viernes, 7 de julio de 2017

¿Quién es el Vicefiscal General de la República?

¿QUIÉN ES EL VICEFISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA?


Escrito por:
Alonso José Macias Luis
07 de Julio de 2017.


En Venezuela en la actualidad existe un evidente conflicto entre los poderes públicos constituidos, específicamente entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El primero en reiteradas sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha argumentado que la Asamblea Nacional se encuentra en una situación de desacato en relación con las decisiones dictadas por esta sala, sin embargo, el conflicto entre poderes públicos ha tomado otro cause, y en el caso particular que nos atañe en el presente artículo involucra al Tribunal Supremo de Justicia, como órgano rector del Poder Judicial y al Ministerio Público, órgano perteneciente al Poder Ciudadano.

El referido conflicto tiene su génesis en el pronunciamiento realizado por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz en contra de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, específicamente argumentando que estas decisiones judiciales rompieron con el hilo constitucional, al atribuirse la Sala Constitucional competencias que constitucionalmente están atribuidas a la Asamblea Nacional, y al limitar la inmunidad parlamentaria que gozan los diputados electos mediante el voto popular, la cual encuentra reconocimiento y sustento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

El pronunciamiento de la Fiscal General de la República llevó al Presidente de la República Nicolás Maduro Moros a convocar al Consejo de Defensa de la Nación para intentar solventar el conflicto presentado entre estos dos órganos del Poder Público Nacional. En la oportunidad de la realización de la reunión del Consejo, la Fiscal General no participó en la misma, sin embargo, la Sala Constitucional mediante las sentencias números 157 y 158 realizó aclaratorias de oficio del contenido de las decisiones 155 y 156.

Todo lo anteriormente relatado trajo el rechazo contundente de la comunidad internacional, diversas naciones hicieron pronunciamientos en contra del contenido de las sentencias 155 y 156, así mismo, organizaciones internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea (UE), expresaron, de igual forma el rechazo contra de las referidas decisiones.

Posteriormente, la Fiscal General de la República ha intentado varias acciones judiciales ante la Sala Electoral y la Sala Constitucional ambas pertenecientes al Tribunal Supremo de Justicia, entre las que podemos mencionar el Recurso de Nulidad contra las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 dictadas por el Presidente de la República; Recurso de Nulidad contra las Resoluciones emanadas por el Consejo Nacional Electoral que admiten la convocatoria realizada por el Presidente de la República sin la participación del pueblo mediante Referendo Consultivo; y, el Antejuicio de Mérito solicitado en contra de los Magistrados de la Sala Constitucional designados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2.015, esta última solicitud realizada por la Fiscal General de la República la hizo argumentando en su escrito su no participación en las sesiones del Consejo Moral Republicano.

Estas acciones, como indicamos previamente, han sido declaradas todas inadmisibles por las Salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, trayendo como irreductible consecuencia la pérdida progresiva del Estado de Derecho en Venezuela señalado por la propia Fiscal General de la República, e incluso teniendo consecuencias de carácter personal para la ciudadana Luisa Ortega Díaz, como lo son: a) el sometimiento a un Antejuicio de Mérito solicitado por el Diputado Pedro Carreño; b) la prohibición de salida del país, y c) la congelación de sus cuentas, medidas estas propias de los tribunales que conforman la jurisdicción penal, y no de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

A la fecha de la redacción y publicación del presente artículo nos encontramos en dentro del lapso de cinco (5) días hábiles decretados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la publicación de la sentencia que declare con lugar o sin lugar el Antejuicio de Mérito solicitado en contra de la Fiscal General de la República.

En el caso de ser declarado con lugar la solicitud, le corresponderá asumir el cargo de Fiscal General de la República de manera provisoria al Vicefiscal General, por mandato expreso estipulado en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público publicada en Gaceta Oficial N° 38.647 de fecha 19 de marzo de 2.007, por constituir esto una falta absoluta en el ejercicio del cargo,  

La síntesis de los hechos acaecidos en los últimos días en Venezuela, constituyen los hechos que dan pie a la pregunta que constituye el título de la presente investigación. Para dilucidar esa respuesta se hace necesario citar el contenido del numeral 6 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual estipula lo siguiente:

“Son atribuciones del Ministerio Público: …
6. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley”.

Del contenido del citado artículo se colige que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela remite a la ley que regula las actuaciones del Ministerio Público la facultad para que esta amplíe las competencias determinadas a ese órgano del Poder Público Nacional.
En tal sentido, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula los deberes y atribuciones del Fiscal General de la República, y específicamente el numeral 3 de esa norma textualmente expresa:

“Son deberes y atribuciones del Fiscal o la Fiscal General de la República: …
3. Designar al Vicefiscal o a la Vicefiscal General de la República, previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional…”.

Según la norma previamente citada, la Fiscal General de la República tiene la competencia legalmente establecida para designar al Vicefiscal General, previa la autorización realizada por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.

Ahora bien, en virtud de este mandato de carácter legal, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz dictó la Resolución N° 651 publicada en Gaceta Oficial N° 41.132 de fecha 17 de Abril de 2.017, mediante la cual designa como Vicefiscal General de la República al Abogado Rafael González Arias.

Dicho acto administrativo fue sometido a autorización por parte de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional en fecha 3 de Julio de 2.017, aprobando el órgano parlamentario la designación realizada por la ciudadana Luisa Ortega Díaz.

De lo anterior podríamos concluir que la designación del ciudadano Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República cumplió los parámetros determinados por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo que fue nombrado por la persona que ejerce la máxima autoridad dentro del Ministerio Público, así como, la obtención de la respectiva autorización por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional.      

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 470 de fecha 27 de junio de 2.017 declaró la nulidad de la Resolución N° 651 mediante la cual se realizó la designación del Vicefiscal General de la República, y posteriormente, en fecha 3 de julio de 2.017 la sala designa a la Abogada Katherine Harrington Padrón como Vicefiscal General, juramentándola en fecha 4 de Julio en la sede del máximo tribunal de la República. 

Estas decisiones judiciales generan una serie de interrogantes, a saber: ¿Está facultada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para designar al Vicefiscal General de la República? ¿Puede la Sala Constitucional declarar la nulidad de actos administrativos de carácter particular? ¿Hubo usurpación de funciones por parte de la Sala Constitucional al momento de la designación del Vicefiscal General?

A los fines de dar respuestas a estas interrogantes es necesario analizar el contenido de los artículos 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como, las consideraciones para decidir expuestas por la Sala Constitucional en las sentencias de fechas 27 de junio y 3 de julio del año 2.017.

Sobre el particular, el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el siguiente sentido:     

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad del poder legislativo municipal, estadal o nacional, cuando hayan dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.
10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley”.

El artículo constitucional anteriormente transcrito establece claramente las facultades de la Sala Constitucional, siendo que ninguno de los numerales que integran la norma estipula atribución alguna a la Sala Constitucional para designar al Vicefiscal General de la República, como si se la otorga el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público al Fiscal General de la República.

En consecuencia, la atribución determinada por la ley para designar al Vicefiscal General de la República le corresponde de manera exclusiva al Fiscal General de la República en los términos señalados por la norma contenida en la ley que regula las competencias y actuaciones del Ministerio Público.

Sin embargo, la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional considero sobre el particular lo siguiente:

“… dado que esta Sala Constitucional está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, visto que la designación efectuada por la Fiscal General de la República no contó con la previa autorización del órgano legislativo nacional, el cual hasta la presente se mantiene en desacato frente a las decisiones de este Alto Tribunal y ha omitido dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos identificados supra,  es por lo que en atención a lo establecido en el artículo 335 constitucional en concordancia con el numeral 7 del artículo 336 eiusdem, esta Sala por auto separado designará de manera temporal un Vicefiscal General de la República. Así se decide”. (Negritas nuestras).

La sentencia citada parcialmente, estipula que la designación realizada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz no contó, para la fecha de la publicación de la decisión judicial, la autorización de la Asamblea Nacional, la cual en criterio de la sala se mantiene en desacato frente a las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y en concordancia con los artículos 335 y 336 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana designará, como en efecto designó, al Vicefiscal General de la República de manera temporal.

Sobre el particular, es importante acotar que para el momento de la publicación de la sentencia no había autorización por parte de la Asamblea Nacional, realizada en fecha posterior, cumpliendo esto con los parámetros determinados por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo cual valido el acto administrativo dictado por la Fiscal General.

Otro de los puntos a destacar es el referente al desacato invocado por la Sala Constitucional en el no cumplimiento de las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, esta figura jurídica es aplicable a personas naturales que de manera injustificada se nieguen a cumplir con los mandatos judiciales, por lo cual, para subsanar ese hecho el ordenamiento jurídico regula los mecanismos para la ejecución forzosa de las sentencias siendo ejecutadas por los mismos tribunales de la República, por lo cual, esta figura no es aplicable a los órganos públicos como lo es la Asamblea Nacional, por cuanto estos gozan de privilegios y prerrogativas establecidas en la ley.

Adicionalmente a esto, cada órgano que conforma el Poder Público tiene claramente determinadas sus competencias en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales no pueden ser ejercidas de manera alguna por un órgano distinto, teniendo esto como inevitable conclusión que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia constitucional ni legal para designar al Vicefiscal General de la República, usurpando con la emanación de las sentencias de fechas 27 de junio y 3 de julio de 2.017, las competencias exclusivas atribuidas al Ministerio Público por órgano del Fiscal General de la República.

Aunado a lo anterior, la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló un acto administrativo de carácter particular, como lo fue la Resolución N° 651 dictada por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, en base al contenido del numeral 7 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido este a la omisiones legislativas, sobre el particular, es importante acotar que la norma invocada está referida a aquellas omisiones que realicen los órganos legislativos en la creación de aquellas normas jurídicas que están constitucionalmente a dictar, así como, a la designación de aquellas autoridades públicas que le corresponde nombrar, y no está vinculada con la autorización dada al Fiscal General de la República en la designación del Vicefiscal General.

Así mismo, la Sala Constitucional usurpo funciones que son propias de la Sala Político Administrativa, por cuanto anuló un acto administrativo de carácter particular y no un acto normativo, y esta facultad está directamente atribuida a la Sala Político Administrativa por mandato del numeral 5 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone lo siguiente:

“Es de la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: …
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia”.

Siendo que el Ministerio Público es un órgano de rango constitucional, y siendo que las resoluciones según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, constituyen actos administrativos esta atribución le corresponde a la Sala Político Administrativa y no a la Sala Constitucional.

Otros puntos a destacar en relación al contenido de la sentencia N° 470 de la Sala Constitucional de fecha 27 de junio de 2.017, son las referidas con la solicitud que dio inicio al procedimiento, y a la motivación sobre la nulidad del acto administrativo.

Sobre el primer punto, la acción de nulidad intentada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, el Vicefiscal General Rafael González Arias, y él Director General de Actuación Procesal Zair Mundaray, iba dirigida a solicitar la nulidad de las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, y no a la nulidad de la Resolución N° 651 dictada por la Fiscal, por lo cual la sala decidió un punto de derecho que no era el objeto de la acción intentada, declarando algo que estaba fuera de la pretensión expuesta por los accionantes, conociéndose esto dentro del ámbito procesal como ultrapetita.

En cuanto a la motivación de la nulidad del acto administrativo, la sentencia N° 470 dictada por la Sala Constitucional estipulo lo siguiente:     

“… esta Sala como garante de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, declara nula por ser contraria al Texto Constitucional y a la Ley que rige las funciones del Ministerio Público, la Resolución n° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, designó al prenombrado abogado como Vicefiscal General de la República (Encargado).

Al adolecer de nulidad absoluta tal designación, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como “Vicefiscal General de la República” son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos. Así se decide”.  

De la cita realizada previamente, se colige que los fundamentos de la sentencia son genéricos, al estipular que la resolución es nula por contrariar al texto constitucional, sin indicar específicamente las normas constitucionales que contraria, y a la ley que rige las funciones del Ministerio Público, igualmente sin indicar que artículo de la ley contraria la resolución.

Aunado a lo anterior, la sentencia no señala de manera clara cuál es el vicio de nulidad en que presuntamente incurre el acto administrativo, ni siquiera se cita el contenido del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual dispone los vicios de nulidad absoluta de los actos administrativos bien sea de carácter general o particular.

En base a todo lo previamente expuesto podemos dar respuesta a la interrogante que titula el presente artículo, siendo que el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone que la designación del Vicefiscal General es una atribución que le corresponde al Fiscal General de la República, quien debe ser autorizado por parte de la Asamblea Nacional, y en el caso particular estos parámetros fueron cubiertos en su totalidad, podemos concluir que de derecho el Abogado Rafael González Arias debe ejercer el cargo de Vicefiscal General de la República.

Hasta una nueva oportunidad…

Twitter: @puntodvjuridico
              @alonsomaciasl

Facebook: Punto Jurídico.
                  Alonso José Macias Luis.

Instagram: @alonsomaciasluis

Correo electrónico: alonsomaciasluis@gmail.com

                                a_macias80@hotmail.com    

lunes, 19 de junio de 2017

Redes Sociales

Únete a nuestras redes sociales

Twitter: @puntodvjuridico 
              @alonsomaciasl

Facebook: Punto Juridico

                   Alonso José Macias Luis

Instagram: @alonsomaciasluis

e-mail: alonsomaciasluis@gmail.com
             a_macias80@hotmail.com    

domingo, 9 de abril de 2017

Limitaciones al Derecho a la Manifestación establecidas en la Resolución N° 008610

Limitaciones al Derecho a la Manifestación establecidas en la Resolución N° 008610.
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
09/04/2017


En los últimos días se ha venido acrecentando la manifestaciones de calles producto al rechazo que ha generado en gran parte de la población venezolana y de la comunidad internacional las sentencias Nros 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales limitan la inmunidad parlamentaria y conculcan las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional asumiéndola la propia Sala Constitucional.

Aunado a lo anterior, las manifestaciones que se han desarrollado en los diversos Estados de la República han tenido como objetivo principal solicitar la realización de las elecciones para elegir a los gobernadores de los Estados, las cuales hasta la presente fecha se encuentran vencidas, siendo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral realizar la respectiva convocatoria.

Siendo de este modo, mediante las redes sociales hemos visto la actuación desproporcionada por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, utilizando sustancias tóxicas vencidas, según han denunciado los manifestantes, realizando arrestos desproporcionados, así como la lamentable consecuencia de haber ocasionado el fallecimiento de un joven participante en las manifestaciones públicas.

Todo estos hechos nos lleva a realizar un análisis jurídico del contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referente al Derecho a la Manifestación el cual establece lo siguiente:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Según la normativa constitucional previamente citada se a todos los ciudadanos el derecho a la manifestación pública pacífica y sin armas, así como la prohibición realizada a los organos de seguridad del Estado en la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones.    

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico nacional encontramos a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013 de fecha 23 de Diciembre de 2010, la cual estipula en su artículo 51 lo siguiente:

“Las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Así como también aquellas que traten de fomentar desordenes u obstaculizar el libre tránsito.

Los aprehendidos o aprehendidas in fraganti serán penados o penadas con arresto de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a que pudiera haber lugar”.

La norma de rango legal permite a las autoridades la disolución de las manifestaciones que obstaculicen el libre tránsito, así como, de aquellas que traten de impedir las reuniones de los cuerpos deliberantes, tales como la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos o los Concejos Municipales, políticos, judiciales o administrativos, sin establecer el mecanismo de dispersión de la manifestación, teniendo como limitación el contenido del citado artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la prohibición del uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones.     

A pesar de estas normas de carácter constitucional y legal, en el año 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publico en Gaceta Oficial del 27 de Enero de ese año, la Resolución N° 008610 contentiva de las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, teniendo como objeto regular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones según lo dispuesto en el artículo 1 de la referida resolución.

La resolución objeto de estudio ha sido criticada en el ámbito jurídico nacional por cuanto limita el derecho de manifestación contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permitiendo el uso de armas de fuegos y de sustancias tóxicas específicamente en sus los artículos 15 y 24.

Es importante citar los numerales 3 y 9 del artículo 15 de la Resolución N° 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa los cuales establecen lo siguiente:

“3. Extremaran las precauciones para el uso de los agentes químicos en forma estrictamente localizada, a fin de evitar su difusión y extensión, en inmediaciones o cercanías de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, colegios y liceos, así como, en espacios confinados o sitios cerrados y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas.

9. No portaran ni usaran armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacificas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso”.

Los numerales previamente citados permiten el uso de agentes químicos y de armas de fuegos en el control de las reuniones públicas y manifestaciones, teniendo como característica fundamental para su uso la proporcionalidad, sin embargo, a pesar de esta precisión dada en la resolución, los numerales del artículo 15 carecen de constitucionalidad por ser contrario al contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así mismo, es importante citar el artículo 24 de la Resolución N° 008610, teniendo el siguiente contenido:

“Sin perjuicio de las normas sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza antes descrita, cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, las funcionarias y funcionarios militares deberán:

1.       Tomar precauciones especiales para proteger la vida humana, reducir los daños, lesiones y evitar afectar a otras personas ajenas a la situación que amerita su intervención, sin que sirva como pretexto resolver de la forma más rápida posible la situación planteada.
2.       Proceder de modo que se preste asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas a la brevedad posible.
3.      Notificar lo sucedido a los parientes o personas cercanas del herido, afectado o afectada, a la brevedad posible”.
          
El contenido del artículo 24 también se encuentra basado en la proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, sin embargo, debemos llegar a la misma conclusión que la realizada en el artículo 15, la norma es contraria al contenido del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto esta norma prohíbe el uso de las armas de fuego en el control de las manifestaciones públicas, siendo que una norma de carácter sub legal no puede contrariar de forma alguna lo dispuesto en el texto fundamental.

A pesar de estas consideraciones de tipo jurídico la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 00840 de fecha 27 de Julio de 2016 declaro improcedente un amparo constitucional solicitado por los abogados Delsa Solórzano y Manuel Rojas Pérez argumentando que:

“… en el presente caso, no existen elementos que demuestren la presunción grave de que en las manifestaciones pacificas se violentaran los derechos constitucionales invocados, todo lo cual conduce a la inexistencia del fumus bonis iuris. En consecuencia se declara improcedente el amparo cautelar solicitado. Así se determina”.

Sin embargo, a pesar de la decisión de la Sala Político Administrativa, es claro que los artículos antes citados y estudiados violan de manera flagrante lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo la resolución un vicio de nulidad absoluta según lo establecido en el artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que tiene significa que la norma no tiene efectos jurídicos, es decir, es una norma nula e inaplicable en el ámbito jurídico.

De este modo, la actuación desplegada por los funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana con el uso de gases lacrimógenos en edificaciones cerradas, así como el uso de estos gases vencidos contraria de manera flagrante lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 15 y 24 de la Resolución N° 008610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa.    

Aunado a estas consideraciones de carácter jurídico, es importante hacer un llamado para que dentro de las manifestaciones públicas no se vean afectados edificaciones públicas ni bienes públicos dados a la prestación de servicios públicos como por ejemplo el transporte público, siendo que estas conductas radicales deben ser condenadas por todos los ciudadanos amantes de la paz.

Hasta una próxima entrega…


Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
Correo electrónico a_macias80@hotmail.com y alonsomaciasluis@gmail.com

domingo, 13 de diciembre de 2015

Carta Abierta a la Asamblea Nacional. Primera Parte

Carta Abierta a la Asamblea Nacional
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
13/12/2015


El pasado domingo 06 de Diciembre del año 2015, Venezuela fue protagonista de un magistral proceso electoral en donde se renovaron los representantes del parlamento nacional, el mismo fue abalado y alabado por distintos organismos internacionales que fungieron como acompañantes, dando claras muestras que el pueblo venezolano tiene una profunda raíz democrática y que quiere vivir bajo ese sistema político durante muchos años más.

Una vez dados los resultados electorales los distintos actores políticos de la vida nacional dieron sus opiniones reconociendo la voluntad expresada por el pueblo venezolano, así como mostrando señales de victoria sin revanchismo, el mismo que en otrora le ha hecho tanto daño al país.

Sin embargo, días posteriores al proceso electoral los ánimos se volvieron a caldear, declaraciones de ambos bandos comenzaron nuevamente la retorica revanchista, cada una aferrada a sus posiciones particulares, a su criterio de cómo debe ser país, sin importar la opinión expresada por el pueblo en las urnas electorales.

Declaraciones dadas por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Allup sobre el despido de personal y la reconstitución de la televisora perteneciente a la Asamblea Nacional produjo reacciones en el primer mandatario nacional, en el sentido de hacer cambios en la estructura administrativa, así mismo, las declaraciones sobre la posible Ley de Amnistía para los llamados presos políticos fue rechazada por el Presidente de la República al considerarla que atenta contra los Derechos Humanos de las víctimas de las llamadas guarimbas.  

Todo esto hace ver que el panorama político para el año 2016 no será el de dialogo, conciliación y trabajo conjunto que deben tener los distintos poderes públicos para lograr los fines del Estado como lo reza nuestra Constitución.

El pueblo venezolano se expreso, quiere un rumbo distinto, quiere que el país sea dirigido a un buen curso, quiere que los actores políticos trabajen mancomunadamente sin diatriba política que no ayuda a solucionar los verdaderos problemas que sufrimos los venezolanos como lo son la economía y la inseguridad, tan solo por mencionar alguna de las vicisitudes que están presente en el día a día de la vida nacional.   

Por esta razón hacemos votos por que los distintos actores políticos que conviven en el país se reconozcan y vean que en la unión esta la fuerza, que deben trabajar por el bienestar de los venezolanos, de esta hermosa nación, necesitamos un verdadero liderazgo que vaya en pro del beneficio colectivo, que no se caiga en esas luchas de palabras, en los insultos y descalificativos a los cuales lastimosamente estamos acostumbrados desde hace ya varios años, que entiendan que se necesitan mutuamente, que puede haber ideas contrarias, ideologías políticas distintas pero puede existir respeto a esas posiciones encontradas y que en definitiva han sido elegidos para solventar los graves problemas que aqueja a la nación.

Esperamos desde esta columna de opinión que ese entendimiento llegue más pronto de lo deseado, queremos prosperar dentro de estas tierras suramericanas, queremos seguir soñando que Venezuela puede llegar a ser en un futuro inmediato un país de progreso y de oportunidades para todos, en donde se conviva en sana paz, en donde solo exista bienestar y en donde esos tragos amargos los superemos y los recordemos en el futuro como enseñanzas de lo que no debe nunca más suceder en el país.

Así mismo, queremos no solo expresar ideas sobre el devenir político y el comportamiento que deben tener los dirigentes nacionales, también buscamos postular ideas legislativas necesarias para construir una agenda basada en la renovación de las políticas públicas que ayuden a nuestros mandatarios a crear el país posible y lleno de oportunidades que queremos, vistas desde el campo de la experiencia profesional y no desde posiciones partidistas, sin embargo algunas de las ideas que daremos mediante este articulo coincidan con las expresadas por factores políticos sin que esto sea entendido como una posición de nuestra parte a favor o en contra del gobierno o de la oposición.        

Las opiniones que expresaremos la hacemos desde un punto de vista objetivo, sin descalificativos alguno y abalado por lo estipulado en los artículos 57 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales citamos a continuación:

Artículo 57. “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”

Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”.

Es claro que nuestra carta magna nos da la libertad de expresar nuestras opiniones y de participar en los asuntos públicos de la nación, en virtud de ello proponemos unas reformas necesarias a la Asamblea Nacional para la construcción de una agenda legislativa en beneficio del colectivo.

Iniciamos estas propuestas expresando la necesidad de modificar una ley fundamental que darían piso jurídico solido para posibles cambios en las políticas públicas dirigidas a la mejora de la economía nacional, y la creación de una serie de normas que coadyuven en ese objetivo, nos referimos en primera instancia a la Ley Orgánica de Precios Justos, es necesario el estudio de las consecuencias que ha traído la implementación de esta norma en el sistema económico nacional, la gran discrecionalidad que le otorga a la Superintendencia de Precios Justos para la regulación de los precios de los distintos rubros ha afectado a la empresa privada, trayendo como consecuencia la escases de los productos alimenticios, medicinas, repuestos automotores, de higiene personal, y muchos otros.
La propuesta dada no se enfoca en la derogación total de la norma, lo que traería un vacío jurídico en esta área con consecuencias nefastas para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, la misma está dirigida a la mejora de áreas necesarias que la ley actual no contempla, como por ejemplo la escasa o inexistente regulación de derechos dirigidos a la protección de los usuarios como los contenía la anterior Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, debe nuevamente establecerse estos derechos en una norma mucho más amplia y garantista, así mismo, el establecimiento de procedimientos conciliatorios llevados ante la Superintendencia Nacional, en donde se le permita a los consumidores y usuarios, así como a los propietarios de los comercios resolver los distintos conflictos surgidos en vía amigable sin necesidad de llegar a utilizar la jurisdicción como mecanismo para solventar los mismos, ayudando de este modo a la desconcentración de las causas que se llevan ante el Poder Judicial.

Siguiendo este orden de ideas, la Ley Orgánica de Precios Justos debe ser modificada en el sentido de establecer mecanismos de concertación entre los usuarios, los productores y comerciantes, y el Estado para la implementación de la regulación de los precios justos, para que de manera efectiva se realice un combate contra el acaparamiento y la especulación existente en el país.

Ciertamente el Estado debe tener la potestad de control en esta área, pero esta no puede ser realizada de manera unipersonal, al contrario debe ser mediante un acuerdo entre los involucrados, a través del dialogo abierto de esta especie de comisión tripartita que permita realmente determinar cuál es el precio real de los distintos productos de la cadena de producción, comercialización y distribución.

Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma aquí dada conlleva la disminución de la potestad discrecional que tiene la Superintendencia en las facultades de fiscalización lo que ha traído como consecuencia la extralimitación de funciones por parte de los funcionarios actuantes, la misma debe estar ajustada al debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta reforma debe propender a garantizar el derecho a la defensa de todos los factores que conforman está área, eliminando las medidas preventivas como el comiso de bienes y el cierre temporal de empresas realizadas sin previa audiencia al interesado.

En tal sentido, la modificación legislativa debe garantizar que el Estado pueda realizar las fiscalizaciones con el debido respeto a los derechos humanos, creando mecanismos acordes para la realización de estos fines, estipulando de manera clara las facultades que tendrá el fiscalizador mediante un acta previamente levantada por la Superintendencia y con la debida identificación del funcionario actuante, así se evitaría la extralimitación de funciones por parte del ente administrativo.

Otra de las modificaciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos, es el establecimiento de sanciones proporcionales al hecho que las genera, trayendo consigo la disminución de las multas exorbitantes que contiene la actual norma, las mismas han conseguido que las empresas y los pequeños comerciantes se vean en la imperiosa necesidad de cerrar sus puertas en virtud del daño patrimonial que les genera las excesivas sanciones impuestas por la Superintendencia.

Todos estos puntos previamente expresados son los que consideramos acordes para una posible reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos. Queremos ser enfáticos en el sentido que no proponemos una eliminación total de la norma, ni de la facultad regulatoria del Estado, al contrario creemos necesario que el Estado a través de sus órganos y entes competentes deben tener esa facultad, y que la norma en la actualidad nacional es necesaria para el combate de flagelos y canceres sociales que se han venido produciendo en nuestra patria como lo son el acaparamiento de productos y la especulación en el establecimiento de los precios de los mismos, pero debe igualmente la norma ser garantista y respetuosa de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.

Siguiendo este orden de ideas expresadas, es necesaria la creación de una ley que regule el control de cambio, que establezca entre otras cosas lo siguiente:

-          Las causales por las cuales el Estado venezolano implementara el mismo;
-          El tiempo por el cual estará restringido el libre acceso de las divisas;
-          Los procedimientos administrativos para la adquisición de las mismas;
-          Los órganos y entes encargados de la ejecución de dicho control;
-          Las sanciones administrativas y penales que haya lugar en caso de incumplimiento de la norma;
-          Los procedimientos para la implantación de las sanciones mencionadas;
-          Las facultades de fiscalización del órgano o ente público acordes con el debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
-          Las responsabilidades administrativas y disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos;
-          La determinación de los tribunales y sus competencias con relación al control cambiario;
-          El establecimiento de los procedimientos judiciales dirigidos específicamente para el cumplimiento de las disposiciones en materia de control de cambio que revistan las más amplias garantías del debido proceso;
-          La repatriación de capital proveniente de ilícitos administrativos o penales realizados en contravención a las formas de adquisición de divisas y al uso adecuado con el que deben ser utilizados;
-          El establecimiento de disposiciones transitorias que busquen la eliminación gradual del actual control de cambio, sin que la derogatoria del actual sistema implique una afectación de la economía nacional.

Estas normas deben ser elaboradas con el más amplio consenso de todos los sectores económicos del país, a los fines de crear una base jurídica robusta que pueda ser utilizada en beneficio del colectivo y de los intereses económicos de la nación.

Ciertamente en la actualidad existen normas jurídicas que regulan estas áreas, pero casi todas de rango sub legal, es decir, por debajo de la ley, siendo que esta situación no es la idónea para el sano desenvolvimiento de los asuntos nacionales relativos al control de cambio, al contrario han sido objeto de innumerables críticas desde diversas áreas que van desde lo jurídico, económico e incluso político.

También hay que hacer la salvedad que el actual control cambiario en el cual está sometido el país, en el momento de su establecimiento era necesario en virtud de la crisis por la que atravesaba Petróleos de Venezuela S.A., en los años 2.002 y 2.003, esto derivado al paro petrolero y la ausencia de divisas existente en el país, sin embargo, la economía nacional después de estos años sufrió un repunte impresionante, lo que hubiese generado el desmantelamiento progresivo de este control, siendo que esta situación no ocurrió, por el contrario fueron modificados los sistemas cambiarios y los tipos de tasas de cambios, trayendo consigo que la población encontrara formulas para evadir el mismo realizando viajes al exterior utilizando las tarjetas de créditos para obtener un lucro particular, esto fue realizado sin la debida fiscalización por parte del Estado, y aunado a lo anterior los procesos de adquisición de divisas no tenían un control posterior a la entrega, es decir, no se verificaba que las divisas entregadas fueran utilizadas en la forma y manera como eran solicitadas, teniendo como consecuencia la creación de denominadas empresas de maletín que solicitaban las divisas y les eran adjudicadas las mismas pero que no cumplían con el fin para el cual eran pedidas, en este sentido, existe una corresponsabilidad entre el Estado y la población en el mal desenvolvimiento del actual control de cambio, estos aspectos deben ser objeto de un estudio profundo por parte de la Asamblea Nacional antes de la creación de la ley que acá proponemos a los fines de evitar a futuro que estos vicios se vuelvan a generar, desvirtuando así el fin para el cual fue creado y establecido el control cambiario.

Continuando con las propuestas legislativas, creemos necesario el fomento por parte del Estado mediante la creación de una ley de fomento para la implantación de empresas y micro empresas, de pequeños y medianos productores y comerciantes que ayude a desarrollar la economía productiva de la nación, a incrementar los niveles de producción de los distintos rubros, a evitar y combatir el monopolio de las macro empresas, a diversificar las opciones que tenga el consumidor en cuanto a la adquisición de los productos de distintas índoles, a lograr productos de calidad dignos de exportación que a su vez auxiliaría a una renovación económica, es decir, a que la producción nacional no esté basada únicamente en la renta petrolera sino que pueda valerse de distintos mecanismos de ingresos necesarios para sostener el gasto público.

Este fomento es una de las potestades del Estado, y en la actualidad es necesario la vuelta a esas políticas públicas que en otrora trajeron beneficios positivos a la nación, a los fines de ejemplificar mejor esta propuesta traemos a colación la política de fomento realizada por el Presidente Hugo Chávez de creación de cooperativas, las mismas tenían exenciones en materia impositiva, así como el otorgamiento de créditos denominados blandos para que estas realizaran su labor en pro del colectivo, es necesario que el Estado fomente nuevamente la creación de figuras jurídicas mercantiles o sociales, con reglas claras para el otorgamiento de créditos y facultades fiscalizadoras que vayan acorde con el debido proceso y los derechos económicos consagrados en la Constitución.                            

Así mismo, consideramos necesario una ley de fomento a las actividades agrícolas y agropecuarias, sin que esta propuesta sea entendida como una modificación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por el contrario creemos necesario una legislación que vaya de la mano con la anterior mencionada para garantizar la producción nacional y el desarrollo endógeno establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta norma a la que nos referimos estaría enfocada en fomentar mediante el establecimiento de créditos otorgados por parte del Estado a los pequeños y mediano productores nacionales para potenciar el desarrollo agrícola y agropecuario, teniendo como una futura consecuencia el mejoramiento de estas dos grandes áreas del quehacer productivo de la nación, dejando de lado la necesidad actual de importar las materias primas y los productos agroalimentarios dado que los mismos serian elaborados en nuestro país con la suficiente calidad y cantidad para garantizar el abastecimiento interno y el excedente poder ser exportado con un sello de hecho en Venezuela.

Sin embargo, estos créditos no pueden estar distanciados de las facultades fiscalizadoras que ostenta el Estado, por el contrario deben ir de la mano, el Estado debe controlar la entrega de los mismos a aquellos productores que cumplan los parámetros establecidos en la ley previo la realización de un estudio socio económico realizado a las personas que soliciten los créditos, así mismo, es una obligación de los órganos y entes públicos encargados en la materia de realizar un control posterior de los resultados obtenidos mediante el otorgamiento del financiamiento, de esta manera se busca la mayor transparencia por parte de todos los factores involucrados en esta actividad financiera.
                      
En cuanto al gasto público, es necesaria la reducción del mismo a niveles que el Estado pueda manejar de manera eficiente, por lo cual es necesario una ley marco sobre el gasto público, la cual busque su reducción, eliminando gastos superfluos o innecesarios en la Administración Pública, reduciendo aquellas unidades o estructuras administrativas no necesarias bien sea con la fusión de las mismas en otras dependencias o su eliminación previo la realización de un estudio profundo sobre los distintos órganos públicos, así mismo, estableciendo el control posterior al gasto que realizan los órganos de control fiscal, fortaleciendo aun más las facultades que estos ostentan otorgadas por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como un punto particular, es importante acotar la necesidad de dividir esa última norma mencionada en dos que busquen una mayor claridad sobre el control fiscal, es necesario que la Contraloría General de la República tenga su norma particular que regule su organización interna, así como las facultades de control fiscal de este órgano y los procedimientos que la misma sigue para lograr ese fin; y de igual manera, es necesario que exista una norma que regule al Sistema Nacional de Control Fiscal, una norma individualizada distinta de la que regula al órgano contralor, con órganos propios y facultades propias pero que trabajen de manera mancomunada para el combate efectivo de la corrupción latente en la administración.

Consideramos que estas propuestas dirigidas al área económica son necesarias en la actualidad, queda de parte de los parlamentarios tomar en consideración todas o algunas de las mismas, profundizarlas, desarrollarlas aun más, discutirlas con todos los sectores del país, buscando siempre el bienestar del colectivo, el bienestar de nuestra nación.

Sin embargo, habrán muchas otras propuestas distintas y diversas que también deben ser consideradas por los parlamentarios, teniendo siempre en mente que todas son una suma de voluntades que buscan un mismo objetivo, el bien común de todos los venezolanos.

Desde esta columna de opinión hacemos énfasis en que las mismas son producto de la experiencia profesional y ciudadana, y no de aspectos políticos partidistas, por cuanto no pertenecemos a organización política alguna, somos profesionales dedicados a resolver los conflictos de la población dando respuesta inmediata a todos ellos, desde nuestras limitadas  posibilidades.

En una futura entrega estaremos realizando propuestas a la Asamblea Nacional mediante esta carta abierta sobre otra de la problemática que enfrenta el venezolano en su día a día como lo es la inseguridad.

Hasta una próxima entrega…


Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis