lunes, 25 de julio de 2016
domingo, 13 de diciembre de 2015
Carta Abierta a la Asamblea Nacional. Primera Parte
Carta
Abierta a la Asamblea Nacional
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
13/12/2015
El
pasado domingo 06 de Diciembre del año 2015, Venezuela fue protagonista de un
magistral proceso electoral en donde se renovaron los representantes del
parlamento nacional, el mismo fue abalado y alabado por distintos organismos
internacionales que fungieron como acompañantes, dando claras muestras que el
pueblo venezolano tiene una profunda raíz democrática y que quiere vivir bajo
ese sistema político durante muchos años más.
Una
vez dados los resultados electorales los distintos actores políticos de la vida
nacional dieron sus opiniones reconociendo la voluntad expresada por el pueblo
venezolano, así como mostrando señales de victoria sin revanchismo, el mismo
que en otrora le ha hecho tanto daño al país.
Sin
embargo, días posteriores al proceso electoral los ánimos se volvieron a
caldear, declaraciones de ambos bandos comenzaron nuevamente la retorica
revanchista, cada una aferrada a sus posiciones particulares, a su criterio de
cómo debe ser país, sin importar la opinión expresada por el pueblo en las
urnas electorales.
Declaraciones
dadas por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Allup
sobre el despido de personal y la reconstitución de la televisora perteneciente
a la Asamblea Nacional produjo reacciones en el primer mandatario nacional, en
el sentido de hacer cambios en la estructura administrativa, así mismo, las
declaraciones sobre la posible Ley de Amnistía para los llamados presos
políticos fue rechazada por el Presidente de la República al considerarla que
atenta contra los Derechos Humanos de las víctimas de las llamadas
guarimbas.
Todo
esto hace ver que el panorama político para el año 2016 no será el de dialogo,
conciliación y trabajo conjunto que deben tener los distintos poderes públicos
para lograr los fines del Estado como lo reza nuestra Constitución.
El
pueblo venezolano se expreso, quiere un rumbo distinto, quiere que el país sea
dirigido a un buen curso, quiere que los actores políticos trabajen
mancomunadamente sin diatriba política que no ayuda a solucionar los verdaderos
problemas que sufrimos los venezolanos como lo son la economía y la inseguridad,
tan solo por mencionar alguna de las vicisitudes que están presente en el día a
día de la vida nacional.
Por
esta razón hacemos votos por que los distintos actores políticos que conviven
en el país se reconozcan y vean que en la unión esta la fuerza, que deben
trabajar por el bienestar de los venezolanos, de esta hermosa nación,
necesitamos un verdadero liderazgo que vaya en pro del beneficio colectivo, que
no se caiga en esas luchas de palabras, en los insultos y descalificativos a
los cuales lastimosamente estamos acostumbrados desde hace ya varios años, que
entiendan que se necesitan mutuamente, que puede haber ideas contrarias,
ideologías políticas distintas pero puede existir respeto a esas posiciones
encontradas y que en definitiva han sido elegidos para solventar los graves
problemas que aqueja a la nación.
Esperamos
desde esta columna de opinión que ese entendimiento llegue más pronto de lo deseado,
queremos prosperar dentro de estas tierras suramericanas, queremos seguir
soñando que Venezuela puede llegar a ser en un futuro inmediato un país de
progreso y de oportunidades para todos, en donde se conviva en sana paz, en
donde solo exista bienestar y en donde esos tragos amargos los superemos y los
recordemos en el futuro como enseñanzas de lo que no debe nunca más suceder en
el país.
Así
mismo, queremos no solo expresar ideas sobre el devenir político y el
comportamiento que deben tener los dirigentes nacionales, también buscamos
postular ideas legislativas necesarias para construir una agenda basada en la
renovación de las políticas públicas que ayuden a nuestros mandatarios a crear
el país posible y lleno de oportunidades que queremos, vistas desde el campo de
la experiencia profesional y no desde posiciones partidistas, sin embargo
algunas de las ideas que daremos mediante este articulo coincidan con las
expresadas por factores políticos sin que esto sea entendido como una posición de
nuestra parte a favor o en contra del gobierno o de la oposición.
Las
opiniones que expresaremos la hacemos desde un punto de vista objetivo, sin
descalificativos alguno y abalado por lo estipulado en los artículos 57 y 62 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales citamos a
continuación:
Artículo 57. “Toda persona
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones
de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura…”
Artículo 62. “Todos los
ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o
elegidas…”.
Es
claro que nuestra carta magna nos da la libertad de expresar nuestras opiniones
y de participar en los asuntos públicos de la nación, en virtud de ello
proponemos unas reformas necesarias a la Asamblea Nacional para la construcción
de una agenda legislativa en beneficio del colectivo.
Iniciamos
estas propuestas expresando la necesidad de modificar una ley fundamental que
darían piso jurídico solido para posibles cambios en las políticas públicas
dirigidas a la mejora de la economía nacional, y la creación de una serie de
normas que coadyuven en ese objetivo, nos referimos en primera instancia a la Ley Orgánica de Precios Justos, es
necesario el estudio de las consecuencias que ha traído la implementación de
esta norma en el sistema económico nacional, la gran discrecionalidad que le
otorga a la Superintendencia de Precios Justos para la regulación de los
precios de los distintos rubros ha afectado a la empresa privada, trayendo como
consecuencia la escases de los productos alimenticios, medicinas, repuestos
automotores, de higiene personal, y muchos otros.
La
propuesta dada no se enfoca en la derogación total de la norma, lo que traería
un vacío jurídico en esta área con consecuencias nefastas para los consumidores
y usuarios de bienes y servicios, la misma está dirigida a la mejora de áreas necesarias
que la ley actual no contempla, como por ejemplo la escasa o inexistente
regulación de derechos dirigidos a la
protección de los usuarios como los contenía la anterior Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, debe nuevamente
establecerse estos derechos en una norma mucho más amplia y garantista, así
mismo, el establecimiento de
procedimientos conciliatorios llevados ante la Superintendencia Nacional,
en donde se le permita a los consumidores y usuarios, así como a los propietarios
de los comercios resolver los distintos conflictos surgidos en vía amigable sin
necesidad de llegar a utilizar la jurisdicción como mecanismo para solventar
los mismos, ayudando de este modo a la desconcentración de las causas que se
llevan ante el Poder Judicial.
Siguiendo
este orden de ideas, la Ley Orgánica de Precios Justos debe ser modificada en
el sentido de establecer mecanismos de
concertación entre los usuarios, los productores y comerciantes, y el Estado para
la implementación de la regulación de los precios justos, para que de manera
efectiva se realice un combate contra el acaparamiento y la especulación existente
en el país.
Ciertamente
el Estado debe tener la potestad de control en esta área, pero esta no puede
ser realizada de manera unipersonal, al contrario debe ser mediante un acuerdo
entre los involucrados, a través del dialogo abierto de esta especie de
comisión tripartita que permita realmente determinar cuál es el precio real de
los distintos productos de la cadena de producción, comercialización y
distribución.
Aunado
a lo anterior, la propuesta de reforma aquí dada conlleva la disminución de la potestad discrecional que tiene la
Superintendencia en las facultades de fiscalización lo que ha traído como
consecuencia la extralimitación de funciones por parte de los funcionarios
actuantes, la misma debe estar ajustada al debido proceso estipulado en el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta
reforma debe propender a garantizar el derecho a la defensa de todos los
factores que conforman está área, eliminando las medidas preventivas como el
comiso de bienes y el cierre temporal de empresas realizadas sin previa
audiencia al interesado.
En
tal sentido, la modificación legislativa debe garantizar que el Estado pueda
realizar las fiscalizaciones con el debido respeto a los derechos humanos,
creando mecanismos acordes para la realización de estos fines, estipulando de
manera clara las facultades que tendrá el fiscalizador mediante un acta
previamente levantada por la Superintendencia y con la debida identificación
del funcionario actuante, así se evitaría la extralimitación de funciones por
parte del ente administrativo.
Otra
de las modificaciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos,
es el establecimiento de sanciones
proporcionales al hecho que las genera, trayendo consigo la disminución de las
multas exorbitantes que contiene la actual norma, las mismas han conseguido
que las empresas y los pequeños comerciantes se vean en la imperiosa necesidad
de cerrar sus puertas en virtud del daño patrimonial que les genera las
excesivas sanciones impuestas por la Superintendencia.
Todos
estos puntos previamente expresados son los que consideramos acordes para una
posible reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos. Queremos ser enfáticos en
el sentido que no proponemos una eliminación total de la norma, ni de la
facultad regulatoria del Estado, al contrario creemos necesario que el Estado a
través de sus órganos y entes competentes deben tener esa facultad, y que la
norma en la actualidad nacional es necesaria para el combate de flagelos y
canceres sociales que se han venido produciendo en nuestra patria como lo son
el acaparamiento de productos y la especulación en el establecimiento de los
precios de los mismos, pero debe igualmente la norma ser garantista y
respetuosa de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.
Siguiendo
este orden de ideas expresadas, es necesaria la creación de una ley que regule el control de cambio,
que establezca entre otras cosas lo siguiente:
-
Las causales por las cuales el Estado
venezolano implementara el mismo;
-
El tiempo por el cual estará
restringido el libre acceso de las divisas;
-
Los procedimientos administrativos
para la adquisición de las mismas;
-
Los órganos y entes encargados de la
ejecución de dicho control;
-
Las sanciones administrativas y
penales que haya lugar en caso de incumplimiento de la norma;
-
Los procedimientos para la
implantación de las sanciones mencionadas;
-
Las facultades de fiscalización del
órgano o ente público acordes con el debido proceso establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
-
Las responsabilidades administrativas
y disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos;
-
La determinación de los tribunales y
sus competencias con relación al control cambiario;
-
El establecimiento de los procedimientos
judiciales dirigidos específicamente para el cumplimiento de las disposiciones
en materia de control de cambio que revistan las más amplias garantías del
debido proceso;
-
La repatriación de capital proveniente
de ilícitos administrativos o penales realizados en contravención a las formas
de adquisición de divisas y al uso adecuado con el que deben ser utilizados;
-
El establecimiento de disposiciones
transitorias que busquen la eliminación gradual del actual control de cambio,
sin que la derogatoria del actual sistema implique una afectación de la
economía nacional.
Estas
normas deben ser elaboradas con el más amplio consenso de todos los sectores
económicos del país, a los fines de crear una base jurídica robusta que pueda
ser utilizada en beneficio del colectivo y de los intereses económicos de la
nación.
Ciertamente
en la actualidad existen normas jurídicas que regulan estas áreas, pero casi
todas de rango sub legal, es decir, por debajo de la ley, siendo que esta
situación no es la idónea para el sano desenvolvimiento de los asuntos
nacionales relativos al control de cambio, al contrario han sido objeto de
innumerables críticas desde diversas áreas que van desde lo jurídico, económico
e incluso político.
También
hay que hacer la salvedad que el actual control cambiario en el cual está
sometido el país, en el momento de su establecimiento era necesario en virtud
de la crisis por la que atravesaba Petróleos de Venezuela S.A., en los años
2.002 y 2.003, esto derivado al paro petrolero y la ausencia de divisas
existente en el país, sin embargo, la economía nacional después de estos años
sufrió un repunte impresionante, lo que hubiese generado el desmantelamiento
progresivo de este control, siendo que esta situación no ocurrió, por el
contrario fueron modificados los sistemas cambiarios y los tipos de tasas de
cambios, trayendo consigo que la población encontrara formulas para evadir el
mismo realizando viajes al exterior utilizando las tarjetas de créditos para
obtener un lucro particular, esto fue realizado sin la debida fiscalización por
parte del Estado, y aunado a lo anterior los procesos de adquisición de divisas
no tenían un control posterior a la entrega, es decir, no se verificaba que las
divisas entregadas fueran utilizadas en la forma y manera como eran
solicitadas, teniendo como consecuencia la creación de denominadas empresas de
maletín que solicitaban las divisas y les eran adjudicadas las mismas pero que
no cumplían con el fin para el cual eran pedidas, en este sentido, existe una
corresponsabilidad entre el Estado y la población en el mal desenvolvimiento
del actual control de cambio, estos aspectos deben ser objeto de un estudio
profundo por parte de la Asamblea Nacional antes de la creación de la ley que
acá proponemos a los fines de evitar a futuro que estos vicios se vuelvan a
generar, desvirtuando así el fin para el cual fue creado y establecido el
control cambiario.
Continuando
con las propuestas legislativas, creemos necesario el fomento por parte del
Estado mediante la creación de una ley
de fomento para la implantación de empresas y micro empresas, de pequeños y
medianos productores y comerciantes que ayude a desarrollar la economía
productiva de la nación, a incrementar los niveles de producción de los distintos
rubros, a evitar y combatir el monopolio de las macro empresas, a diversificar
las opciones que tenga el consumidor en cuanto a la adquisición de los
productos de distintas índoles, a lograr productos de calidad dignos de
exportación que a su vez auxiliaría a una renovación económica, es decir, a que
la producción nacional no esté basada únicamente en la renta petrolera sino que
pueda valerse de distintos mecanismos de ingresos necesarios para sostener el
gasto público.
Este
fomento es una de las potestades del Estado, y en la actualidad es necesario la
vuelta a esas políticas públicas que en otrora trajeron beneficios positivos a
la nación, a los fines de ejemplificar mejor esta propuesta traemos a colación la
política de fomento realizada por el Presidente Hugo Chávez de creación de
cooperativas, las mismas tenían exenciones en materia impositiva, así como el
otorgamiento de créditos denominados blandos para que estas realizaran su labor
en pro del colectivo, es necesario que el Estado fomente nuevamente la creación
de figuras jurídicas mercantiles o sociales, con reglas claras para el
otorgamiento de créditos y facultades fiscalizadoras que vayan acorde con el
debido proceso y los derechos económicos consagrados en la Constitución.
Así
mismo, consideramos necesario una ley de
fomento a las actividades agrícolas y agropecuarias, sin que esta propuesta
sea entendida como una modificación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
por el contrario creemos necesario una legislación que vaya de la mano con la
anterior mencionada para garantizar la producción nacional y el desarrollo
endógeno establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Esta
norma a la que nos referimos estaría enfocada en fomentar mediante el
establecimiento de créditos otorgados por parte del Estado a los pequeños y
mediano productores nacionales para potenciar el desarrollo agrícola y
agropecuario, teniendo como una futura consecuencia el mejoramiento de estas
dos grandes áreas del quehacer productivo de la nación, dejando de lado la
necesidad actual de importar las materias primas y los productos
agroalimentarios dado que los mismos serian elaborados en nuestro país con la
suficiente calidad y cantidad para garantizar el abastecimiento interno y el
excedente poder ser exportado con un sello de hecho en Venezuela.
Sin
embargo, estos créditos no pueden estar distanciados de las facultades
fiscalizadoras que ostenta el Estado, por el contrario deben ir de la mano, el
Estado debe controlar la entrega de los mismos a aquellos productores que
cumplan los parámetros establecidos en la ley previo la realización de un
estudio socio económico realizado a las personas que soliciten los créditos,
así mismo, es una obligación de los órganos y entes públicos encargados en la
materia de realizar un control posterior de los resultados obtenidos mediante
el otorgamiento del financiamiento, de esta manera se busca la mayor
transparencia por parte de todos los factores involucrados en esta actividad
financiera.
En
cuanto al gasto público, es necesaria la reducción del mismo a niveles que el
Estado pueda manejar de manera eficiente, por lo cual es necesario una ley marco sobre el gasto público, la
cual busque su reducción, eliminando gastos superfluos o innecesarios en la
Administración Pública, reduciendo aquellas unidades o estructuras
administrativas no necesarias bien sea con la fusión de las mismas en otras
dependencias o su eliminación previo la realización de un estudio profundo
sobre los distintos órganos públicos, así mismo, estableciendo el control
posterior al gasto que realizan los órganos de control fiscal, fortaleciendo
aun más las facultades que estos ostentan otorgadas por la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Como
un punto particular, es importante acotar la necesidad de dividir esa última
norma mencionada en dos que busquen una mayor claridad sobre el control fiscal,
es necesario que la Contraloría General de la República tenga su norma
particular que regule su organización interna, así como las facultades de
control fiscal de este órgano y los procedimientos que la misma sigue para
lograr ese fin; y de igual manera, es necesario que exista una norma que regule
al Sistema Nacional de Control Fiscal, una norma individualizada distinta de la
que regula al órgano contralor, con órganos propios y facultades propias pero
que trabajen de manera mancomunada para el combate efectivo de la corrupción
latente en la administración.
Consideramos
que estas propuestas dirigidas al área económica son necesarias en la
actualidad, queda de parte de los parlamentarios tomar en consideración todas o
algunas de las mismas, profundizarlas, desarrollarlas aun más, discutirlas con
todos los sectores del país, buscando siempre el bienestar del colectivo, el
bienestar de nuestra nación.
Sin
embargo, habrán muchas otras propuestas distintas y diversas que también deben
ser consideradas por los parlamentarios, teniendo siempre en mente que todas son
una suma de voluntades que buscan un mismo objetivo, el bien común de todos los
venezolanos.
Desde
esta columna de opinión hacemos énfasis en que las mismas son producto de la
experiencia profesional y ciudadana, y no de aspectos políticos partidistas,
por cuanto no pertenecemos a organización política alguna, somos profesionales
dedicados a resolver los conflictos de la población dando respuesta inmediata a
todos ellos, desde nuestras limitadas
posibilidades.
En
una futura entrega estaremos realizando propuestas a la Asamblea Nacional
mediante esta carta abierta sobre otra de la problemática que enfrenta el
venezolano en su día a día como lo es la inseguridad.
Hasta
una próxima entrega…
Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
martes, 8 de diciembre de 2015
La Importancia de la ortografía y la gramática dentro del ejercicio del Derecho
La
importancia de la ortografía y la gramática dentro del ejercicio del Derecho.
Escrito por:
Eileen Araujo
08/12/2015
Actualmente el mundo jurídico atraviesa
una gran crisis lingüística, las Universidades cada vez más solo exportan
“pseudo-profesionales” del derecho y ya no conocedores del mismo. El afán de
obtener beneficios lucrativos es tan desmesurado, que muchas veces se deja de
lado la verdadera esencia de educar. Este modelo educativo que en la actualidad
se imparte en nuestras casas de estudios va dejando atrás la obligación de otorgar
a los estudiantes una sólida formación profesional y personal.
La gran deficiencia que existe en las
aulas universitarias, se deriva de que la gran mayoría de Universidades no
colocan en sus silabas un curso de redacción jurídica, una cátedra
especializada del uso y manejo del lenguaje, de la gramática y la ortografía;
incluso las pocas universidades que lo hacen, no le otorgan la correcta
seriedad del caso y por el contario son tomadas como materias de relleno para
completar el programa instruccional de la carrera, tan poca importancia se le
otorga a estas asignaturas, que no tienen ningún tipo de prelación con respecto
a otras, y es que es tan importante para el estudiante de derecho conocer los
usos gramaticales como conocer la fuentes del derecho o los principios del
mismo.
Como resultado de este problema, se
obtienen abogados mediocres, poco capacitados que no saben redactar de manera correcta sus
propios escritos, que no saben cómo exponer sus ideas, que olvidan acentuar
palabras, usan de manera inadecuada las abreviaturas, y que además,
terminan muchos de ellos copiando
plantillas de internet que la mayoría de las veces están mal estructuradas o
son válidas para legislaciones muy diferentes a la nuestra; y en algunas
oportunidades se observa que regresan documentos de abogados por mala
utilización de términos y errores, quedando entonces en tela de juicio el
profesional del derecho, su universidad y todos sus profesores. Tal es el caso
de una abogada que
realizo un escrito donde había 48 errores ortográficos en tan sólo 2
páginas.
Si bien es cierto que el ejercicio del
derecho al igual que el de otras profesiones, se rige por un Código de Ética,
el abogado no debería esperar ser sancionado a través de este, sino por el
contrario prepararse en todas las áreas que le permitan ejercer de manera
correcta su profesión, siendo de mucho peso la formación gramatical.
En Venezuela existen normas elementales
para la redacción de documentos legales y muchas veces son desconocidas para
los estudiantes de derecho. Entre las más importantes se puede destacar:
·
Evitar la utilización de errores
ortográficos y términos jurídicos no adecuados en la redacción de documentos se
a nivel de Notarías, Registros o Tribunales.
·
En el tipeo de documentos, la parte
delantera (anverso) debe constar o poseer 30 líneas y la parte posterior de
dicho documento (reverso) debe poseer hasta 34 líneas.
·
Se debe considerar el contenido del artículo 25 del Código
de Procedimiento Civil que se refiere al principio procesal de la escritura.:
"Los actos del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito. De
todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de
su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben
observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura
del expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas
distintas para el más fácil manejo, cuando sea necesario". El Artículo 1.357 Código Civil Venezolano: "Instrumento público o
auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un
Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga
facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya
autorizado". El Artículo 1.358 Código Civil Venezolano. "El
instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del funcionario
o por defecto de forma es válido como instrumento privado, cuando ha sido
firmado por las partes".
·
De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Abogados, los profesionales del Derecho deben participar en la elaboración de
los documentos. Artículo 16 Código de Ética del Abogado: "Ningún abogado
permitirá que sus servicios o bien su nombre sean usados de modo que personas
legalmente desautorizadas para el ejercicio del derecho puedan practicarlo. El
abogado se abstendrá de suscribir y visar documentos en cuya redacción no haya
participado".
En el caso de la abogada Gaudys María
Domínguez Parra, quien en su Solicitud de Amparo Constitucional cuyo escrito de
menos de dos (2) páginas, específicamente de cuarenta y ocho (48) líneas, cometió
más de cuarenta y ocho (48) errores
gramaticales. Particularmente, no coloca casi ningún acento en su escritura, y
además repite en dos oportunidades la palabra “bulnerado”, escribe la palabra
“alución” y “establesco”, y se refiere al Texto Fundamental como la
“constitución”, en minúscula, entre otras cosas. Cabe destacar que esta
profesional del derecho fue sancionada administrativamente.
Pero aquí se evidencia el deterioro que
ha ido sufriendo la educación inicial hasta la formación universitaria, no
puede concebirse que un Abogado en libre ejercicio sea el autor de un escrito
tan deficiente y que además haya llegado hasta la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia y se desprenda de esta una
jurisprudencia haciendo referencia a la escases de léxico jurídico y a la
pobreza de conocimiento gramatical que hoy en día tienen los nuevos egresados
de las más prestigiosas casas de estudio.
domingo, 8 de noviembre de 2015
sábado, 7 de noviembre de 2015
Franklin Nieves y la ética profesional del Abogado
Franklin
Nieves y la ética profesional del Abogado
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
07/11/2015
Existe
un popular dicho que reza “no hay que hacer leña del árbol caído”. Y es muy
cierto no hay que arruinar a una persona que ha caído en desgracia por
cualquier razón, y precisamente este es el caso del ex fiscal del Ministerio
Público Franklin Nieves, conocido por ser el acusador en el juicio del
dirigente político Leopoldo López.
En
fecha reciente el ex fiscal declaro mediante un video y posteriormente en
entrevistas dadas a la prensa las fallas que hubo en el juicio de López, las
presiones que tuvo para ejercer tan fieramente su acción penal y la utilización
de pruebas falsas para lograr la condenatoria en ese caso.
Dichas
declaraciones tuvieron un efecto inmediato en los seguidores de López, hubo un
atisbo de esperanza en sus corazones de que esta persona obtuviese su libertad
restituyéndosele el anhelado derecho, sin embargo, nada está más alejado de la
realidad, sigue Leopoldo privado de su libertad condenado por un juicio político
que abre un capitulo oscuro en la justicia venezolana que según las
declaraciones de Nieves fue falso, sin pruebas concluyentes que demostraran la
culpabilidad de los hechos que se le habían imputado.
Las
palabras proferidas por el ex fiscal hicieron que en el público surgieran
preguntas tales como ¿Por qué no declaró las fallas del proceso durante el
juicio? ¿Qué incidencia tienen esas declaraciones en el futuro de Leopoldo
López? ¿Por qué no actuó con conciencia evitando la violación de derechos
fundamentales a este dirigente político? Y las respuestas a estas interrogantes
son tan variadas que hace casi imposible que exista unanimidad sobre las
mismas.
Los
más acérrimos partidarios de López dan las declaraciones por ciertas exculpándolo
de cualquier responsabilidad penal, en cambio los adversarios atacan por todos
los medios al ex fiscal Nieves acusándolo de haber recibido dinero proveniente
de los Estados Unidos, la polarización con respecto al tema es evidente en el ámbito
político nacional, pero quizás hayan dejado de lado un tema de real interés para
el venezolano común como lo es la actuación ética de los funcionario públicos,
actividad esta que deben realizar basándose en principios constitucionales.
A
los fines de ejemplificar el punto antes referido es necesario citar el
artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
cual estipula:
“La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad,
eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio
de la función pública, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho”.
Es
claro que nuestra carta magna establece como principio de actuación dentro de
la función pública la honestidad, y en base a esto cabe hacernos la siguiente
interrogante ¿la actuación del ex fiscal Franklin Nieves fue honesta y apegada
a los principios en los cuales se erige el Estado de Derecho?
De
comprobarse la veracidad de sus declaraciones evidentemente tendremos como
respuesta indefectible que su actuación no estuvo apegada a este importante
principio constitucional, teniendo con esto un precedente nefasto dentro del
sistema de justicia patrio, manchando la honorabilidad y aun más la
credibilidad que puedan tener los ciudadanos en ese sistema.
Sin
embargo, el objetivo principal de esta opinión no es juzgar sin juicio previo
la actuación del ex fiscal Nieves, por el contrario, la génesis motivadora de
este trabajo es tomar sus declaraciones y llevarlas a un contexto en donde se
entienda y comprenda la importancia de la ética profesional dentro de la
carrera del Derecho, tan maltrecha por actuaciones deshonestas por partes de
los abogados integrantes del sistema de justicia.
Aclarado
este punto es conveniente realizar otra cita, en este caso sobre los deberes esenciales
de los abogados establecidos en el artículo 4 del Código de Ética del Abogado
Venezolano el cual reza:
“Son deberes del abogado:
1.
Actuar con
probidad, honradez, discreción, eficiencia, desinterés, veracidad y lealtad.
2.
Conservar absoluta independencia
en sus actuaciones profesionales.
3.
Mantener en todo
momento el respeto a su dignidad como persona y profesional.
4.
Defender los
derechos de la sociedad y de los particulares cooperando en la conservación y perfeccionamiento
del orden jurídico y en la realización de una recta y eficaz administración de
justicia.
5.
Fortalecer la
confraternidad con sus colegas, mediante el respeto mutuo, trato cordial y
racional tolerancia”.
Tomando estos deberes
esenciales y concordándolos con las declaraciones dadas por el ex fiscal Nieves,
de ser ciertas las mismas él incumplió con la mayoría de ellos, no hubo honradez
y probidad de su parte al permitir la utilización de pruebas falsas en el
juicio, no conservó la independencia en su actuación al no renunciar al cargo
en el momento oportuno o denunciar las irregularidades del proceso ante sus
superiores jerárquicos o la opinión pública, no mantuvo el respeto a su
dignidad como persona y profesional al permitir el amedrentamiento de los
órganos de seguridad del Estado, así como no defendió los derechos de López
como ciudadano venezolano.
En virtud de lo anterior, en
caso de abrirse una investigación sobre el particular debemos entender que según
las palabras del propio Nieves, la situación en la que se encontraba en el
momento del juicio no era la más idónea al verse sometido a presiones de toda índole,
quizás no quería verse en un juicio similar o análogo al efectuado en contra de
la jueza María Lourdes Afiuni, y como padre de familia protegió los intereses
de sus seres queridos, estos puntos son razonables y hasta cierto punto
valederos desde la perspectiva que lo veamos, sin embargo, la realidad es que en
nada podrá revertir el daño que ha causado con su actuación como fiscal, siendo
que este hecho demuestra la importancia de que tienen el cumplimiento estricto
de los deberes esenciales, la ética, probidad y honradez con la que debemos actuar
en la honrosa profesión del derecho, no debemos nunca dejarlos de lado, al
contrario, debemos enarbolarlos como estandarte en todas nuestras actuaciones,
utilizarlos como nuestra bandera y escudo en la batalla jurídica de idea,
argumentos y demostración de pruebas que día a día enfrentamos.
Estos deberes esenciales no son
simple letra muerta, su importancia debe ser entendida por la presente y
futuras generaciones de juristas como principios rectores de actuación profesional,
bien que sus actuaciones sean dentro de la función pública en cargos de
preponderancia como jueces, fiscales, defensores públicos o consultores
jurídicos de órganos y entes de la administración, o que ejerzan libremente la profesión
en el ejercicio del Derecho.
Es necesario el rescate de
nuestra profesión, es necesario que la justicia prevalezca en nuestra hermosa
Venezuela, todos y cada uno de nosotros debemos aportar un pequeño grano de
arena al cumplimiento de esta meta.
No es una utopía la justicia,
no son simples palabras las escritas dentro de nuestra Constitución, por el
contrario, son principios, derechos, deberes, garantías e instituciones jurídicas
que durante muchos siglos de historia ha costado sangre mantenerlos, no solo
por nuestro valeroso pueblo dentro de la época independentista sino también dentro
de las más oscuras dictaduras latinoamericanas y europeas que han marcado de
tragedia e injusticias tantas vidas.
Desde esta pequeña trinchera jurídica
y de opinión queremos dar nuestro aporte, exhortando a la futura Asamblea
Nacional que será elegida el próximo 6 de Diciembre, sea cual sea la tendencia
ideológica que está tenga, sin importar el color partidista que defiendan, a
debatir sobre una nueva legislación que regule los principios de actuación de
los abogados, una Ley de Abogados ajustada a la realidad jurídica y social
actual, modificando y dejando de lado la ya antigua ley que regula nuestra profesión
desde varias décadas atrás, la cual a todas luces no corresponde a los avances
que ha traído el siglo XXI, así como al cumplimiento estricto de los principios
y garantías consagrados en la Constitución, permitiendo con esto que la
justicia prevalezca en todos los rincones de nuestra amada Venezuela.
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jueves, 18 de septiembre de 2014
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domingo, 23 de marzo de 2014
Registros y Notarias ¿Eficiencia o Ineficiencía Administrativa?
Registros
y Notarias
¿Eficiencia
o Ineficiencia Administrativa?
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
23/03/2014
El
ejercicio libre de la profesión de Abogado es cada día más difícil de realizar,
no solo por la impunidad y falta de justicia reinante dentro de los tribunales
de la República, sino por la ineficiencia administrativa existente en los
órganos y entes de la Administración Pública nacional, estadal y municipal.
Los
registros y notarias a nivel nacional es un claro ejemplo de esta afirmación.
Protocolizar o autenticar un documento se ha vuelto cuesta arriba por la
cantidad de trabas que han colocado estos entes administrativos, tales como las
extensas colas en tempranas horas que se deben realizar por la limitación en el
número de trámites que reciben diariamente, los cuales oscilan entre 6 a 30
dependiendo del registro o la notaria a la cual acudamos; la excesiva documentación
que solicitan para soportar el documento, la cual no está sustentada legalmente;
la ausencia de criterios unificados en los actos y negocios jurídicos llevados
a cabo dentro de este servicio, los cuales son cambiados de forma arbitraria por
parte de los registradores y notarios; el trato otorgado por el funcionario
público a las personas que acudimos a solicitar de los servicios registrales o
notariales; entre otros problemas que se presentan día a día.
Ahora
bien, ¿Cuál es la raíz de estos problemas? ¿Por qué el servicio de registros y
notarias carece en la actualidad de eficiencia administrativa? Son preguntas
que diariamente los abogados en ejercicio nos realizamos sin encontrar una
respuesta inmediata, para esto, debemos hacer un pequeño recordatorio de los
cambios sufridos en este sistema para lograr aclarar estas interrogantes.
En
el año 2001, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías mediante ley
habilitante dicta el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del
Notariado publicado en la Gaceta Oficial N° 37.333 de fecha 27 de noviembre de ese
año, el cual tenía como objetivo la modernización de la institución registral, así
como, la unificación legislativa del sistema registral y notarial el cual se
encontraba disperso en varias normas de rango legal y sub legal.
Mediante
esta norma se creó la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como
servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Interior
y Justicia. Este órgano desconcentrado tenía la función de centralizar la información
y recursos obtenidos por el ejercicio de la función registral y notarial, sin
embargo, a pesar de la creación de este órgano en la práctica nunca entró en
funcionamiento, por lo cual los Registros y Notarias seguían ejerciendo el
control en cuanto a la captación y distribución de los recursos que ingresaban
a sus arcas.
Esta
competencia que tenían los Registradores y Notarios en el manejo de los
recursos públicos que fuesen recaudados se mantuvo vigente motivado a que el
decreto ley no derogó la Ley de Arancel Judicial, la cual en su artículo 43
establecía que los Registros Mercantiles y las Notarias podían distribuir unos
porcentajes de los ingresos captados entre el Registrador y Notario, los jefes
de servicios y el personal adscrito a estos órganos administrativos. El artículo
in comento estipula los porcentajes de la siguiente manera:
“En los Registros Mercantiles y Notarías se aplicará el producto de los
aranceles, en primer término, a pagar a los empleados y obreros que no tengan
remuneración presupuestaria, y a cubrir los demás gastos que exija el
funcionamiento de la oficina.
Del remanente, después de haber deducido los porcentajes que por Ley
corresponde a los Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social del
Abogado, se destinará un diez por ciento (10 %) para la formación del Fondo de
Previsión Social de Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, mediante la
figura del servicio autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio
de Justicia y con especial atención a la creación de un Fondo de Pensiones y
Jubilaciones.
El saldo se distribuirá de la siguiente forma:
Treinta y cinco por ciento (35 %) para el Registrador Mercantil; quince
por ciento (15%) para la jefatura de servicio; y cincuenta por ciento (50%)
para el personal adscrito al respectivo Registro Mercantil. Al personal obrero
le será asignado un sueldo básico, fijado por el Ministerio de Justicia, del
porcentaje de gastos generales. El remanente del ingreso neto en las Notarías
Públicas será distribuido en la siguiente proporción: Treinta y cinco por
ciento (35%) para el Notario, quince por ciento (15%) para el Jefe de Servicio
Revisor, dos por ciento (2%) para el Jefe de Archivo y el cuarenta y ocho por
ciento (48 %) para los Escribientes.
De cada distribución mensual deberá enviarse copia al Ministerio del
Justicia, Instituto de Previsión Social del Abogado y el respectivo Colegio de
Abogados, por quien corresponda”.
Esta norma que por omisión del
legislador no fue derogada, traía como consecuencia que los funcionarios
públicos que laboraban en los Registros Mercantiles y en las Notarias percibieran
ingresos por porcentaje en la realización del servicio, lo que hacía que la institución
registral y notarial venezolana funcionará de manera eficiente al tener los
recursos suficientes para ejercer esta función.
Sin embargo, no fue la única omisión que
el legislador realizó en la implantación del decreto ley, por cuanto no
estipulo las tasas que debían ser cobradas como derechos registrales en la protocolización
y autenticación de los actos y negocios jurídicos, sino que estipulo que
mediante decreto el Presidente de la República en Consejo de Ministros podía determinar
los aranceles a cobrar a los usuarios por los servicios registrales y
notariales.
Esta situación fue tratada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de
mayo de 2002 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la cual establece:
“El
Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, en su artículo
15 ordenó al Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa
solicitud del Ministro del Interior y Justicia, la fijación de los aranceles
que cancelarán los usuarios por concepto de registros y notarías.
Para
esta fecha tal fijación no ha tenido lugar y la Ley de Registro Público de 5 de
octubre de 1999, que señalaba derechos registrales, quedó derogada conforme a
la Disposición Derogatoria Primera de la vigente Ley, por lo que los derechos
registrales previstos en la Ley de Registro derogada no se encuentran vigentes,
y así se declara.
En
cuanto a los aranceles notariales, se encuentra vigente lo que dispone el
Decreto Ley de Arancel Judicial de 5 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria Nro. 5.391 de 23 de octubre de 1999, y así se declara.
No
existiendo derechos registrales que pagar, considera la Sala que no hay razón,
ni puede la Sala exonerar a los prestatarios en lo concerniente a los derechos
notariales, y así se declara”.
La
sala estipuló la inexistencia de derechos registrales, teniendo como
consecuencia que los registros no podían cobrar ningún tipo de tasas por la prestación
de sus servicios. Es importante resaltar que esta prohibición era aplicable únicamente
para los Registros Principales y los Públicos, conocidos anteriormente como
Subalternos e Inmobiliarios, y no para los Registros Mercantiles y las Notarias
las cuales si percibían ingresos por concepto de cobro de tasas en virtud de lo
establecido en la Ley de Arancel Judicial.
En
el año 2004, nuevamente la Sala Constitucional aborda esta problemática en
sentencia de fecha 14 de septiembre de ese año, en ponencia del Magistrado Antonio
García García, en la cual anuló el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley de
Registro Público y del Notariado por ser contrario a lo estipulado en el
artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
sala argumento su decisión en la siguiente forma:
“… En el impugnado
artículo 15 se dejó al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la
determinación y fijación de dos esenciales elementos de una obligación
tributaria: el hecho generador y la alícuota. Ni uno ni otro aparecen en la
ley, en franca violación del principio de la legalidad tributaria preceptuado
en el artículo 317 de la Constitución, según el cual:
“No podrán cobrarse
impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse
exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales sino en los casos
previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”.
… El artículo 15 del
decreto-legislativo impugnado califica como aranceles al pago que debe hacerse
por servicios de registro y notariado. Esta Sala prefiere calificarlo, al menos
a efectos de este fallo, como tasas, pues es lo que son. Es cierto que en otros
países (España y algunos de Latinoamérica) se emplea el vocablo arancel para
identificar el pago de servicios de notaría, pero es el caso que la actividad
notarial es distinta en esos países. Así, en esos países los notarios son
Licenciados en Derecho autorizados para dar fe pública y, como pago por su
labor, cobrar honorarios. En esos países, la función notarial implica una
especie de concesión de servicio público y entonces se admite que los notarios
cobren honorarios, si bien regulados por el Estado.
El Decreto con Fuerza
de Ley de Registro Público y Notariado no contiene ningún tributo, según se ha
indicado. Ahora, lo normal es pensar que los pagos son tasas, tal como la
propia doctrina venezolana lo ha considerado (por ejemplo, Vigilanza García,
“Problemática jurídica en torno a la legislación sobre ‘aranceles’, tasas
registrales y notarías en el Derecho venezolano”, Revista de Derecho
Tributario, N° 98, 2003). Sin embargo, debe advertir la Sala que la
derogada Ley de Registro Público contenía algunos supuestos que en realidad
debían ser encuadrados como impuestos, pues no se pagaba por la operación
registral sino por la negociación que se celebraba.
La intención del artículo
15 del decreto-legislativo demandado tal vez fue conferir al Ejecutivo Nacional
el poder para aumentar las alícuotas de las tasas registrales y notariales,
haciéndolas escapar de la rigidez que rodea las leyes. Sin embargo,
constitucionalmente ello no es posible entre nosotros, aunque lo sea en otros
países.
Por supuesto, es
necesario distinguir entre tasa y precio público, nociones bastante trabajadas
por la doctrina reciente. Según el modelo de Código Orgánico Tributario para la
América Latina, “no es tasa la contraprestación de servicios no
inherentes al Estado.” Esas contraprestaciones son los
denominados precios públicos, que al no ser tributos no requieren creación ni
regulación legal.
En el caso de
registros y notarías, es indudable que el servicio es inherente al Estado: los
particulares están obligados a recurrir a él en ciertos casos, o al menos se
hace aconsejable si pretenden disfrutar de la fe pública, que sólo la
proporciona el Estado.
En consecuencia, no
es posible afirmar que los servicios registrales y notariales sean “precios
públicos” y no tasas, cuando la “fe pública”, principal
beneficio obtenido del registro o protocolización de documentos, no es
obtenible de prestadores de servicios particulares. Quedan a salvo los pagos
que se efectúen en las dependencias registrales y notariales que, siendo
importantes para la prestación del servicio, no sean en sí mismo producto del
acto de registro o notariado.
Por lo expuesto, esta
Sala declara con lugar la presente denuncia y, en consecuencia, anula el
artículo 15 del Decreto con Fuerza de ley de Registro Público y Notariado. En
vista de que hasta la fecha no se ha hecho uso de la facultad que otorgaba el
artículo anulado, se hace innecesario fijar efectos retroactivos a la decisión”.
La
decisión emanada de la Sala Constitucional diferenció las figuras de tasa,
arancel y precio público, estipulando que los derechos registrales son tasas, siendo
que su implantación está apegada al principio de legalidad, el cual no se
encuentra configurado en el artículo 15 antes referido, teniendo como
consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.
Sin
embargo, la decisión de la Sala Constitucional no contribuía con resolver el
problema de fondo que se presentaban en la protocolización de documentos en los
Registros Principales y Públicos, produciéndose la ineficiencia en la actividad
registral presentada en estos órganos desconcentrados, en virtud que no obtenían
ingresos y no podían solucionar las situaciones que se presentaban en estas
sedes a diario, a pesar de esto, la sentencia ayudó en la obtención de seguridad
jurídica en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 15 antes referido.
En
cuanto a los Registros Mercantiles y las Notarias estos si percibían ingresos, teniendo
como consecuencia que la situación presentada en estos órganos era
completamente opuesta a la vivida dentro de los Registros Principales y
Públicos, el servicio se prestaba de forma eficiente en razón que los Registradores
Mercantiles y los Notarios percibían ingresos, manejaban los recursos y el
saldo remanente era distribuido entre los funcionarios que estaban adscritos a ambos
órganos.
En
virtud de la decisión del año 2004 de la Sala Constitucional, el decreto ley
fue derogado por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Registro Público y del
Notariado publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.833 de fecha 22 de
diciembre de 2006, la cual subsanaba las deficiencias que tenía el decreto
legislativo del año 2001, implantando en el título V de la ley las tasas e
impuestos a cobrar por los Registros y Notarias que serían destinadas al recién
creado Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en sustitución de la
Dirección Nacional de Registros y del Notariado.
La
ley del 2006 establece que el Servicio Autónomo de Registros y Notarias,
conocido por sus siglas SAREN, realizará la coordinación, inspección y control
de los distintos Registros y Notarias existentes en el país, es decir, la norma
centralizó la función registral en un órgano desconcentrado, cambiando de forma
drástica la configuración orgánica del sistema, así como la percepción y distribución
de los ingresos percibidos por la prestación del servicio.
Los
ingresos percibidos por la actividad registral son manejados directamente por
el SAREN, en virtud de la derogatoria de la Ley de Arancel Judicial, siendo
esta la principal causa de la ineficiencia administrativa presentada en el
sistema; ya los Registradores, Notarios, Jefes de Servicios y personal adscrito
a los Registros y Notarias no perciben los porcentajes que estipulaba esa
norma, sino una remuneración tabulada por el órgano desconcentrado, siendo en
la mayoría de los casos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los
funcionarios y su núcleo familiar.
La
función registral y notarial que en tiempos pasados era deseada por los Abogados
de la nación, en la actualidad no es bien remunerada, es una actividad ineficiente
a causa de lo que se conoce como operación morrocoy practicada por las personas
que están dentro del sistema, que quieren un cambio al estatus remunerativo anterior,
teniendo consecuencias directas para los usuarios que necesitan de la institución
registral para protocolizar o autenticar los diversos actos y negocios
jurídicos que establece el ordenamiento jurídico nacional.
De
igual forma, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias ha sido ineficiente
en el control de las funciones ejercidas por los Registros y Notarias, así como
en la distribución de los recursos que ingresan a las arcas públicas, aspectos
estos que inciden en la prestación del servicio público tornándolo a todas
luces ineficiente, generando un caos en la institución registral nacional, la
cual es necesaria para garantizar la certeza jurídica de todos los actos y
negocios jurídicos que allí se efectúan.
La
posible solución a esta problemática presentada en el sistema registral, que
lejos de ser resuelta por el gobierno nacional, se ha ido acrecentando con el
transcurrir del tiempo, en virtud de decisiones políticas que afectan el
servicio, tal como la implantación de un sistema automatizado creado,
implementado e instalado mediante un convenio con la República de Cuba, no se
ve a corto plazo.
Como
probable respuesta a esta problemática presentada en el sistema, esta la modificación
legislativa de la Ley de Registro Público y del Notariado y del Reglamento
Orgánico del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en la cual se implementen
metas de recaudación para los distintos órganos, y en aquellos casos que estas
metas sean cubiertas, los excedentes recaudados por la actividad registral y
notarial sean percibidos directamente por el registro o notaria respectiva,
para cubrir las necesidades propias del servicio y ser distribuidos de forma
equitativa por todos los funcionarios adscritos a estos órganos.
La
solución a la problemática está en manos del gobierno nacional. Lo que si queda
claro es que la función registral y notarial es esencial para el buen
desarrollo de la nación. El servicio debe funcionar de manera eficiente para
cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos
órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula,
buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede
ser otorgada por el sistema, previendo de esta manera irregularidades y
conflictos entre los particulares que deban ser resueltos por los órganos de administración
de justicia.
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