sido hasta ahora nuestra historia constituyente…
es una norma que refleja la irracionalidad histórica que con frecuencia afecta
a quienes tienen la responsabilidad de elaborar un nuevo texto constitucional”.
Efectivamente, esa
clase de artículos dispuestos en procesos con motivaciones que no poseen
coincidencias entre la realidad y la argumentación retórica, lleva a las clases
políticas dominantes a arriesgar la erradicación de un proyecto nacional en
favor de un proyecto de carácter personal como lo fue el caso del Presidente
José Tadeo Monagas.
La Constitución de
Monagas tuvo una vigencia efectiva de un 1 y 8 meses contados desde su fecha de
publicación el 19 de Abril de 1857, hasta su derogatoria el 31 de Diciembre de
1858, por la Constitución realizada por la Convención de Valencia de ese
año.
En cuanto al proceso
constituyente del año 1858, según palabras de Peraza Celis este:
“… aparece
colgado entre dos revoluciones, una la del 5 de marzo de ese año y la otra la
Guerra Federal. Que la Guerra Federal haya estallado justo al terminar el
proceso constituyente de 1858, resulta significativo, en el entendido que un
proceso constituyente debería recoger los anhelos y aspiraciones políticas de
una población en un momento determinado, servir de canal para lograr el
consenso político y evitar el enfrentamiento”.
Sobre el particular, la
Constitución de 1858 no alcanzó los objetivos para los cuales estaba propuesta,
sin embargo, sirve de marco referencial para los posteriores textos
constitucionales creados en la República, por ser esta según Peraza Celis una
constitución “ejemplar, democrática y clara”.
Es importante analizar
el contexto histórico que llevó a la convocatoria de la Convención de Valencia,
siendo el hecho acontecido desde el 5 de marzo hasta el 18 de marzo de 1858
denominado Revolución de Marzo, liderada por el General Julián Castro contra
las pretensiones continuistas del General José Tadeo Monagas, esto llevó a los
partidos liberales y conservadores a unirse en el primer alzamiento militar
ocurrido en Venezuela en contra de una autoridad constituida.
Las consignas
esgrimidas por los revolucionarios armados eran la “unión y el olvido del pasado”,
esto permitió la unión de ambos partidos en una causa común, dirigida por un
General que en opinión de Gil Fortoul citado por Peraza Celis:
“… la
circunstancia de haberse escogido para jefe de ella a un hombre que, si militar
de algún prestigio, no figuraba como caudillo nacional a la manera de Páez y
Monagas, ni gozaba tampoco de la forma guerrera de un Silva o de un Febres
Cordero. Julián Castro era imperator de segundo orden, y político de corto
vuelo. Pero si esta circunstancia fue al principio condición favorable de la
alianza, convirtióse luego en factor disolvente”.
Después de haber
accedido al poder por medio de las armas, el General Julián Castro nombra un
gabinete compuesto de liberales y conservadores, estando todos de acuerdo en
convocar al país a una consulta para restablecer el marco institucional.
Uno de los hechos que
dio pie a la fractura del recién instalado gobierno de facto, fue la
elaboración y cumplimiento del denominado Protocolo de Urrutia, este se dio en
medio del asedio que sufrió el consulado francés por una turba que exigía el
sometimiento a juicio del General Monagas.
El General Castro
designo a su Ministro de Relaciones Exteriores de tendencia liberal Wenceslao
Urrutia, para buscarle solución al posible conflicto que podía presentarse en
virtud de esa situación. El Protocolo Urrutia consistía en que el gobierno
otorgaría un pasaporte y salvoconducto al General Monagas para que se
trasladara al exterior sin ser vejado ni sometido a juicio por parte del
gobierno del General Julián Castro.
El Protocolo Urrutia
tuvo varios problemas, a saber según lo dicho por Peraza Celis:
“El primer
problema que surgió con la negociación fue que Urrutia había declarado estar “…
plenamente autorizado por el Gabinete”, lo cual no era verdad. En efecto, los
otros miembros del gabinete tuvieron conocimiento del texto del Protocolo sino
hasta el 6 de abril, desatándose una violenta crisis… El otro problema era la
intervención del Cuerpo Diplomático en un asunto de pura política interior. Sin
embargo, no se podía desconocer la validez del documento”.
Estos problemas
relatados fueron abordados por el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores
designado por el General Castro, Fermín Toro, quien trató de reconciliar el
error cometido por Urrutia dirigiendo una nota al Cuerpo Diplomático. Los
encargados de negocios de Inglaterra y Francia exigieron el cumplimiento de
manera inmediata del Protocolo, declarando suspendidas sus relaciones oficiales
con el gobierno venezolano y solicitando la intervención de sus respectivas
armadas.
El asunto surgido a
raíz del Protocolo Urrutia fue resuelto por la Convención de Valencia al
decidir autorizar al General Castro a permitir el embarque al extranjero del
General Monagas, y, al mismo tiempo, las escuadras anglo-francesas levantarían
el bloqueo abandonando los puertos del país. Finalmente Monagas fue embarcado
rumbo a Martinica el 31 de agosto de 1858.
Otro hecho de
relevancia lo constituyo lo que se conoce comúnmente como “La Galipanada”,
siendo este un levantamiento de los liberales ocurrido durante el bloqueo
anglo-francés.
El General Carlos
Soublette estaba plenamente informado de estos hechos, captura a los liberales
en la zona de Galipán en el cerro El Ávila, sometiéndolos a la justicia, y
posteriormente siendo expulsados del país.
Estos hechos fueron los
que marcaron la poca vigencia y efectividad que tuvo la Constitución de 1858, a
pesar de que en el ámbito doctrinario era un texto fundamental que traía
consigo avances en materia de derechos humanos y derechos políticos, así como
mejoras en el sistema del Poder Municipal ampliando las competencias de este.
Según Peraza Celis:
“La Constitución
intentaba proteger a los ciudadanos contra el autoritarismo. De hecho el
Ejecutivo se veía muy disminuido frente a las competencias del Poder
Legislativo, pero todo control se hizo vano durante la guerra civil durante las
administraciones de Castro, Tovar y Gual, para luego morir a manos de la
dictadura de José Antonio Páez…
La Constitución,
por más libertades políticas, no aborda los problemas sociales, de allí su
debacle…
Exclusión
política del sector liberal, aunado a la exclusión social de la peonada,
terminó en una bomba que reventó contra las buenas intenciones de la Convención
y contra la misma constitución”.
Según lo expresado por
el autor citado, las razones por el cual la Constitución de 1858 no tuvo una
vigencia mayor, y no ayudaron a evitar la guerra federal fueron la de los
liberales dentro de su proceso de formación; la exclusión de los sectores sociales
quienes pedían se les reivindicaran en el uso y posesión de tierras que estaban
en mano de los caudillos del país, estos sectores se encontraban aupados por
las ideas expresadas por el General Ezequiel Zamora; así como, el rompimiento
de las promesas de la Revolución de Marzo sobre el “olvido del pasado”, lo cual
se materializó con la expulsión del país de miembros del partido liberal
después de los hechos de La Galipanada.
Ciertamente, las
sociedades y los pueblos mediante va transcurriendo el tiempo van cambiando y
evolucionando hasta convertirse en sociedades profundamente amantes de la paz,
de la democracia, de las libertades individuales y de los derechos humanos.
Sin embargo, debemos
analizar comparativamente estos hechos relatados con la realidad actual del año
2017, iniciando con la denominada Revolución de Marzo, este acontecimiento
histórico significó el primer golpe de estado dado por una autoridad
constituida, siendo esto un hecho recurrente en la historia patria, esta
revolución buscó derrocar las pretensiones continuistas del General José Tadeo
Monagas, logrando a los pocos días de iniciada su objetivo primordial,
enarbolando consignas de “unión y olvido del pasado”, pero ciertamente, nadie
en su sano juicio quiere que estos hechos ocurran de nuevo, que por vía de la
materialización de un golpe de estado se instaure un nuevo gobierno, por esta
razón, la sociedad y el derecho ha evolucionado, estipulando mecanismos claros
como el referendo revocatorio, enmienda y reforma constitucional a los fines de
lograr que no se quiebre el hilo constitucional.
En el presente no
queremos otra Revolución de Marzo, ni ninguna otra revolución que pretenda
tomar el gobierno por vía de la fuerza, llámese como se llame dicha revolución.
Debemos recordar las palabras del Diputado Henry Ramos Allup en los diálogos
celebrados con el gobierno en el año 2014 “no hay golpes buenos, no hay golpes
malos, todos los golpes son malos”, lo dicho por el Diputado lo compartimos
plenamente, ningún golpe de estado es bueno, todos son malos provengan de donde
provengan.
En relación con el
Protocolo de Urrutia podemos ver aspectos coincidentes con la realidad actual,
el punto más evidente es el enardecimiento de la población venezolana con las
autoridades o con familiares de estas que se encuentran en el exterior, este
hecho ha sido denominado como escratche.
Esta modalidad desde
esta columna de opinión la rechazamos completamente, sin embargo, comprendemos
las razones por las cuales ocurren estos hechos, se originan como una forma de
drenar una inconformidad acumulada con relación a políticas públicas que no han
contribuido a solventar la situación social y económica que aqueja el país.
Dentro de este
contexto, el Protocolo de Urrutia trajo consigo otra complicación aun mayor y
fue la llegada de buques de la armada inglesa y francesa al Puerto de La
Guaira, los cuales exigían el cumplimiento de lo pactado en el mencionado
acuerdo. Podemos encontrar un paralelismo en dos sentidos: el primero en el
hecho que el gobierno nacional desde hace varios años, ha denunciado una
posible intervención de gobiernos extranjeros, sin embargo, el avance social,
político y jurídico que tenemos en relación con el siglo XIX deja descartada la
posibilidad de una intervención armada, ni siquiera con la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana la cual en ninguna de sus artículos contempla
esta posibilidad, por eso a pesar de la retórica la realidad es muy distinta y
volver a un hecho como el ocurrido en el año 1858, en la actualidad seria afortunadamente
improbable.
El segundo aspecto con
el cual podemos hacer un paralelismo es el vinculado con la exigencia del
Cuerpo Diplomático de Inglaterra y Francia sobre el cumplimiento del Protocolo
de Urrutia, entendido este como un acuerdo de carácter internacional, que
buscaba la solución, a la salida pacífica hacia el extranjero del General
Monagas. En la actualidad los países del continente han exigido al gobierno
nacional el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos
humanos, en mayor medida este llamado ha sido realizado por miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente Argentina, Brasil,
Colombia, Paraguay, Chile y los Estados Unidos de América, sin embargo, la
respuesta del gobierno venezolano ha esta petición ha sido la denuncia de la
Carta de la Organización de Estados Americanos para salir del organismo
internacional, esta es una evidente diferencia en la actuación realizada por el
Canciller Fermín Toro para el año 1858, debido a que este sabía que no podía
desconocer el acuerdo válidamente suscrito por Venezuela y el Cuerpo
Diplomático Francés, de haber tomado la decisión de desconocer el protocolo las
consecuencias de seguro hubiesen sido la declaratoria de guerra por parte de
Inglaterra y Francia.
Otro aspecto a destacar
fue el movimiento liberal denominado “La Galipanada”, constituyendo esta una
insurrección armada surgida en el año 1858. Traemos a colación este evento dado
el creciente aumento de grupos armados de choque que han surgido en defensa de
una u otra posición política en el país, pudiendo causar esto consecuencias
indeseables para la paz de la República. La insurrección de grupos armados son
hechos que debemos dejar enterrado en el pasado, no podemos como sociedad
permitir que pequeños grupos radicales dicten los destinos de la nación,
debemos siempre buscar la paz y acudir a los caminos institucionales tanto
internos como internacionales para hacer valer la efectividad de los derechos
que se estén reclamando.
De los hechos
denominados “La Galipanada” podemos sacar otro paralelismo en el acontecer
político actual, y es las consecuencias que trajo para los Doctores Félix María
Alfonzo, Rafael Agostini y Jesús María Blanco, así como, el General Enrique
Luzón son expulsados del país mediante un decreto de proscripción dictado por
el General Julián Castro en fecha 18 de septiembre de 1858, este último había
hecho lo propio meses antes con los Generales Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo
Falcón y Antonio Leocadio Guzmán.
Ciertamente la
Constitución de 1999 prohíbe en su artículo 50, que un nacional sea expulsado
del territorio nacional, en la actualidad, los disidentes de las políticas
públicas del gobierno nacional han tenido que salir del país buscando refugio o
asilo en otras naciones, lo que a los efectos prácticos tiene la misma
consecuencia que la expulsión, por cuanto ambas conductas conducen al
alejamiento del territorio nacional, uno motivado a una sanción y la otra
simplemente por fundado temor a sufrir una pena injusta, sin garantías
constitucionales ni procesales dentro del territorio nacional.
En cuanto a lo expuesto
por Peraza Celis, en relación con que la Constitución de 1858 no abordo los
problemas sociales vividos en esa época por la población venezolana, los cuales
ciertamente eran completamente distintos a los surgidos en los últimos años,
sobre el particular podemos hacer una reflexión al respecto, enmarcándolo en las
problemáticas de los últimos años surgida en Venezuela.
Los problemas sociales
de estos tiempos actuales por los que atraviesan los venezolanos se pueden
resumir en tres temas fundamentales a saber: la inseguridad, la escases de
insumos médicos, y la escases de alimentos. Estos temas encuentran sustento en
la vigente Constitución de 1999, en sus artículos 55, 83 y 305,
respectivamente. Por lo cual cabe en este punto realizar las siguientes
preguntas: ¿Es necesaria una modificación constitucional para garantizar estos
derechos y solventar estas problemáticas? ¿El llamado realizado por el
Presidente de la República Nicolás Maduro Moros a una Asamblea Nacional
Constituyente solventara estos graves problemas sociales que aquejan a la
población venezolana? Tratar de dar respuesta a estos planteamientos seria un
ejercicio de adivinación del futuro en el cual no tenemos dones para ello, sin
embargo, si consideramos que no es necesaria una modificación constitucional
para dar respuesta efectiva a estas necesidades de los venezolanos por cuanto
la Constitución de 1999 regula de manera clara y efectiva la forma y manera
como el Estado venezolano puede solucionar los problemas sociales referidos.
En vista de lo
anterior, lo que opera en el planteamiento expresado es dar cumplimiento
efectivo a esas normas de carácter constitucional, así se puede lograr con
voluntad política, y con la colaboración de todos los factores que hacen vida
en el territorio nacional, e incluso con la ayuda de otras naciones y organismos
internacionales que estén dispuesto a prestar su colaboración en la resolución
de estos graves problemas sociales que aquejan la cotidianidad del
venezolano.
Ahora bien, en cuanto a
las razones fundamentales que dieron origen al proceso constituyente de 1863 –
1864, fue la culminación de la Guerra Federal instaurada en el año de 1859 con
la toma de las costas de Falcón declarando la Federación.
En palabras de Lugo
Felice:
“El proceso
constituyente instaurado en 1863 fue consecuencia directa de la guerra de la
federación, conflicto este que a su vez fue la culminación de un ciclo de
guerras, revueltas y conflictos civiles iniciados en la independencia misma y
mantenidas después de la separación de la Gran Colombia. Esta situación de
conflictividad e insurgencia guerreras, guerrilleras o, simplemente de
bandolerismo, se manifestó en la clase dominante profundizando las diferencias
existentes en su composición y en las posturas frente a las soluciones
propuestas, a lo que ya se admitía como crisis social, aun cuando se discutiera
su naturaleza y alcance”.
Ciertamente esas
promesas realizadas en los mismos tiempos de la independencia correspondientes
a un sistema federal y al traspaso de la propiedad de la tierra a aquellos que
la trabajasen, no habían sido satisfechas por los gobiernos conservadores hasta
el momento del estallido de la guerra federal, de allí que el General Zamora
levantó consignas de “tierra y hombres libres” el cual trajo el apoyo popular
del sector excluido desde la independencia.
Los gobiernos
conservadores no aceptaban ideas propuestas traídas desde sectores de la
oposición, al no ver la inviabilidad que constituía el sistema de hacienda
imperante desde la independencia, y las profundas fracturas sociales que con
los años había ocasionado este hecho.
Para Lugo Felice:
“El sector de la
clase dominante detentador del poder no pudo solucionar las graves
contradicciones e injusticias que el modelo socioeconómico había desarrollado,
no pudo dar una respuesta válida para todas las facciones de su clase y menos
aún para el conjunto de la sociedad, tampoco pudo apreciar la vastedad de la
crisis. De otra parte, su posición fue la de cerrarse a los planteamientos de
la oposición y no aceptar la realidad del colapso e inviabilidad del pacto
social que había permitido el inicio de la construcción del Estado venezolano
independiente, lo que le impedía buscar el acuerdo para un nuevo pacto social”.
Es importante recordar,
que en el proceso constituyente llevado a cabo por la Convención de Valencia en
1858, había sido excluidos muchos miembros del partido liberal, siendo muchos
de ellos sancionados con la pena de extrañamiento del territorio nacional, lo
cual llevó a que la constitución dictada ese año tuviese poca efectividad y que
no evitará el inicio de la Guerra Federal.
Desde el punto de vista
de estricto derecho, la necesidad de instaurar una Asamblea Constituyente en
los años 1863 – 1864, se debía a que el texto fundamental promulgado en el año
1858 había sido sustituido por el Decreto dictado por el General José Antonio
Páez al instaurar su dictadura en el año 1861, estando el país en ese periodo
de tiempo sin un texto fundamental.
Ahora bien, los hechos
ocurridos entre 1858 a 1864, año en que finalmente la Asamblea Constituyente
dictó la Constitución, se encontraron enmarcados en el conflicto bélico más
cruento de nuestra historia republicana, los cuales no queremos volver a
repetir en nuestro país, por esta razón los paralelismos que a continuación
procedemos a esbozar son situaciones que deseamos no ocurran, por el contrario
queremos el entendimiento entre todas las ideologías políticas y modelos
económicos presentes en la actualidad en Venezuela.
Existen dos hechos
relevantes que podemos traer a colación en la realidad actual venezolana y las
ocurridas previamente al inicio de la guerra federal. El primero de ellos es la
situación económica vivida en esa época y en la actualidad, en ambos casos, los
modelos económicos se han hechos inoperantes y no ajustados a las necesidades
de la población venezolana, tanto el sistema de hacienda instaurado desde 1830,
como el sistema de controles (cambiario y de precios) llevaron a una profunda
crisis en esa materia.
Aunado a lo anterior,
el hecho que las clases gobernantes de ambos periodos históricos, no son
proclives a escuchar críticas que provengan de sectores de oposición. En el
caso de la época previa a la Guerra Federal, los conservadores excluían a los
liberales, y sus ideas no eran escuchadas y mucho menos puestas en prácticas lo
que llevó al estallido de una guerra de clases que trajo consigo un periodo de
miseria y muerte no deseable en modo alguno en estos tiempos actuales.
Así mismo, en la
coyuntura vivida en la actualidad el gobierno nacional no ha tomado en
consideración las propuestas de cambio del modelo económico que en definitiva
ha traído escases de productos alimenticios, medicinas, entre otros, que ha
ocasionado una baja significativa en la calidad de vida del venezolano, por el
contrario, se culpa a los miembros de la oposición de ocasionar una guerra
económica que ha causado el colapso del sistema económico.
Ciertamente, se han
dado acercamientos entre miembros del gobierno y la oposición, sin embargo,
esos encuentros no han servido para solucionar los graves problemas económicos
por los que atraviesa el país, a pesar de ellos creemos necesario que exista un
dialogo permanente entre estos sectores políticos a los fines que se eviten
conflictos de naturaleza bélica, por el contrario creemos en la paz y en la
democracia como sistema de vida para los venezolanos.
Por ello creemos que
declaraciones como las efectuadas por el Presidente de la República Nicolás
Maduro Moros en donde dice “Constituyente o Guerra” no ayudan en nada a
solventar el conflicto, por el contrario, anima a que el mismo se radicalice
aún más.
En tal sentido, los
actores políticos de ambas tendencias deben moderar el discurso y la retórica para
que los sectores radicales presentes en el país no profundicen sus acciones,
para que con ello se llegue a la ansiada paz y tranquilidad que la gran mayoría
de la población anhela en estos tiempos de profunda crisis en todos los
ámbitos.
El segundo hecho
destacable y que constituye un paralelismo entre los momentos históricos
relatados, lo compone la derogatoria de la Constitución de 1858 mediante un
decreto dictado por el General Páez en el año 1861, y la derogatoria de la
Constitución de 1999 realizada brevemente en el año 2002 por Pedro Carmona
Estanga mediante su célebre y muy criticado desde el ámbito político y jurídico
decreto comúnmente llamado “Decreto Carmona”.
Desde el punto de vista
de derecho, las normas se derogan por otras normas de igual rango, es decir,
una constitución solo puede ser derogada por otra constitución que se haya
creado mediante los mecanismos que ella misma determina y mediante la
aprobación mediante referendo popular.
En ningún caso, la
norma suprema puede ser derogada por un decreto como ocurrió en esas dos
oportunidades previamente relatadas, estos hechos constituyen una evidente
ruptura del hilo constitucional.
En el caso de 1861, esa
ruptura ceso con la instauración de la Asamblea Constituyente en el año 1863,
en cambio, la ocurrida en 2002 ceso con el restablecimiento del Presidente Hugo
Chávez Frías, dos días después de la derogatoria de facto de la Constitución de
1999.
Desde ese entonces, la
conciencia del venezolano en relación con la importancia de las normas
constitucionales ha ido en claro aumento, hasta llegar a los tiempos actuales
en los cuales es el documento que une a la inmensa mayoría de la población, es
el instrumento legitimo por el cual se apegan las actuaciones en materia de
derechos, en virtud de esto es que la convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente del año 2017 ha traído consigo un profundo rechazo por un gran
sector de la población.
Queremos culminar esta
segunda parte del estudio realizando la siguiente reflexión. Los hechos
históricos antes relatados nos deben servir de marco referencial de lo que
puede ocurrir en el futuro en la República, ningún venezolano quiere volver a
vivir una ruptura del hilo constitucional, ni mucho menos a vivir en periodos
de conflictos armados ajenos a la idiosincrasia profundamente democrática del
venezolano, por lo que es necesario que se instaure un dialogo sincero con
interlocutores con capacidad de decisión y liderazgo reconocido por las partes
en conflicto, con cumplimiento de metas y acuerdos claros que sean respetados
por las partes involucradas, todo esto con el fin de que la historia del siglo
XIX, lleno de revoluciones, golpes de estados y guerras no se repitan para la
generación actual.
-
Reformas
constitucionales del periodo guzmancista 1874 y 1881.
La reforma
constitucional del año 1874, estuvo precedida por dos revoluciones. La primera
por la Revolución Azul dirigida por el General José Tadeo Monagas de 1868 quien
derrocó mediante un golpe de estado al gobierno del General Juan Crisóstomo
Falcón. La segunda la Revolución de Abril intentada y consumada por el General
Antonio Guzmán Blanco quien a su vez derrocó al General Monagas del mando de la
Presidencia de la República.
Así mismo, esta reforma
fue impulsada directamente por el deseo del General Guzmán Blanco de realizar
modificaciones puntuales al texto constitucional promulgado en el año 1864.
Estas reformas tenían
como finalidad el cambio del voto directo instaurado en el texto del año 1864
por un voto escrito; la reducción del periodo presidencial y de todos los
cargos de elección popular de 4 años estipulados en la Constitución de 1864 a 2
años propuestos por Guzmán Blanco; la introducción de la responsabilidad de los
empleados nacionales por ante la Alta Corte Federal; la supresión de los
designados elegidos por el Congreso; y, por último, la prohibición de
reelección del Presidente.
Todos estos puntos
fueron finalmente establecidos en le reforma constitucional realizada en el año
1874, luego de la insistente actitud desplegada por el General Antonio Guzmán
Blanco en sus discursos ante el Congreso de la República.
Sobre el particular,
los paralelismos con la situación actual son evidentes, siendo el más obvio el
hecho que la modificación constitucional estuvo marcada por la voluntad del
dirigente de turno, en el caso del año 1874 por la conducta de Guzmán Blanco, y
en la actualidad por la voluntad del Presidente Nicolás Maduro Moros.
Aunado a lo anterior,
el motivo de la reforma del año 1874 fue fundamentalmente la prohibición de la
reelección del Presidente, caso contrario ocurrido en el año 2007 con la
reforma rechazada por referendo que buscaba eliminar la limitación
constitucional de reelección por una sola vez, sin embargo, esta modificación
constitucional se materializó con la enmienda planteada por el Presidente Hugo
Chávez Frías en el año 2009, aprobada en ese caso mediante referendo
aprobatorio.
En cuanto a la reforma
constitucional del año 1881, está según Elide Rivas supone:
“… un cambio en
las concepciones de Federalismo que se manejaban en el país, debido casi por
completo al impulso del gobernante de turno, que a su vez fue la personalidad
pública dominante en el último tercio del siglo XIX venezolano, el General
Antonio Guzmán Blanco”.
Ciertamente, el General
Guzmán Blanco fue el impulsor primordial de la reforma surgida en los años 1874
y 1881, por eso estas modificaciones, como dijimos anteriormente, están
marcadas por la voluntad del dirigente de la época, y como ejemplo se presentan
ante la historia estas reformas en el periodo guzmancista.
Aunado a lo anterior,
esta modificación se realiza previamente a la insurgencia de una nueva
revolución denominada Reivindicadora dirigida por Guzmán Blanco quien buscaba
la reivindicación de la validez de la Constitución de 1874, la cual quería ser
abolida por el General Francisco Linares Alcántara quien propuso la vuelta a la
vigencia de la Constitución de 1864.
El rechazo a la convocatoria
constituyente no se hizo esperar, y ocasiono un levantamiento militar conducido
por los Generales Joaquín Crespo y Gregorio Cedeño, así como, los Doctores
Diego Bautista Urbaneja y Francisco González Guinan.
Los reclamos esgrimidos
estaban, en palabras de Elide Rivas, en el hecho de considerar que:
“… la invocación
a la Constitución de 1864 no tenía mayor sentido por cuanto “Las Constituciones
de 1864 y 1874 son casi idénticas”, y por lo tanto, propiciar esa revalidación
era reflejo de una estrategia para perpetuarse en el poder, acusando al
gobierno de Caracas de haber dado un golpe constitucional”.
A pesar de estas
críticas y de la muerte del General Francisco Linares Alcántara, la Asamblea
Nacional Constituyente se reunió el 11 de diciembre de 1878, aprobando al día
siguiente un decreto que derogaba los decretos que habían concedido honores al
General Guzmán Blanco.
Con el triunfo de la
Revolución Reivindicadora fue convocado un Congreso de Plenipotenciarios de los
Estados, asumiendo de hecho características de Asamblea Constituyente.
Las principales
propuestas de reforma constitucional fueron la reducción de los 20 Estados a 9
grandes Estados de la Unión; la sustitución del voto público por el sufragio
directo establecido en la Constitución de 1864; la creación de un Consejo
Federal, entre otros aspectos.
En tal sentido, las
reformas en la práctica fue realizada para favorecer el centralismo en las
funciones públicas perjudicando a la federación naciente en la época.
En cuanto a los paralelismos
encontrados son similares a los expuestos en el análisis de la reforma de 1874,
a saber, la influencia del Presidente de la República en las reformas
constitucionales y el surgimiento nuevamente de una revolución que da un cambio
en el manejo del Poder Ejecutivo Nacional.
A modo de conclusión,
debemos dejar para siempre de lado los proyectos personalistas que tienen como
objetivo modificar la constitución para adaptarla a los caprichos personales de
la élite que gobierne el país.
-
Los
procesos constituyentes de 1891 y 1893.
El proceso
constituyente iniciado en el año 1891 por el Presidente de la República Doctor
Raimundo Andueza Palacios buscaba reformar la Constitución de 1881, denominada
comúnmente como la “Constitución Suiza”.
A pesar del apoyo
recibido a su propuesta reformista, esta tenía como finalidad primordial el
hecho de perpetuarse en el ejercicio del poder.
En palabras de Zerpa
Aponte:
“… aquella era
la real intención del Presidente, más allá de los buenos propósitos de los
jóvenes abogados proponentes de las modificaciones constitucionales: que el
Congreso de 1891, luego de la reforma constitucional antes citada, aprobare un
nuevo proyecto de reforma para ampliar el periodo a 4 años, y que el Presidente
fuera electo “… por votación popular, directa y secreta y supuestamente debía
asumir en 1894”. Este proyecto fue sometido a las Legislaturas estadales y
aprobado por ellas, y debía sancionarse por el Congreso en 1892. Pero al
remitirse a éste, Andueza pretendía que el órgano legislativo nacional
sancionara y pusiera en vigencia las reformas en sus sesiones del primer
trimestre de 1892, con miras a su inmediata reelección (como se dijo, Andueza
para entonces, estaba culminando su periodo bianual de 1890 a 1892). El
Congreso no pudo reunirse para sancionar el Proyecto y nombrar el Consejo
Federal que elegiría el nuevo Presidente para el periodo 1892 – 1894. “… En
esta forma, a partir del 20 de febrero de 1892, el poder quedó, de hecho, en
manos de Andueza”.
La reforma
constitucional propuesta por el Doctor Raimundo Andueza Palacios, era una
modificación en dos etapas, la primera materializada en 1891 con la eliminación
de la iniciativa exclusiva que tenían las legislaturas estadales para la
reforma constitucional; y la segunda parte, pretendía ampliar el periodo
presidencial y que el Presidente fuese electo por votación popular, directa y
secreta, asumiendo el mando en el año de 1894.
Sin embargo, al no
poderse reunir el Congreso en el primer trimestre de 1892, y al no poder
designar a los miembros del Congreso Federal, el poder recayó de hecho, a
partir del 20 de febrero de ese año, en manos del Doctor Andueza Palacios.
Posteriormente, el 21
de marzo de 1892 se levanta en armas el General Joaquín Crespo, dando así
inicio de la denominada Revolución Legalista, la cual buscaba restaurar el
orden constitucional quebrantado por Raimundo Andueza Palacios, entrando a
Caracas triunfante en octubre de ese año, después de haber tenido 189 combates.
Al General Joaquín
Crespo le cuesta ganar, y según palabras de Rondón citado por Zerpa Aponte se
operó: “el equilibrio de dos debilidades: un gobierno que no puede acabar con
una revolución y una revolución incapaz de derribar al gobierno”.
Una vez que la
Revolución Legalista tomó el mando del gobierno nacional, comienza a escucharse
ideas de reformas a la Constitución de 1891, es así que el 4 de mayo de 1893
inicia las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Los principales temas
debatidos por la Asamblea Nacional Constituyente del año 1893 fueron: la
elección del presidente y sus potestades; los derechos de los extranjeros; los
contratos de interés nacional; el Poder Legislativo y la formación de las
leyes; la Federación; el Poder Judicial; la amnistía del Doctor Andueza
Palacios, entre otros temas de interés nacional.
La Constitución de 1893
fue finalmente promulgada el 21 de junio de ese año mediante el cúmplase
firmado por el General Joaquín Crespo en su condición de Presidente
Provisional.
Ahora bien, de la
revisión constitucional se puede desprender los siguientes aspectos señalados
por Zerpa Aponte:
“La Constitución
de 1893 no fue, obviamente, refrendada popularmente. Pero en la ausencia de
oposición nacional a Pacto se puede deducir su equiscencia general al texto…”.
En este punto, es
importante destacar las coincidencias existentes entre estos procesos
constituyentes y el acontecido en el presente año de 2017. El primero es
nuevamente el hecho claro que los procesos de modificaciones constitucionales
surge a raíz de los caprichos del gobernante de turno, como ocurrió en 1891 con
la decisión del Doctor Andueza Palacios, en el año 1893 con el decreto del
General Joaquín Crespo, así como en el año 2017 con el Decreto del 01 de mayo
dictado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.
Así mismo, esto es
motivado a pretensiones continuistas del gobernante, aunque en la historia de
los años 1891 y 1893, las motivaciones estaban claramente establecidas, en el
proceso que se lleva a cabo en 2017, aun no se ha develado esta intención, sin
embargo, la pérdida de apoyo popular reflejado en las encuestas y en la
negativa de permitir elecciones populares desde el año 2015 cuando los partidos
de oposición ganaran la elección de la Asamblea Nacional, hace presumir que la
principal intención para el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente sea
la permanencia en el poder.
Otro de los
paralelismos en las consignas expresadas por grupos opositores al gobierno de
restituir el hilo constitucional quebrantado. En el proceso previo a la
constituyente de 1893 surgió la llamada Revolución Legalista, la cual esgrimía
la búsqueda de la legalidad perdida en el gobierno de Andueza Palacios, siendo
que estas consignas son cantadas en la actualidad por la oposición venezolana
después de las sentencias Nros 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, las cuales estipulan que las competencias correspondientes
a la Asamblea Nacional pasan a manos de la mencionada Sala, este hecho ha
generado hasta los momentos una serie de manifestaciones públicas en mucha de
las cuales han terminado en hechos violentos dejando víctimas humanas que
lamentar.
Así mismo, la situación
expresada por Rondón referente a la incapacidad del gobierno de acabar con una
revolución y de la revolución derrocar al gobierno, se ajusta perfectamente a
la actualidad vivida en Venezuela, las dos fuerzas en conflicto no han podido
dar fin a la fuerza contraria, siendo esto, en consideración particular
inviable e improcedente por cuanto todas las voces y todas las tendencias son necesarias
en un sistema democrático, no se puede buscar la eliminación del otro por
cualquier vía, por el contrario debe prevalecer la tolerancia y el dialogo
constructivo entre todas las posiciones que confluyan en el país.
-
Conclusiones.
Es preciso concluir el
presente estudio con afirmaciones doctrinales que nos dan idea de cómo puede
ser el proceso constituyente iniciado en 2017. La primera correspondiente a
Elena Plaza quien estipula:
“El poder
constituyente ha sido comparado metafóricamente con un volcán; cuando el volcán
hace erupción manifiesta un poder omnipotente, destructor, absoluto, enorme:
así, en el poder constituyente, absoluto; él es el poder de la Nación. Cuando
el volcán está inactivo, operan los poderes constituidos, ordenados, limitados
en sus objetivos y funciones, aunque el volcán siga allí con toda fuerza
potencial, porque es el poder de la Nación. Pero si los volcanes hicieran
erupción a cada momento, la tierra que está a sus alrededores sería
inhabitable, no habría en ella orden ni concierto, no tendría sentido alguno
vivir en ella…”.
La segunda cita
corresponde a Brewer Carias quien refiere que:
“… el poder
constituyente tanto originario como instituido no pueden quedar subrogados a
los poderes constituidos; y que si bien el poder constituyente originario
corresponde al pueblo, éste es el que, como tal, tiene facultades absolutas e
ilimitadas; no así sus representantes electos en una Asamblea Constituyente,
las cuales no pueden ser confundidas con el propio pueblo soberano, ni la Asamblea
Constituyente puede ser confundida en forma alguna con el poder constituyente
originario, ni nunca podría ser “soberana”.
En tal sentido, ese
volcán que está a punto de estallar llamado poder constituyente, no debe ser
confundido con el soberano, es decir, con el pueblo, quien es el que
verdaderamente tiene facultades absolutas e ilimitadas en ejercicio de su
soberanía.
Por esa razón, la
Asamblea Nacional Constituyente del 2017 debe respetar los principios de la
historia republicana como lo son la paz, la independencia, la federación, la
descentralización la libertad en todas sus expresiones, la justicia y la
igualdad, así como, el respeto de los derechos humanos, y a los tratados
suscritos en esta materia por la República.
La Asamblea Nacional
Constituyente debe buscar la modificación de los aspectos constitucionales que
necesariamente deben ser modificadas, y ser un órgano garante de la paz, que
respete la voluntad soberana expresada en procesos electorales previos a su
instalación, y que de modo alguno, busque sancionar conductas disidentes de
personas o funcionarios que se hayan pronunciado mediante acciones concretas en
contra de su instalación. No debe ser nunca la Asamblea Nacional Constituyente
un instrumento político que perpetúe posiciones personalistas, ni que promueva
aún más rupturas en la sociedad, buscando revanchas y sanciones en contra de la
voz disidente, por eso debemos rechazar opiniones personales emitidas por
funcionarios como el Diputado Diosdado Cabello quien ha expresado que a la
Fiscal General de la Republica le quedan 53 días en el ejercicio del cargo.
De seguir la Asamblea
Nacional Constituyente los parámetros positivos mencionados en el párrafo
anterior, estaría su actuación enmarcada dentro del contexto de los principios
fundamentales, de no ser así, estará dispuesta a una parcialidad política, y su
fin último no podrá ser llevado a cabo en feliz término por cuanto tendría un
rechazo popular inmenso que podría traer nefastas consecuencias en los destinos
de la nación.
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