jueves, 18 de septiembre de 2014

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domingo, 23 de marzo de 2014

Registros y Notarias ¿Eficiencia o Ineficiencía Administrativa?

Registros y Notarias
¿Eficiencia o Ineficiencia Administrativa?

Escrito por:
Alonso José Macias Luis
23/03/2014

El ejercicio libre de la profesión de Abogado es cada día más difícil de realizar, no solo por la impunidad y falta de justicia reinante dentro de los tribunales de la República, sino por la ineficiencia administrativa existente en los órganos y entes de la Administración Pública nacional, estadal y municipal.

Los registros y notarias a nivel nacional es un claro ejemplo de esta afirmación. Protocolizar o autenticar un documento se ha vuelto cuesta arriba por la cantidad de trabas que han colocado estos entes administrativos, tales como las extensas colas en tempranas horas que se deben realizar por la limitación en el número de trámites que reciben diariamente, los cuales oscilan entre 6 a 30 dependiendo del registro o la notaria a la cual acudamos; la excesiva documentación que solicitan para soportar el documento, la cual no está sustentada legalmente; la ausencia de criterios unificados en los actos y negocios jurídicos llevados a cabo dentro de este servicio, los cuales son cambiados de forma arbitraria por parte de los registradores y notarios; el trato otorgado por el funcionario público a las personas que acudimos a solicitar de los servicios registrales o notariales; entre otros problemas que se presentan día a día.

Ahora bien, ¿Cuál es la raíz de estos problemas? ¿Por qué el servicio de registros y notarias carece en la actualidad de eficiencia administrativa? Son preguntas que diariamente los abogados en ejercicio nos realizamos sin encontrar una respuesta inmediata, para esto, debemos hacer un pequeño recordatorio de los cambios sufridos en este sistema para lograr aclarar estas interrogantes.

En el año 2001, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías mediante ley habilitante dicta el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado publicado en la Gaceta Oficial N° 37.333 de fecha 27 de noviembre de ese año, el cual tenía como objetivo la modernización de la institución registral, así como, la unificación legislativa del sistema registral y notarial el cual se encontraba disperso en varias normas de rango legal y sub legal.

Mediante esta norma se creó la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Este órgano desconcentrado tenía la función de centralizar la información y recursos obtenidos por el ejercicio de la función registral y notarial, sin embargo, a pesar de la creación de este órgano en la práctica nunca entró en funcionamiento, por lo cual los Registros y Notarias seguían ejerciendo el control en cuanto a la captación y distribución de los recursos que ingresaban a sus arcas.

Esta competencia que tenían los Registradores y Notarios en el manejo de los recursos públicos que fuesen recaudados se mantuvo vigente motivado a que el decreto ley no derogó la Ley de Arancel Judicial, la cual en su artículo 43 establecía que los Registros Mercantiles y las Notarias podían distribuir unos porcentajes de los ingresos captados entre el Registrador y Notario, los jefes de servicios y el personal adscrito a estos órganos administrativos. El artículo in comento estipula los porcentajes de la siguiente manera:

“En los Registros Mercantiles y Notarías se aplicará el producto de los aranceles, en primer término, a pagar a los empleados y obreros que no tengan remuneración presupuestaria, y a cubrir los demás gastos que exija el funcionamiento de la oficina.

Del remanente, después de haber deducido los porcentajes que por Ley corresponde a los Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social del Abogado, se destinará un diez por ciento (10 %) para la formación del Fondo de Previsión Social de Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, mediante la figura del servicio autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Justicia y con especial atención a la creación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

El saldo se distribuirá de la siguiente forma:

Treinta y cinco por ciento (35 %) para el Registrador Mercantil; quince por ciento (15%) para la jefatura de servicio; y cincuenta por ciento (50%) para el personal adscrito al respectivo Registro Mercantil. Al personal obrero le será asignado un sueldo básico, fijado por el Ministerio de Justicia, del porcentaje de gastos generales. El remanente del ingreso neto en las Notarías Públicas será distribuido en la siguiente proporción: Treinta y cinco por ciento (35%) para el Notario, quince por ciento (15%) para el Jefe de Servicio Revisor, dos por ciento (2%) para el Jefe de Archivo y el cuarenta y ocho por ciento (48 %) para los Escribientes.

De cada distribución mensual deberá enviarse copia al Ministerio del Justicia, Instituto de Previsión Social del Abogado y el respectivo Colegio de Abogados, por quien corresponda”.

Esta norma que por omisión del legislador no fue derogada, traía como consecuencia que los funcionarios públicos que laboraban en los Registros Mercantiles y en las Notarias percibieran ingresos por porcentaje en la realización del servicio, lo que hacía que la institución registral y notarial venezolana funcionará de manera eficiente al tener los recursos suficientes para ejercer esta función.  

Sin embargo, no fue la única omisión que el legislador realizó en la implantación del decreto ley, por cuanto no estipulo las tasas que debían ser cobradas como derechos registrales en la protocolización y autenticación de los actos y negocios jurídicos, sino que estipulo que mediante decreto el Presidente de la República en Consejo de Ministros podía determinar los aranceles a cobrar a los usuarios por los servicios registrales y notariales.
Esta situación fue tratada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de mayo de 2002 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la cual establece:
El Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, en su artículo 15 ordenó al Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa solicitud del Ministro del Interior y Justicia, la fijación de los aranceles que cancelarán los usuarios por concepto de registros y notarías.

Para esta fecha tal fijación no ha tenido lugar y la Ley de Registro Público de 5 de octubre de 1999, que señalaba derechos registrales, quedó derogada conforme a la Disposición Derogatoria Primera de la vigente Ley, por lo que los derechos registrales previstos en la Ley de Registro derogada no se encuentran vigentes, y así se declara.

En cuanto a los aranceles notariales, se encuentra vigente lo que dispone el Decreto Ley de Arancel Judicial de 5 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.391 de 23 de octubre de 1999, y así se declara.

No existiendo derechos registrales que pagar, considera la Sala que no hay razón, ni puede la Sala exonerar a los prestatarios en lo concerniente a los derechos notariales, y así se declara”.     
         
La sala estipuló la inexistencia de derechos registrales, teniendo como consecuencia que los registros no podían cobrar ningún tipo de tasas por la prestación de sus servicios. Es importante resaltar que esta prohibición era aplicable únicamente para los Registros Principales y los Públicos, conocidos anteriormente como Subalternos e Inmobiliarios, y no para los Registros Mercantiles y las Notarias las cuales si percibían ingresos por concepto de cobro de tasas en virtud de lo establecido en la Ley de Arancel Judicial.

En el año 2004, nuevamente la Sala Constitucional aborda esta problemática en sentencia de fecha 14 de septiembre de ese año, en ponencia del Magistrado Antonio García García, en la cual anuló el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado por ser contrario a lo estipulado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sala argumento su decisión en la siguiente forma:

“… En el impugnado artículo 15 se dejó al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la determinación y fijación de dos esenciales elementos de una obligación tributaria: el hecho generador y la alícuota. Ni uno ni otro aparecen en la ley, en franca violación del principio de la legalidad tributaria preceptuado en el artículo 317 de la Constitución, según el cual:

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”.

… El artículo 15 del decreto-legislativo impugnado califica como aranceles al pago que debe hacerse por servicios de registro y notariado. Esta Sala prefiere calificarlo, al menos a efectos de este fallo, como tasas, pues es lo que son. Es cierto que en otros países (España y algunos de Latinoamérica) se emplea el vocablo arancel para identificar el pago de servicios de notaría, pero es el caso que la actividad notarial es distinta en esos países. Así, en esos países los notarios son Licenciados en Derecho autorizados para dar fe pública y, como pago por su labor, cobrar honorarios. En esos países, la función notarial implica una especie de concesión de servicio público y entonces se admite que los notarios cobren honorarios, si bien regulados por el Estado.

El Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y Notariado no contiene ningún tributo, según se ha indicado. Ahora, lo normal es pensar que los pagos son tasas, tal como la propia doctrina venezolana lo ha considerado (por ejemplo, Vigilanza García, “Problemática jurídica en torno a la legislación sobre ‘aranceles’, tasas registrales y notarías en el Derecho venezolano”, Revista de Derecho Tributario, N° 98, 2003). Sin embargo, debe advertir la Sala que la derogada Ley de Registro Público contenía algunos supuestos que en realidad debían ser encuadrados como impuestos, pues no se pagaba por la operación registral sino por la negociación que se celebraba.

La intención del artículo 15 del decreto-legislativo demandado tal vez fue conferir al Ejecutivo Nacional el poder para aumentar las alícuotas de las tasas registrales y notariales, haciéndolas escapar de la rigidez que rodea las leyes. Sin embargo, constitucionalmente ello no es posible entre nosotros, aunque lo sea en otros países. 

Por supuesto, es necesario distinguir entre tasa y precio público, nociones bastante trabajadas por la doctrina reciente. Según el modelo de Código Orgánico Tributario para la América Latina, “no es tasa la contraprestación de servicios no inherentes al Estado.” Esas contraprestaciones son los denominados precios públicos, que al no ser tributos no requieren creación ni regulación legal.

En el caso de registros y notarías, es indudable que el servicio es inherente al Estado: los particulares están obligados a recurrir a él en ciertos casos, o al menos se hace aconsejable si pretenden disfrutar de la fe pública, que sólo la proporciona el Estado.

En consecuencia, no es posible afirmar que los servicios registrales y notariales sean “precios públicos” y no tasas, cuando la “fe pública”, principal beneficio obtenido del registro o protocolización de documentos, no es obtenible de prestadores de servicios particulares. Quedan a salvo los pagos que se efectúen en las dependencias registrales y notariales que, siendo importantes para la prestación del servicio, no sean en sí mismo producto del acto de registro o notariado.

Por lo expuesto, esta Sala declara con lugar la presente denuncia y, en consecuencia, anula el artículo 15 del Decreto con Fuerza de ley de Registro Público y Notariado. En vista de que hasta la fecha no se ha hecho uso de la facultad que otorgaba el artículo anulado, se hace innecesario fijar efectos retroactivos a la decisión”.

La decisión emanada de la Sala Constitucional diferenció las figuras de tasa, arancel y precio público, estipulando que los derechos registrales son tasas, siendo que su implantación está apegada al principio de legalidad, el cual no se encuentra configurado en el artículo 15 antes referido, teniendo como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.

Sin embargo, la decisión de la Sala Constitucional no contribuía con resolver el problema de fondo que se presentaban en la protocolización de documentos en los Registros Principales y Públicos, produciéndose la ineficiencia en la actividad registral presentada en estos órganos desconcentrados, en virtud que no obtenían ingresos y no podían solucionar las situaciones que se presentaban en estas sedes a diario, a pesar de esto, la sentencia ayudó en la obtención de seguridad jurídica en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 15 antes referido.

En cuanto a los Registros Mercantiles y las Notarias estos si percibían ingresos, teniendo como consecuencia que la situación presentada en estos órganos era completamente opuesta a la vivida dentro de los Registros Principales y Públicos, el servicio se prestaba de forma eficiente en razón que los Registradores Mercantiles y los Notarios percibían ingresos, manejaban los recursos y el saldo remanente era distribuido entre los funcionarios que estaban adscritos a ambos órganos.

En virtud de la decisión del año 2004 de la Sala Constitucional, el decreto ley fue derogado por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Registro Público y del Notariado publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006, la cual subsanaba las deficiencias que tenía el decreto legislativo del año 2001, implantando en el título V de la ley las tasas e impuestos a cobrar por los Registros y Notarias que serían destinadas al recién creado Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en sustitución de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado.

La ley del 2006 establece que el Servicio Autónomo de Registros y Notarias, conocido por sus siglas SAREN, realizará la coordinación, inspección y control de los distintos Registros y Notarias existentes en el país, es decir, la norma centralizó la función registral en un órgano desconcentrado, cambiando de forma drástica la configuración orgánica del sistema, así como la percepción y distribución de los ingresos percibidos por la prestación del servicio.

Los ingresos percibidos por la actividad registral son manejados directamente por el SAREN, en virtud de la derogatoria de la Ley de Arancel Judicial, siendo esta la principal causa de la ineficiencia administrativa presentada en el sistema; ya los Registradores, Notarios, Jefes de Servicios y personal adscrito a los Registros y Notarias no perciben los porcentajes que estipulaba esa norma, sino una remuneración tabulada por el órgano desconcentrado, siendo en la mayoría de los casos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los funcionarios y su núcleo familiar.

La función registral y notarial que en tiempos pasados era deseada por los Abogados de la nación, en la actualidad no es bien remunerada, es una actividad ineficiente a causa de lo que se conoce como operación morrocoy practicada por las personas que están dentro del sistema, que quieren un cambio al estatus remunerativo anterior, teniendo consecuencias directas para los usuarios que necesitan de la institución registral para protocolizar o autenticar los diversos actos y negocios jurídicos que establece el ordenamiento jurídico nacional.

De igual forma, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias ha sido ineficiente en el control de las funciones ejercidas por los Registros y Notarias, así como en la distribución de los recursos que ingresan a las arcas públicas, aspectos estos que inciden en la prestación del servicio público tornándolo a todas luces ineficiente, generando un caos en la institución registral nacional, la cual es necesaria para garantizar la certeza jurídica de todos los actos y negocios jurídicos que allí se efectúan.

La posible solución a esta problemática presentada en el sistema registral, que lejos de ser resuelta por el gobierno nacional, se ha ido acrecentando con el transcurrir del tiempo, en virtud de decisiones políticas que afectan el servicio, tal como la implantación de un sistema automatizado creado, implementado e instalado mediante un convenio con la República de Cuba, no se ve a corto plazo.

Como probable respuesta a esta problemática presentada en el sistema, esta la modificación legislativa de la Ley de Registro Público y del Notariado y del Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en la cual se implementen metas de recaudación para los distintos órganos, y en aquellos casos que estas metas sean cubiertas, los excedentes recaudados por la actividad registral y notarial sean percibidos directamente por el registro o notaria respectiva, para cubrir las necesidades propias del servicio y ser distribuidos de forma equitativa por todos los funcionarios adscritos a estos órganos.

La solución a la problemática está en manos del gobierno nacional. Lo que si queda claro es que la función registral y notarial es esencial para el buen desarrollo de la nación. El servicio debe funcionar de manera eficiente para cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula, buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede ser otorgada por el sistema, previendo de esta manera irregularidades y conflictos entre los particulares que deban ser resueltos por los órganos de administración de justicia.


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miércoles, 19 de marzo de 2014

Programa Radial Derecho a la Manifestación vs Derecho al Libre Tránsito

Descarga la entrevista realizada por Graciela Beltrán Carías al Abogado Alonso Macias sobre el Derecho a la Manifestación vs Derecho al Libre Tránsito    https://docs.google.com/file/d/0BzxCQq3mxbzyZ05aZ2dwM0hjV0k/edit

domingo, 16 de marzo de 2014

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes  http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm

Archivo Jurisprudencial

“El Caso Rosita”

Escrito por:
Alonso José Macias Luis
16/03/2014


El caso “Rosita” ha sido uno de los más sonados en el país, por cuanto se encuentra vinculada la actriz y modelo Jimena Araya quien encarnó y popularizó al personaje Rosita en el programa “A que te ríes” transmitido por Venevisión.

El asunto judicial fue iniciado en el año 2012, el Ministerio Público acusó a la actriz por presuntamente participar en la fuga de Héctor Guerrero apodado “El Niño Guerrero”, del Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón.

Posteriormente en fecha 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Aragua emite orden de aprehensión contra Araya por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y fuga de detenido en grado de cooperador, establecidos en los artículos 83, 254 y 264 del Código Penal.

En fecha 29 de octubre de 2012, mediante un procedimiento llevado a cabo por la Policía del Estado Carabobo fue capturada sin oponer resistencia la actriz en la ciudad de Valencia, quien fue puesta a la orden de la Fiscalía.

El Tribunal de Control en fecha 07 de noviembre de 2012, otorga a Araya una medida sustitutiva de libertad de presentación cada 15 días, y la prohibición de salir de la jurisdicción del Estado Aragua, no sin antes haber rechazado a 20 fiadores en el otorgamiento de la medida.

Mediante un operativo llevado a cabo en la ciudad de Barquisimeto por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), se logro la captura de Héctor Guerrero, quien según información suministrada por sus abogados, negó la participación de Jimena Araya en su fuga de la cárcel de Tocorón.

Actualmente el caso Rosita espera por una sentencia definitiva, el tribunal de control ha diferido la realización de las audiencias en diversas oportunidades, constituyendo esto un claro ejemplo de la ausencia de celeridad procesal que reina en nuestro sistema de justicia penal.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la relevancia de este caso radica en varios aspectos. El primero de estos es el principio que rige en todos los procesos judiciales y administrativos conocido como presunción de inocencia, el cual está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 2 que establece:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: …

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario…”

Desde esta perspectiva el Estado violento este principio de jerarquía constitucional. La actuación desplegada por el Ministerio Público, al imputar sin tener suficientes elementos de convicción configura una violación de este principio, se presumió la culpabilidad antes de la inocencia, siendo que este órgano del Estado es el que tiene la carga de probar en todo proceso penal la culpabilidad del imputado, y no como comúnmente sucede que es la defensa técnica la que busca demostrar la inocencia de su representado.  

Así mismo, la opinión pública se presentó dividida, algunas personas apoyaron a la actriz de forma irrestricta, y otros la condenaron realizando acusaciones que no han sido demostradas en el proceso penal.

Cada destacar que el principio de presunción de inocencia es un factor fundamental dentro de nuestro sistema jurídico, los órganos del Estado deben garantizar la plena vigencia del mismo en todos los asuntos judiciales y administrativos que conozca. De igual forma, como ciudadanos no debemos emitir juicios de valor de manera pública sin tener la plena convicción de los hechos acontecidos en determinado asunto.

El segundo aspecto destacable en este caso, es la responsabilidad que tiene el Estado en el resguardo y control de los centros penitenciarios, siendo que desde hace varias décadas el Estado ha ido perdiendo poder sobre estos establecimientos, cediendo paso a los llamados lideres negativos conocidos comúnmente como PRAN.

Los pranes en la actualidad son los que tienen el control de los centros penitenciarios, en este sentido, el Estado debe implementar planes y acciones que vayan encaminados a recuperar esos espacios, para que realmente se cumpla su objetivo como lo es la reinserción social del penado a la sociedad como un hombre de bien.

La fuga de un interno es responsabilidad directa del Estado, por cuanto es el que tiene la atribución constitucional y legal de ejercer el control sobre los establecimientos penitenciarios.

Otro aspecto inmerso dentro de este caso es la presencia de la corrupción dentro del sistema penitenciario, los funcionarios públicos responsables del resguardo deben tener una actitud proba, el Estado no debe permitir por ningún motivo que este flagelo gobierne dentro de las cárceles, sin embargo, desde hace algún tiempo la realidad es que las penitenciarías son los sitios donde más abunda este cáncer social.

El Estado debe igualmente implementar proyectos que busquen la disminución de este flagelo, de igual manera, debe ejercer el poder de imperio que ostenta para castigar a aquellas personas que se valen de esta figura para obtener un beneficio personal, venga de donde provenga esta persona, sea funcionario, reo o un simple particular que cometa un acto de corrupción dentro del sistema penitenciario.

El caso “Rosita” ha puesto en evidencia el gran deterioro que vive los centros penitenciarios, ha sido publicitado por todos los medios de comunicación social, por la sola presencia de la actriz Jimena Araya como protagonista del mismo, pero la realidad es que hay muchos casos de corrupción, violación a la celeridad procesal y a la presunción de inocencia, así como de incumplimiento de obligaciones del Estado en el resguardo y control de estos centros que no son conocidos por la opinión pública, pero que son el día a día dentro de las cárceles venezolanas.

En cuanto a la actriz y modelo Jimena Araya, actualmente se encuentra ejerciendo funciones de Directora de Derechos Humanos dentro del partido político Podemos, apartándose de su imagen de bomba sexy lograda con su popular personaje “Rosita”, igualmente está a la espera de la definición de su estatus jurídico, ha asumido una gran responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales, tratando de reivindicar su imagen pública la cual se vio manchada con estos hechos.




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lunes, 3 de marzo de 2014

Responsabilidad del Estado por Omisión en el desarme de los colectivos como grupos armados de choque

  
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
03/03/2014


La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece dentro de su articulado la responsabilidad que tiene el Estado, tanto por acción como por omisión, en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, lo cual constituye el denominado “Bloque de la Constitucionalidad”, en los que encontramos a los artículos 2 como valor superior del Estado; 30 siendo la obligación de indemnizar por las violaciones de los derechos humanos que le sean imputables; 49.8 en cuanto a la responsabilidad del Poder Judicial; 139, 140 y 141 correspondientes a la responsabilidad individual del funcionario, a la patrimonial del Estado, así como un principio de actuación de la Administración Pública, respectivamente; y por último el 259 que le otorga a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para condenar al pago de sumas de dinero al Estado Venezolano.

Es importante destacar el contenido de los artículos 2, 30 y 140 de la carta magna, en el siguiente sentido:

Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 30. “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluso el pago de daños y perjuicios…”.

Artículo 140. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.

Es claro que nuestra la Constitución de 1999 estipula la responsabilidad que tiene el Estado cuando, cualquiera de los órganos o funcionarios que lo componen violenten los derecho humanos garantizados en el ordenamiento jurídico.

Esta responsabilidad implica el resarcimiento patrimonial a los afectados por la violación en sus derechos fundamentales, siempre y cuando sea demostrado el nexo causal, es decir, la vinculación entre el daño y el Estado, y que esté ha ocasionado una disminución del patrimonio del particular.

En el caso que nos atañe, el Estado Venezolano ha sido negligente en el desarme de los denominados Colectivos, los cuales se han identificado como grupos afectos al proyecto político que encarnó el fallecido Presidente Hugo Chávez Frías, y ahora lo lidera el Presidente Nicolás Maduro, sin embargo, este último se ha desvinculado de éstos, al proclamar en fecha 15 de febrero de 2014, durante la manifestación convocada por el gobierno nacional en la Avenida Bolívar de Caracas que:

"… No acepto grupos violentos en el campo del chavismo y la revolución, quien quiera tener armas para combatir con armas, que se vaya del chavismo… Aquel que salga con armas a la calle, se procederá legalmente. Tiene que haber disciplina, mando único, claridad estratégica, verticalidad en el mando y en el comando de la revolución… no serán corrientes anárquicas, violentas, las que aporten nada a esta revolución de paz".

A pesar de estas declaraciones dadas por el Primer Mandatario nacional, personeros vinculados al gobierno han desconocido que los colectivos porten armas de fuego, tal como lo hizo a la redacción del diario 6to Poder el ex Alcalde Metropolitano de Caracas Juan Barreto, quien señalo: “… la oposición “mitómana” no puede probar que los colectivos están armados”.    

Sin embargo, en diversas oportunidades han sido publicadas fotografías en los medios de comunicación social, así como en las redes sociales, de miembros de estos colectivos portando armas de fuego, tal como sucedió con el autodenominado “La Piedrita” quien presentó a sus militantes y a niños de la parroquia 23 de Enero con armamento bélico.

Ciertamente estos grupos han sido creados inicialmente como una fuerza laboral de trabajo, en la actualidad su finalidad ha sido desvirtuada, convirtiéndose en brazos armados, a pesar de las declaraciones dadas por altos funcionarios en las cuales se han desvinculados de los mismos, siguen actuando con absoluta impunidad al portar y usar armas de fuego que sólo la Fuerza Armada Nacional tiene la competencia tanto constitucional como legal de fabricar, importar, exportar, almacenar, controlar y poseer; infringiendo de este modo las leyes de la República, ocasionándole al Estado la obligación de indemnizar a las víctimas por la violación de los Derechos Humanos de los particulares, tales como, la vida y la propiedad, convirtiéndose estos grupos armados en Delincuencia Organizada como lo define el artículo 4 numeral 9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la cual estipula:

Artículo 4 numeral 9. “Delincuencia Organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
Para argumentar esta obligación que tiene el Estado con los particulares, los artículos 3 numeral 8, 82 y 91 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones dictada por la Asamblea Nacional en fecha once (11) de junio de 2013, y publicada en Gaceta Oficial N° 40.140 de fecha diecisiete (17) de junio de 2013, estipula la definición de desarme; la reserva del Estado de la fabricación, importación, exportación, tránsito y comercialización de las armas de fuego; y los procedimiento de recuperación de armas, respectivamente.

A los efectos de la norma antes mencionada se entiende como desarme “… la acción del Estado orientada a fomentar la entrega voluntaria o la recuperación forzosa de armas de fuego y municiones que se encuentren en el territorio y demás espacios geográficos de la República… amparada en el absoluto respeto y protección de los derechos humanos”.

Ahora bien, los procedimientos estipulados por la norma para el desarme realizado de manera forzosa son la incautación, decomiso, confiscación y colección, teniendo como consecuencia para la persona que porte el arma de fuego una pena de prisión de cuatro (04) a ocho (08) años.

Esta responsabilidad penal establecida para el portador del arma de fuego, no excluye la que tiene el Estado de indemnizar a las víctimas, que en virtud de la omisión realizada hayan sido vulnerados sus derechos humanos.  

En tal sentido, se verifican los supuestos de procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión, por cuanto se comprueba el nexo causal en el hecho que el desarme es una acción del Estado y que éste tiene la reserva exclusiva de la posesión y comercialización de armas de fuego, y al no realizar los procedimientos estipulados en la norma, está siendo ineficiente en su obligación legal de desarmar a los colectivos. En relación al daño patrimonial, si en virtud del porte ilegal de armas de fuego, los denominados colectivos violentan derechos humanos como la propiedad, esta puede ser cuantificada de manera monetaria, estableciendo el monto del daño ocasionado.       

En conclusión, independientemente si los colectivos apoyan o no las políticas públicas y el proyecto político puesto en marcha por el gobierno nacional; el Estado tiene la obligación de realizar el desarme inmediato de los mismos para así garantizar la paz en la República, y poder cumplir a cabalidad con sus competencias establecidas tanto en la Constitución de 1999 y las diversas leyes que regulan la materia.     




En Gaceta Oficial: Ley para el Desarme

Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones http://www.tsj.gov.ve/gaceta/junio/1762013/1762013-3725.pdf#page=2

jueves, 20 de febrero de 2014

Derecho a la Manifestación vs. Derecho al Libre Tránsito

Escrito por:
Alonso José Macias Luis
20/02/2014


La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza en su artículo 68 el Derecho a la Manifestación en la siguiente forma:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Es claro que nuestra carta magna garantiza el derecho a la manifestación pública pacífica y sin armas, así como la prohibición al Estado Venezolano de utilizar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacificas.    

Ahora bien, la norma que regula el derecho a la manifestación es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013 de fecha 23 de Diciembre de 2010, la cual en su artículo 41 estipula lo siguiente:

“Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que establezcan las leyes”.

En tal sentido, ambas normas establecen el derecho a la manifestación pública, estipulando que la ley es la que debe normar las limitaciones a este derecho.

En cuanto a esta limitación, la ley antes referida regula en su artículo 43 que los organizadores de las reuniones y manifestaciones públicas deben participar a la primera autoridad civil con veinticuatro (24) horas de anticipación el lugar, día, hora y objeto que se persigue con esa reunión o manifestación.

La norma le otorga una obligación a los organizadores de las reuniones públicas o manifestaciones de participar la realización de la misma ante la primera autoridad civil, es decir, ante el Alcalde del Municipio donde se vaya a realizar la manifestación, siendo que no estipula nada en relación con aquellas manifestaciones o reuniones que se den de forma voluntaria.

Así mismo, el referido artículo 43, estipula es una obligación de participar, sin otorgar competencia a la primera autoridad civil para aprobar o negar la reunión o manifestación, siendo que la única limitación al respecto la prohibición contenida en el artículo 48 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, sobre la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político con uso de uniformes.
En cuanto a las manifestaciones que se produzcan de forma espontanea por los miembros de la sociedad civil, la referida ley en su artículo 49, le confiere a la primera autoridad civil la posibilidad de ejercer todas las medidas preventivas tendientes a evitar las reuniones o manifestaciones sin que se realice la participación respectiva, limitando de esta forma el derecho a la manifestación, siendo que la medida preventiva que sea dictada por la autoridad civil carecería de constitucionalidad por ser contraria a la norma contenida en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual solo estipula que las manifestaciones deben ser pacificas y sin armas sin otra limitación.

En cuanto, al Derecho al Libre Tránsito el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula:

“Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.

Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.

La norma constitucional antes citada, garantiza el libre tránsito a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de la República, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes dictadas por los órganos competentes.

En tal sentido, tanto la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones como la Ley de Tránsito Terrestre publicada en Gaceta Oficial N° 38.985 de fecha 01 de Agosto de 2008, garantizan el pleno ejercicio de este derecho cuando exista una manifestación pública, en sus artículos 51 y 74, respectivamente.

Es importante destacar el contenido del artículo 51 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones en el siguiente sentido:

“Las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones que traten de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Así como también aquellas que traten de fomentar desordenes u obstaculizar el libre tránsito.

Los aprehendidos o aprehendidas in fraganti serán penados o penadas con arresto de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a que pudiera haber lugar”.

La norma le permite a las autoridades la disolución de las manifestaciones que obstaculicen el libre tránsito, así como, de aquellas que traten de impedir las reuniones de los cuerpos deliberantes, tales como la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos o los Concejos Municipales, políticos, judiciales o administrativos, siendo que esta norma carece de constitucionalidad, por cuanto el referido artículo 68 de la Constitución de 1.999, prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacificas, por lo cual, estas manifestaciones no podrán ser reprimidas de forma violenta, y en el caso que sean disueltas de esta manera, las autoridades que ejecuten esta represión tienen responsabilidad civil, penal y administrativa conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.     

Ahora bien, el ejerció de un derecho de rango constitucional no puede ir en detrimento de otro derecho de igual rango, en otras palabras, el derecho a la manifestación no puede afectar el derecho al libre tránsito que tenemos los ciudadanos, por lo que en el ejercicio del primero de los derechos citados no pueden realizarse cierre arbitrarios de calles o avenidas, ni mucho menos realizar actos que sean contrarios a la paz pública, tales como la quema de cauchos, desperdicios sólidos, ramas de árboles u otros objetos que obstaculicen la vía pública tanto para los peatones como a los vehículos, así como el daño de bienes públicos o privados.

En conclusión, como ciudadanos debemos tener en cuenta que el ejercicio del derecho a la manifestación debe realizarse siempre de forma pacífica y que este derecho no se encuentra en un nivel superior al derecho al libre tránsito, por cuanto ambos tienen rango constitucional.