domingo, 13 de diciembre de 2015

Carta Abierta a la Asamblea Nacional. Primera Parte

Carta Abierta a la Asamblea Nacional
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
13/12/2015


El pasado domingo 06 de Diciembre del año 2015, Venezuela fue protagonista de un magistral proceso electoral en donde se renovaron los representantes del parlamento nacional, el mismo fue abalado y alabado por distintos organismos internacionales que fungieron como acompañantes, dando claras muestras que el pueblo venezolano tiene una profunda raíz democrática y que quiere vivir bajo ese sistema político durante muchos años más.

Una vez dados los resultados electorales los distintos actores políticos de la vida nacional dieron sus opiniones reconociendo la voluntad expresada por el pueblo venezolano, así como mostrando señales de victoria sin revanchismo, el mismo que en otrora le ha hecho tanto daño al país.

Sin embargo, días posteriores al proceso electoral los ánimos se volvieron a caldear, declaraciones de ambos bandos comenzaron nuevamente la retorica revanchista, cada una aferrada a sus posiciones particulares, a su criterio de cómo debe ser país, sin importar la opinión expresada por el pueblo en las urnas electorales.

Declaraciones dadas por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Allup sobre el despido de personal y la reconstitución de la televisora perteneciente a la Asamblea Nacional produjo reacciones en el primer mandatario nacional, en el sentido de hacer cambios en la estructura administrativa, así mismo, las declaraciones sobre la posible Ley de Amnistía para los llamados presos políticos fue rechazada por el Presidente de la República al considerarla que atenta contra los Derechos Humanos de las víctimas de las llamadas guarimbas.  

Todo esto hace ver que el panorama político para el año 2016 no será el de dialogo, conciliación y trabajo conjunto que deben tener los distintos poderes públicos para lograr los fines del Estado como lo reza nuestra Constitución.

El pueblo venezolano se expreso, quiere un rumbo distinto, quiere que el país sea dirigido a un buen curso, quiere que los actores políticos trabajen mancomunadamente sin diatriba política que no ayuda a solucionar los verdaderos problemas que sufrimos los venezolanos como lo son la economía y la inseguridad, tan solo por mencionar alguna de las vicisitudes que están presente en el día a día de la vida nacional.   

Por esta razón hacemos votos por que los distintos actores políticos que conviven en el país se reconozcan y vean que en la unión esta la fuerza, que deben trabajar por el bienestar de los venezolanos, de esta hermosa nación, necesitamos un verdadero liderazgo que vaya en pro del beneficio colectivo, que no se caiga en esas luchas de palabras, en los insultos y descalificativos a los cuales lastimosamente estamos acostumbrados desde hace ya varios años, que entiendan que se necesitan mutuamente, que puede haber ideas contrarias, ideologías políticas distintas pero puede existir respeto a esas posiciones encontradas y que en definitiva han sido elegidos para solventar los graves problemas que aqueja a la nación.

Esperamos desde esta columna de opinión que ese entendimiento llegue más pronto de lo deseado, queremos prosperar dentro de estas tierras suramericanas, queremos seguir soñando que Venezuela puede llegar a ser en un futuro inmediato un país de progreso y de oportunidades para todos, en donde se conviva en sana paz, en donde solo exista bienestar y en donde esos tragos amargos los superemos y los recordemos en el futuro como enseñanzas de lo que no debe nunca más suceder en el país.

Así mismo, queremos no solo expresar ideas sobre el devenir político y el comportamiento que deben tener los dirigentes nacionales, también buscamos postular ideas legislativas necesarias para construir una agenda basada en la renovación de las políticas públicas que ayuden a nuestros mandatarios a crear el país posible y lleno de oportunidades que queremos, vistas desde el campo de la experiencia profesional y no desde posiciones partidistas, sin embargo algunas de las ideas que daremos mediante este articulo coincidan con las expresadas por factores políticos sin que esto sea entendido como una posición de nuestra parte a favor o en contra del gobierno o de la oposición.        

Las opiniones que expresaremos la hacemos desde un punto de vista objetivo, sin descalificativos alguno y abalado por lo estipulado en los artículos 57 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales citamos a continuación:

Artículo 57. “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”

Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”.

Es claro que nuestra carta magna nos da la libertad de expresar nuestras opiniones y de participar en los asuntos públicos de la nación, en virtud de ello proponemos unas reformas necesarias a la Asamblea Nacional para la construcción de una agenda legislativa en beneficio del colectivo.

Iniciamos estas propuestas expresando la necesidad de modificar una ley fundamental que darían piso jurídico solido para posibles cambios en las políticas públicas dirigidas a la mejora de la economía nacional, y la creación de una serie de normas que coadyuven en ese objetivo, nos referimos en primera instancia a la Ley Orgánica de Precios Justos, es necesario el estudio de las consecuencias que ha traído la implementación de esta norma en el sistema económico nacional, la gran discrecionalidad que le otorga a la Superintendencia de Precios Justos para la regulación de los precios de los distintos rubros ha afectado a la empresa privada, trayendo como consecuencia la escases de los productos alimenticios, medicinas, repuestos automotores, de higiene personal, y muchos otros.
La propuesta dada no se enfoca en la derogación total de la norma, lo que traería un vacío jurídico en esta área con consecuencias nefastas para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, la misma está dirigida a la mejora de áreas necesarias que la ley actual no contempla, como por ejemplo la escasa o inexistente regulación de derechos dirigidos a la protección de los usuarios como los contenía la anterior Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, debe nuevamente establecerse estos derechos en una norma mucho más amplia y garantista, así mismo, el establecimiento de procedimientos conciliatorios llevados ante la Superintendencia Nacional, en donde se le permita a los consumidores y usuarios, así como a los propietarios de los comercios resolver los distintos conflictos surgidos en vía amigable sin necesidad de llegar a utilizar la jurisdicción como mecanismo para solventar los mismos, ayudando de este modo a la desconcentración de las causas que se llevan ante el Poder Judicial.

Siguiendo este orden de ideas, la Ley Orgánica de Precios Justos debe ser modificada en el sentido de establecer mecanismos de concertación entre los usuarios, los productores y comerciantes, y el Estado para la implementación de la regulación de los precios justos, para que de manera efectiva se realice un combate contra el acaparamiento y la especulación existente en el país.

Ciertamente el Estado debe tener la potestad de control en esta área, pero esta no puede ser realizada de manera unipersonal, al contrario debe ser mediante un acuerdo entre los involucrados, a través del dialogo abierto de esta especie de comisión tripartita que permita realmente determinar cuál es el precio real de los distintos productos de la cadena de producción, comercialización y distribución.

Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma aquí dada conlleva la disminución de la potestad discrecional que tiene la Superintendencia en las facultades de fiscalización lo que ha traído como consecuencia la extralimitación de funciones por parte de los funcionarios actuantes, la misma debe estar ajustada al debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta reforma debe propender a garantizar el derecho a la defensa de todos los factores que conforman está área, eliminando las medidas preventivas como el comiso de bienes y el cierre temporal de empresas realizadas sin previa audiencia al interesado.

En tal sentido, la modificación legislativa debe garantizar que el Estado pueda realizar las fiscalizaciones con el debido respeto a los derechos humanos, creando mecanismos acordes para la realización de estos fines, estipulando de manera clara las facultades que tendrá el fiscalizador mediante un acta previamente levantada por la Superintendencia y con la debida identificación del funcionario actuante, así se evitaría la extralimitación de funciones por parte del ente administrativo.

Otra de las modificaciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos, es el establecimiento de sanciones proporcionales al hecho que las genera, trayendo consigo la disminución de las multas exorbitantes que contiene la actual norma, las mismas han conseguido que las empresas y los pequeños comerciantes se vean en la imperiosa necesidad de cerrar sus puertas en virtud del daño patrimonial que les genera las excesivas sanciones impuestas por la Superintendencia.

Todos estos puntos previamente expresados son los que consideramos acordes para una posible reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos. Queremos ser enfáticos en el sentido que no proponemos una eliminación total de la norma, ni de la facultad regulatoria del Estado, al contrario creemos necesario que el Estado a través de sus órganos y entes competentes deben tener esa facultad, y que la norma en la actualidad nacional es necesaria para el combate de flagelos y canceres sociales que se han venido produciendo en nuestra patria como lo son el acaparamiento de productos y la especulación en el establecimiento de los precios de los mismos, pero debe igualmente la norma ser garantista y respetuosa de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.

Siguiendo este orden de ideas expresadas, es necesaria la creación de una ley que regule el control de cambio, que establezca entre otras cosas lo siguiente:

-          Las causales por las cuales el Estado venezolano implementara el mismo;
-          El tiempo por el cual estará restringido el libre acceso de las divisas;
-          Los procedimientos administrativos para la adquisición de las mismas;
-          Los órganos y entes encargados de la ejecución de dicho control;
-          Las sanciones administrativas y penales que haya lugar en caso de incumplimiento de la norma;
-          Los procedimientos para la implantación de las sanciones mencionadas;
-          Las facultades de fiscalización del órgano o ente público acordes con el debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
-          Las responsabilidades administrativas y disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos;
-          La determinación de los tribunales y sus competencias con relación al control cambiario;
-          El establecimiento de los procedimientos judiciales dirigidos específicamente para el cumplimiento de las disposiciones en materia de control de cambio que revistan las más amplias garantías del debido proceso;
-          La repatriación de capital proveniente de ilícitos administrativos o penales realizados en contravención a las formas de adquisición de divisas y al uso adecuado con el que deben ser utilizados;
-          El establecimiento de disposiciones transitorias que busquen la eliminación gradual del actual control de cambio, sin que la derogatoria del actual sistema implique una afectación de la economía nacional.

Estas normas deben ser elaboradas con el más amplio consenso de todos los sectores económicos del país, a los fines de crear una base jurídica robusta que pueda ser utilizada en beneficio del colectivo y de los intereses económicos de la nación.

Ciertamente en la actualidad existen normas jurídicas que regulan estas áreas, pero casi todas de rango sub legal, es decir, por debajo de la ley, siendo que esta situación no es la idónea para el sano desenvolvimiento de los asuntos nacionales relativos al control de cambio, al contrario han sido objeto de innumerables críticas desde diversas áreas que van desde lo jurídico, económico e incluso político.

También hay que hacer la salvedad que el actual control cambiario en el cual está sometido el país, en el momento de su establecimiento era necesario en virtud de la crisis por la que atravesaba Petróleos de Venezuela S.A., en los años 2.002 y 2.003, esto derivado al paro petrolero y la ausencia de divisas existente en el país, sin embargo, la economía nacional después de estos años sufrió un repunte impresionante, lo que hubiese generado el desmantelamiento progresivo de este control, siendo que esta situación no ocurrió, por el contrario fueron modificados los sistemas cambiarios y los tipos de tasas de cambios, trayendo consigo que la población encontrara formulas para evadir el mismo realizando viajes al exterior utilizando las tarjetas de créditos para obtener un lucro particular, esto fue realizado sin la debida fiscalización por parte del Estado, y aunado a lo anterior los procesos de adquisición de divisas no tenían un control posterior a la entrega, es decir, no se verificaba que las divisas entregadas fueran utilizadas en la forma y manera como eran solicitadas, teniendo como consecuencia la creación de denominadas empresas de maletín que solicitaban las divisas y les eran adjudicadas las mismas pero que no cumplían con el fin para el cual eran pedidas, en este sentido, existe una corresponsabilidad entre el Estado y la población en el mal desenvolvimiento del actual control de cambio, estos aspectos deben ser objeto de un estudio profundo por parte de la Asamblea Nacional antes de la creación de la ley que acá proponemos a los fines de evitar a futuro que estos vicios se vuelvan a generar, desvirtuando así el fin para el cual fue creado y establecido el control cambiario.

Continuando con las propuestas legislativas, creemos necesario el fomento por parte del Estado mediante la creación de una ley de fomento para la implantación de empresas y micro empresas, de pequeños y medianos productores y comerciantes que ayude a desarrollar la economía productiva de la nación, a incrementar los niveles de producción de los distintos rubros, a evitar y combatir el monopolio de las macro empresas, a diversificar las opciones que tenga el consumidor en cuanto a la adquisición de los productos de distintas índoles, a lograr productos de calidad dignos de exportación que a su vez auxiliaría a una renovación económica, es decir, a que la producción nacional no esté basada únicamente en la renta petrolera sino que pueda valerse de distintos mecanismos de ingresos necesarios para sostener el gasto público.

Este fomento es una de las potestades del Estado, y en la actualidad es necesario la vuelta a esas políticas públicas que en otrora trajeron beneficios positivos a la nación, a los fines de ejemplificar mejor esta propuesta traemos a colación la política de fomento realizada por el Presidente Hugo Chávez de creación de cooperativas, las mismas tenían exenciones en materia impositiva, así como el otorgamiento de créditos denominados blandos para que estas realizaran su labor en pro del colectivo, es necesario que el Estado fomente nuevamente la creación de figuras jurídicas mercantiles o sociales, con reglas claras para el otorgamiento de créditos y facultades fiscalizadoras que vayan acorde con el debido proceso y los derechos económicos consagrados en la Constitución.                            

Así mismo, consideramos necesario una ley de fomento a las actividades agrícolas y agropecuarias, sin que esta propuesta sea entendida como una modificación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por el contrario creemos necesario una legislación que vaya de la mano con la anterior mencionada para garantizar la producción nacional y el desarrollo endógeno establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta norma a la que nos referimos estaría enfocada en fomentar mediante el establecimiento de créditos otorgados por parte del Estado a los pequeños y mediano productores nacionales para potenciar el desarrollo agrícola y agropecuario, teniendo como una futura consecuencia el mejoramiento de estas dos grandes áreas del quehacer productivo de la nación, dejando de lado la necesidad actual de importar las materias primas y los productos agroalimentarios dado que los mismos serian elaborados en nuestro país con la suficiente calidad y cantidad para garantizar el abastecimiento interno y el excedente poder ser exportado con un sello de hecho en Venezuela.

Sin embargo, estos créditos no pueden estar distanciados de las facultades fiscalizadoras que ostenta el Estado, por el contrario deben ir de la mano, el Estado debe controlar la entrega de los mismos a aquellos productores que cumplan los parámetros establecidos en la ley previo la realización de un estudio socio económico realizado a las personas que soliciten los créditos, así mismo, es una obligación de los órganos y entes públicos encargados en la materia de realizar un control posterior de los resultados obtenidos mediante el otorgamiento del financiamiento, de esta manera se busca la mayor transparencia por parte de todos los factores involucrados en esta actividad financiera.
                      
En cuanto al gasto público, es necesaria la reducción del mismo a niveles que el Estado pueda manejar de manera eficiente, por lo cual es necesario una ley marco sobre el gasto público, la cual busque su reducción, eliminando gastos superfluos o innecesarios en la Administración Pública, reduciendo aquellas unidades o estructuras administrativas no necesarias bien sea con la fusión de las mismas en otras dependencias o su eliminación previo la realización de un estudio profundo sobre los distintos órganos públicos, así mismo, estableciendo el control posterior al gasto que realizan los órganos de control fiscal, fortaleciendo aun más las facultades que estos ostentan otorgadas por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como un punto particular, es importante acotar la necesidad de dividir esa última norma mencionada en dos que busquen una mayor claridad sobre el control fiscal, es necesario que la Contraloría General de la República tenga su norma particular que regule su organización interna, así como las facultades de control fiscal de este órgano y los procedimientos que la misma sigue para lograr ese fin; y de igual manera, es necesario que exista una norma que regule al Sistema Nacional de Control Fiscal, una norma individualizada distinta de la que regula al órgano contralor, con órganos propios y facultades propias pero que trabajen de manera mancomunada para el combate efectivo de la corrupción latente en la administración.

Consideramos que estas propuestas dirigidas al área económica son necesarias en la actualidad, queda de parte de los parlamentarios tomar en consideración todas o algunas de las mismas, profundizarlas, desarrollarlas aun más, discutirlas con todos los sectores del país, buscando siempre el bienestar del colectivo, el bienestar de nuestra nación.

Sin embargo, habrán muchas otras propuestas distintas y diversas que también deben ser consideradas por los parlamentarios, teniendo siempre en mente que todas son una suma de voluntades que buscan un mismo objetivo, el bien común de todos los venezolanos.

Desde esta columna de opinión hacemos énfasis en que las mismas son producto de la experiencia profesional y ciudadana, y no de aspectos políticos partidistas, por cuanto no pertenecemos a organización política alguna, somos profesionales dedicados a resolver los conflictos de la población dando respuesta inmediata a todos ellos, desde nuestras limitadas  posibilidades.

En una futura entrega estaremos realizando propuestas a la Asamblea Nacional mediante esta carta abierta sobre otra de la problemática que enfrenta el venezolano en su día a día como lo es la inseguridad.

Hasta una próxima entrega…


Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis


   
 


martes, 8 de diciembre de 2015

La Importancia de la ortografía y la gramática dentro del ejercicio del Derecho

La importancia de la ortografía y la gramática dentro del ejercicio del Derecho.
Escrito por:
Eileen Araujo
08/12/2015

Actualmente el mundo jurídico atraviesa una gran crisis lingüística, las Universidades cada vez más solo exportan “pseudo-profesionales” del derecho y ya no conocedores del mismo. El afán de obtener beneficios lucrativos es tan desmesurado, que muchas veces se deja de lado la verdadera esencia de educar. Este modelo educativo que en la actualidad se imparte en nuestras casas de estudios va dejando atrás la obligación de otorgar a los estudiantes una sólida formación profesional y personal.

La gran deficiencia que existe en las aulas universitarias, se deriva de que la gran mayoría de Universidades no colocan en sus silabas un curso de redacción jurídica, una cátedra especializada del uso y manejo del lenguaje, de la gramática y la ortografía; incluso las pocas universidades que lo hacen, no le otorgan la correcta seriedad del caso y por el contario son tomadas como materias de relleno para completar el programa instruccional de la carrera, tan poca importancia se le otorga a estas asignaturas, que no tienen ningún tipo de prelación con respecto a otras, y es que es tan importante para el estudiante de derecho conocer los usos gramaticales como conocer la fuentes del derecho o los principios del mismo.

Como resultado de este problema, se obtienen abogados mediocres, poco capacitados  que no saben redactar de manera correcta sus propios escritos, que no saben cómo exponer sus ideas, que olvidan acentuar palabras, usan de manera inadecuada las abreviaturas, y que además, terminan  muchos de ellos copiando plantillas de internet que la mayoría de las veces están mal estructuradas o son válidas para legislaciones muy diferentes a la nuestra; y en algunas oportunidades se observa que regresan documentos de abogados por mala utilización de términos y errores, quedando entonces en tela de juicio el profesional del derecho, su universidad y todos sus profesores. Tal es el caso de una abogada que realizo un escrito donde había 48 errores ortográficos en tan sólo 2 páginas. 

Si bien es cierto que el ejercicio del derecho al igual que el de otras profesiones, se rige por un Código de Ética, el abogado no debería esperar ser sancionado a través de este, sino por el contrario prepararse en todas las áreas que le permitan ejercer de manera correcta su profesión, siendo de mucho peso la formación gramatical.

En Venezuela existen normas elementales para la redacción de documentos legales y muchas veces son desconocidas para los estudiantes de derecho. Entre las más importantes se puede destacar:
·         Evitar la utilización de errores ortográficos y términos jurídicos no adecuados en la redacción de documentos se a nivel de Notarías, Registros o Tribunales.
·         En el tipeo de documentos, la parte delantera (anverso) debe constar o poseer 30 líneas y la parte posterior de dicho documento (reverso) debe poseer hasta 34 líneas.
·         Se debe  considerar el contenido del artículo 25 del Código de Procedimiento Civil que se refiere al principio procesal de la escritura.: "Los actos del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito. De todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil manejo, cuando sea necesario".  El Artículo 1.357 Código  Civil Venezolano: "Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado". El Artículo 1.358 Código Civil Venezolano. "El instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del funcionario o por defecto de forma es válido como instrumento privado, cuando ha sido firmado por las partes".
·         De acuerdo a lo establecido en la Ley de Abogados, los profesionales del Derecho deben participar en la elaboración de los documentos. Artículo 16 Código de Ética del Abogado: "Ningún abogado permitirá que sus servicios o bien su nombre sean usados de modo que personas legalmente desautorizadas para el ejercicio del derecho puedan practicarlo. El abogado se abstendrá de suscribir y visar documentos en cuya redacción no haya participado".

En el caso de la abogada Gaudys María Domínguez Parra, quien en su Solicitud de Amparo Constitucional cuyo escrito de menos de dos (2) páginas, específicamente de cuarenta y ocho (48) líneas, cometió  más de cuarenta y ocho (48) errores gramaticales. Particularmente, no coloca casi ningún acento en su escritura, y además repite en dos oportunidades la palabra “bulnerado”, escribe la palabra “alución” y “establesco”, y se refiere al Texto Fundamental como la “constitución”, en minúscula, entre otras cosas. Cabe destacar que esta profesional del derecho fue sancionada administrativamente.  


Pero aquí se evidencia el deterioro que ha ido sufriendo la educación inicial hasta la formación universitaria, no puede concebirse que un Abogado en libre ejercicio sea el autor de un escrito tan deficiente y que además haya llegado hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se desprenda de esta una jurisprudencia haciendo referencia a la escases de léxico jurídico y a la pobreza de conocimiento gramatical que hoy en día tienen los nuevos egresados de las más prestigiosas casas de estudio.

sábado, 7 de noviembre de 2015

Franklin Nieves y la ética profesional del Abogado

Franklin Nieves y la ética profesional del Abogado
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
07/11/2015


Existe un popular dicho que reza “no hay que hacer leña del árbol caído”. Y es muy cierto no hay que arruinar a una persona que ha caído en desgracia por cualquier razón, y precisamente este es el caso del ex fiscal del Ministerio Público Franklin Nieves, conocido por ser el acusador en el juicio del dirigente político Leopoldo López. 

En fecha reciente el ex fiscal declaro mediante un video y posteriormente en entrevistas dadas a la prensa las fallas que hubo en el juicio de López, las presiones que tuvo para ejercer tan fieramente su acción penal y la utilización de pruebas falsas para lograr la condenatoria en ese caso.

Dichas declaraciones tuvieron un efecto inmediato en los seguidores de López, hubo un atisbo de esperanza en sus corazones de que esta persona obtuviese su libertad restituyéndosele el anhelado derecho, sin embargo, nada está más alejado de la realidad, sigue Leopoldo privado de su libertad condenado por un juicio político que abre un capitulo oscuro en la justicia venezolana que según las declaraciones de Nieves fue falso, sin pruebas concluyentes que demostraran la culpabilidad de los hechos que se le habían imputado.

Las palabras proferidas por el ex fiscal hicieron que en el público surgieran preguntas tales como ¿Por qué no declaró las fallas del proceso durante el juicio? ¿Qué incidencia tienen esas declaraciones en el futuro de Leopoldo López? ¿Por qué no actuó con conciencia evitando la violación de derechos fundamentales a este dirigente político? Y las respuestas a estas interrogantes son tan variadas que hace casi imposible que exista unanimidad sobre las mismas. 

Los más acérrimos partidarios de López dan las declaraciones por ciertas exculpándolo de cualquier responsabilidad penal, en cambio los adversarios atacan por todos los medios al ex fiscal Nieves acusándolo de haber recibido dinero proveniente de los Estados Unidos, la polarización con respecto al tema es evidente en el ámbito político nacional, pero quizás hayan dejado de lado un tema de real interés para el venezolano común como lo es la actuación ética de los funcionario públicos, actividad esta que deben realizar basándose en principios constitucionales.

A los fines de ejemplificar el punto antes referido es necesario citar el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual estipula:

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.


Es claro que nuestra carta magna establece como principio de actuación dentro de la función pública la honestidad, y en base a esto cabe hacernos la siguiente interrogante ¿la actuación del ex fiscal Franklin Nieves fue honesta y apegada a los principios en los cuales se erige el Estado de Derecho?

De comprobarse la veracidad de sus declaraciones evidentemente tendremos como respuesta indefectible que su actuación no estuvo apegada a este importante principio constitucional, teniendo con esto un precedente nefasto dentro del sistema de justicia patrio, manchando la honorabilidad y aun más la credibilidad que puedan tener los ciudadanos en ese sistema.    

Sin embargo, el objetivo principal de esta opinión no es juzgar sin juicio previo la actuación del ex fiscal Nieves, por el contrario, la génesis motivadora de este trabajo es tomar sus declaraciones y llevarlas a un contexto en donde se entienda y comprenda la importancia de la ética profesional dentro de la carrera del Derecho, tan maltrecha por actuaciones deshonestas por partes de los abogados integrantes del sistema de justicia.

Aclarado este punto es conveniente realizar otra cita, en este caso sobre los deberes esenciales de los abogados establecidos en el artículo 4 del Código de Ética del Abogado Venezolano el cual reza:

“Son deberes del abogado:

1.       Actuar con probidad, honradez, discreción, eficiencia, desinterés, veracidad y lealtad.
2.       Conservar absoluta independencia en sus actuaciones profesionales.
3.       Mantener en todo momento el respeto a su dignidad como persona y profesional.
4.       Defender los derechos de la sociedad y de los particulares cooperando en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una recta y eficaz administración de justicia.
5.       Fortalecer la confraternidad con sus colegas, mediante el respeto mutuo, trato cordial y racional tolerancia”.

Tomando estos deberes esenciales y concordándolos con las declaraciones dadas por el ex fiscal Nieves, de ser ciertas las mismas él incumplió con la mayoría de ellos, no hubo honradez y probidad de su parte al permitir la utilización de pruebas falsas en el juicio, no conservó la independencia en su actuación al no renunciar al cargo en el momento oportuno o denunciar las irregularidades del proceso ante sus superiores jerárquicos o la opinión pública, no mantuvo el respeto a su dignidad como persona y profesional al permitir el amedrentamiento de los órganos de seguridad del Estado, así como no defendió los derechos de López como ciudadano venezolano.

En virtud de lo anterior, en caso de abrirse una investigación sobre el particular debemos entender que según las palabras del propio Nieves, la situación en la que se encontraba en el momento del juicio no era la más idónea al verse sometido a presiones de toda índole, quizás no quería verse en un juicio similar o análogo al efectuado en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, y como padre de familia protegió los intereses de sus seres queridos, estos puntos son razonables y hasta cierto punto valederos desde la perspectiva que lo veamos, sin embargo, la realidad es que en nada podrá revertir el daño que ha causado con su actuación como fiscal, siendo que este hecho demuestra la importancia de que tienen el cumplimiento estricto de los deberes esenciales, la ética, probidad y honradez con la que debemos actuar en la honrosa profesión del derecho, no debemos nunca dejarlos de lado, al contrario, debemos enarbolarlos como estandarte en todas nuestras actuaciones, utilizarlos como nuestra bandera y escudo en la batalla jurídica de idea, argumentos y demostración de pruebas que día a día enfrentamos.       

Estos deberes esenciales no son simple letra muerta, su importancia debe ser entendida por la presente y futuras generaciones de juristas como principios rectores de actuación profesional, bien que sus actuaciones sean dentro de la función pública en cargos de preponderancia como jueces, fiscales, defensores públicos o consultores jurídicos de órganos y entes de la administración, o que ejerzan libremente la profesión en el ejercicio del Derecho.

Es necesario el rescate de nuestra profesión, es necesario que la justicia prevalezca en nuestra hermosa Venezuela, todos y cada uno de nosotros debemos aportar un pequeño grano de arena al cumplimiento de esta meta.

No es una utopía la justicia, no son simples palabras las escritas dentro de nuestra Constitución, por el contrario, son principios, derechos, deberes, garantías e instituciones jurídicas que durante muchos siglos de historia ha costado sangre mantenerlos, no solo por nuestro valeroso pueblo dentro de la época independentista sino también dentro de las más oscuras dictaduras latinoamericanas y europeas que han marcado de tragedia e injusticias tantas vidas.

Desde esta pequeña trinchera jurídica y de opinión queremos dar nuestro aporte, exhortando a la futura Asamblea Nacional que será elegida el próximo 6 de Diciembre, sea cual sea la tendencia ideológica que está tenga, sin importar el color partidista que defiendan, a debatir sobre una nueva legislación que regule los principios de actuación de los abogados, una Ley de Abogados ajustada a la realidad jurídica y social actual, modificando y dejando de lado la ya antigua ley que regula nuestra profesión desde varias décadas atrás, la cual a todas luces no corresponde a los avances que ha traído el siglo XXI, así como al cumplimiento estricto de los principios y garantías consagrados en la Constitución, permitiendo con esto que la justicia prevalezca en todos los rincones de nuestra amada Venezuela.


Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis


    
 



jueves, 18 de septiembre de 2014

Redes Sociales

Únete a nuestras redes sociales

Twitter: @puntodvjuridico
              @alonsomaciasl

Facebook: Punto Juridico

domingo, 23 de marzo de 2014

Registros y Notarias ¿Eficiencia o Ineficiencía Administrativa?

Registros y Notarias
¿Eficiencia o Ineficiencia Administrativa?

Escrito por:
Alonso José Macias Luis
23/03/2014

El ejercicio libre de la profesión de Abogado es cada día más difícil de realizar, no solo por la impunidad y falta de justicia reinante dentro de los tribunales de la República, sino por la ineficiencia administrativa existente en los órganos y entes de la Administración Pública nacional, estadal y municipal.

Los registros y notarias a nivel nacional es un claro ejemplo de esta afirmación. Protocolizar o autenticar un documento se ha vuelto cuesta arriba por la cantidad de trabas que han colocado estos entes administrativos, tales como las extensas colas en tempranas horas que se deben realizar por la limitación en el número de trámites que reciben diariamente, los cuales oscilan entre 6 a 30 dependiendo del registro o la notaria a la cual acudamos; la excesiva documentación que solicitan para soportar el documento, la cual no está sustentada legalmente; la ausencia de criterios unificados en los actos y negocios jurídicos llevados a cabo dentro de este servicio, los cuales son cambiados de forma arbitraria por parte de los registradores y notarios; el trato otorgado por el funcionario público a las personas que acudimos a solicitar de los servicios registrales o notariales; entre otros problemas que se presentan día a día.

Ahora bien, ¿Cuál es la raíz de estos problemas? ¿Por qué el servicio de registros y notarias carece en la actualidad de eficiencia administrativa? Son preguntas que diariamente los abogados en ejercicio nos realizamos sin encontrar una respuesta inmediata, para esto, debemos hacer un pequeño recordatorio de los cambios sufridos en este sistema para lograr aclarar estas interrogantes.

En el año 2001, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías mediante ley habilitante dicta el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado publicado en la Gaceta Oficial N° 37.333 de fecha 27 de noviembre de ese año, el cual tenía como objetivo la modernización de la institución registral, así como, la unificación legislativa del sistema registral y notarial el cual se encontraba disperso en varias normas de rango legal y sub legal.

Mediante esta norma se creó la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Este órgano desconcentrado tenía la función de centralizar la información y recursos obtenidos por el ejercicio de la función registral y notarial, sin embargo, a pesar de la creación de este órgano en la práctica nunca entró en funcionamiento, por lo cual los Registros y Notarias seguían ejerciendo el control en cuanto a la captación y distribución de los recursos que ingresaban a sus arcas.

Esta competencia que tenían los Registradores y Notarios en el manejo de los recursos públicos que fuesen recaudados se mantuvo vigente motivado a que el decreto ley no derogó la Ley de Arancel Judicial, la cual en su artículo 43 establecía que los Registros Mercantiles y las Notarias podían distribuir unos porcentajes de los ingresos captados entre el Registrador y Notario, los jefes de servicios y el personal adscrito a estos órganos administrativos. El artículo in comento estipula los porcentajes de la siguiente manera:

“En los Registros Mercantiles y Notarías se aplicará el producto de los aranceles, en primer término, a pagar a los empleados y obreros que no tengan remuneración presupuestaria, y a cubrir los demás gastos que exija el funcionamiento de la oficina.

Del remanente, después de haber deducido los porcentajes que por Ley corresponde a los Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social del Abogado, se destinará un diez por ciento (10 %) para la formación del Fondo de Previsión Social de Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, mediante la figura del servicio autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Justicia y con especial atención a la creación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones.

El saldo se distribuirá de la siguiente forma:

Treinta y cinco por ciento (35 %) para el Registrador Mercantil; quince por ciento (15%) para la jefatura de servicio; y cincuenta por ciento (50%) para el personal adscrito al respectivo Registro Mercantil. Al personal obrero le será asignado un sueldo básico, fijado por el Ministerio de Justicia, del porcentaje de gastos generales. El remanente del ingreso neto en las Notarías Públicas será distribuido en la siguiente proporción: Treinta y cinco por ciento (35%) para el Notario, quince por ciento (15%) para el Jefe de Servicio Revisor, dos por ciento (2%) para el Jefe de Archivo y el cuarenta y ocho por ciento (48 %) para los Escribientes.

De cada distribución mensual deberá enviarse copia al Ministerio del Justicia, Instituto de Previsión Social del Abogado y el respectivo Colegio de Abogados, por quien corresponda”.

Esta norma que por omisión del legislador no fue derogada, traía como consecuencia que los funcionarios públicos que laboraban en los Registros Mercantiles y en las Notarias percibieran ingresos por porcentaje en la realización del servicio, lo que hacía que la institución registral y notarial venezolana funcionará de manera eficiente al tener los recursos suficientes para ejercer esta función.  

Sin embargo, no fue la única omisión que el legislador realizó en la implantación del decreto ley, por cuanto no estipulo las tasas que debían ser cobradas como derechos registrales en la protocolización y autenticación de los actos y negocios jurídicos, sino que estipulo que mediante decreto el Presidente de la República en Consejo de Ministros podía determinar los aranceles a cobrar a los usuarios por los servicios registrales y notariales.
Esta situación fue tratada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de mayo de 2002 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la cual establece:
El Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, en su artículo 15 ordenó al Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa solicitud del Ministro del Interior y Justicia, la fijación de los aranceles que cancelarán los usuarios por concepto de registros y notarías.

Para esta fecha tal fijación no ha tenido lugar y la Ley de Registro Público de 5 de octubre de 1999, que señalaba derechos registrales, quedó derogada conforme a la Disposición Derogatoria Primera de la vigente Ley, por lo que los derechos registrales previstos en la Ley de Registro derogada no se encuentran vigentes, y así se declara.

En cuanto a los aranceles notariales, se encuentra vigente lo que dispone el Decreto Ley de Arancel Judicial de 5 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.391 de 23 de octubre de 1999, y así se declara.

No existiendo derechos registrales que pagar, considera la Sala que no hay razón, ni puede la Sala exonerar a los prestatarios en lo concerniente a los derechos notariales, y así se declara”.     
         
La sala estipuló la inexistencia de derechos registrales, teniendo como consecuencia que los registros no podían cobrar ningún tipo de tasas por la prestación de sus servicios. Es importante resaltar que esta prohibición era aplicable únicamente para los Registros Principales y los Públicos, conocidos anteriormente como Subalternos e Inmobiliarios, y no para los Registros Mercantiles y las Notarias las cuales si percibían ingresos por concepto de cobro de tasas en virtud de lo establecido en la Ley de Arancel Judicial.

En el año 2004, nuevamente la Sala Constitucional aborda esta problemática en sentencia de fecha 14 de septiembre de ese año, en ponencia del Magistrado Antonio García García, en la cual anuló el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado por ser contrario a lo estipulado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sala argumento su decisión en la siguiente forma:

“… En el impugnado artículo 15 se dejó al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la determinación y fijación de dos esenciales elementos de una obligación tributaria: el hecho generador y la alícuota. Ni uno ni otro aparecen en la ley, en franca violación del principio de la legalidad tributaria preceptuado en el artículo 317 de la Constitución, según el cual:

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”.

… El artículo 15 del decreto-legislativo impugnado califica como aranceles al pago que debe hacerse por servicios de registro y notariado. Esta Sala prefiere calificarlo, al menos a efectos de este fallo, como tasas, pues es lo que son. Es cierto que en otros países (España y algunos de Latinoamérica) se emplea el vocablo arancel para identificar el pago de servicios de notaría, pero es el caso que la actividad notarial es distinta en esos países. Así, en esos países los notarios son Licenciados en Derecho autorizados para dar fe pública y, como pago por su labor, cobrar honorarios. En esos países, la función notarial implica una especie de concesión de servicio público y entonces se admite que los notarios cobren honorarios, si bien regulados por el Estado.

El Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y Notariado no contiene ningún tributo, según se ha indicado. Ahora, lo normal es pensar que los pagos son tasas, tal como la propia doctrina venezolana lo ha considerado (por ejemplo, Vigilanza García, “Problemática jurídica en torno a la legislación sobre ‘aranceles’, tasas registrales y notarías en el Derecho venezolano”, Revista de Derecho Tributario, N° 98, 2003). Sin embargo, debe advertir la Sala que la derogada Ley de Registro Público contenía algunos supuestos que en realidad debían ser encuadrados como impuestos, pues no se pagaba por la operación registral sino por la negociación que se celebraba.

La intención del artículo 15 del decreto-legislativo demandado tal vez fue conferir al Ejecutivo Nacional el poder para aumentar las alícuotas de las tasas registrales y notariales, haciéndolas escapar de la rigidez que rodea las leyes. Sin embargo, constitucionalmente ello no es posible entre nosotros, aunque lo sea en otros países. 

Por supuesto, es necesario distinguir entre tasa y precio público, nociones bastante trabajadas por la doctrina reciente. Según el modelo de Código Orgánico Tributario para la América Latina, “no es tasa la contraprestación de servicios no inherentes al Estado.” Esas contraprestaciones son los denominados precios públicos, que al no ser tributos no requieren creación ni regulación legal.

En el caso de registros y notarías, es indudable que el servicio es inherente al Estado: los particulares están obligados a recurrir a él en ciertos casos, o al menos se hace aconsejable si pretenden disfrutar de la fe pública, que sólo la proporciona el Estado.

En consecuencia, no es posible afirmar que los servicios registrales y notariales sean “precios públicos” y no tasas, cuando la “fe pública”, principal beneficio obtenido del registro o protocolización de documentos, no es obtenible de prestadores de servicios particulares. Quedan a salvo los pagos que se efectúen en las dependencias registrales y notariales que, siendo importantes para la prestación del servicio, no sean en sí mismo producto del acto de registro o notariado.

Por lo expuesto, esta Sala declara con lugar la presente denuncia y, en consecuencia, anula el artículo 15 del Decreto con Fuerza de ley de Registro Público y Notariado. En vista de que hasta la fecha no se ha hecho uso de la facultad que otorgaba el artículo anulado, se hace innecesario fijar efectos retroactivos a la decisión”.

La decisión emanada de la Sala Constitucional diferenció las figuras de tasa, arancel y precio público, estipulando que los derechos registrales son tasas, siendo que su implantación está apegada al principio de legalidad, el cual no se encuentra configurado en el artículo 15 antes referido, teniendo como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.

Sin embargo, la decisión de la Sala Constitucional no contribuía con resolver el problema de fondo que se presentaban en la protocolización de documentos en los Registros Principales y Públicos, produciéndose la ineficiencia en la actividad registral presentada en estos órganos desconcentrados, en virtud que no obtenían ingresos y no podían solucionar las situaciones que se presentaban en estas sedes a diario, a pesar de esto, la sentencia ayudó en la obtención de seguridad jurídica en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 15 antes referido.

En cuanto a los Registros Mercantiles y las Notarias estos si percibían ingresos, teniendo como consecuencia que la situación presentada en estos órganos era completamente opuesta a la vivida dentro de los Registros Principales y Públicos, el servicio se prestaba de forma eficiente en razón que los Registradores Mercantiles y los Notarios percibían ingresos, manejaban los recursos y el saldo remanente era distribuido entre los funcionarios que estaban adscritos a ambos órganos.

En virtud de la decisión del año 2004 de la Sala Constitucional, el decreto ley fue derogado por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Registro Público y del Notariado publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006, la cual subsanaba las deficiencias que tenía el decreto legislativo del año 2001, implantando en el título V de la ley las tasas e impuestos a cobrar por los Registros y Notarias que serían destinadas al recién creado Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en sustitución de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado.

La ley del 2006 establece que el Servicio Autónomo de Registros y Notarias, conocido por sus siglas SAREN, realizará la coordinación, inspección y control de los distintos Registros y Notarias existentes en el país, es decir, la norma centralizó la función registral en un órgano desconcentrado, cambiando de forma drástica la configuración orgánica del sistema, así como la percepción y distribución de los ingresos percibidos por la prestación del servicio.

Los ingresos percibidos por la actividad registral son manejados directamente por el SAREN, en virtud de la derogatoria de la Ley de Arancel Judicial, siendo esta la principal causa de la ineficiencia administrativa presentada en el sistema; ya los Registradores, Notarios, Jefes de Servicios y personal adscrito a los Registros y Notarias no perciben los porcentajes que estipulaba esa norma, sino una remuneración tabulada por el órgano desconcentrado, siendo en la mayoría de los casos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los funcionarios y su núcleo familiar.

La función registral y notarial que en tiempos pasados era deseada por los Abogados de la nación, en la actualidad no es bien remunerada, es una actividad ineficiente a causa de lo que se conoce como operación morrocoy practicada por las personas que están dentro del sistema, que quieren un cambio al estatus remunerativo anterior, teniendo consecuencias directas para los usuarios que necesitan de la institución registral para protocolizar o autenticar los diversos actos y negocios jurídicos que establece el ordenamiento jurídico nacional.

De igual forma, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias ha sido ineficiente en el control de las funciones ejercidas por los Registros y Notarias, así como en la distribución de los recursos que ingresan a las arcas públicas, aspectos estos que inciden en la prestación del servicio público tornándolo a todas luces ineficiente, generando un caos en la institución registral nacional, la cual es necesaria para garantizar la certeza jurídica de todos los actos y negocios jurídicos que allí se efectúan.

La posible solución a esta problemática presentada en el sistema registral, que lejos de ser resuelta por el gobierno nacional, se ha ido acrecentando con el transcurrir del tiempo, en virtud de decisiones políticas que afectan el servicio, tal como la implantación de un sistema automatizado creado, implementado e instalado mediante un convenio con la República de Cuba, no se ve a corto plazo.

Como probable respuesta a esta problemática presentada en el sistema, esta la modificación legislativa de la Ley de Registro Público y del Notariado y del Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en la cual se implementen metas de recaudación para los distintos órganos, y en aquellos casos que estas metas sean cubiertas, los excedentes recaudados por la actividad registral y notarial sean percibidos directamente por el registro o notaria respectiva, para cubrir las necesidades propias del servicio y ser distribuidos de forma equitativa por todos los funcionarios adscritos a estos órganos.

La solución a la problemática está en manos del gobierno nacional. Lo que si queda claro es que la función registral y notarial es esencial para el buen desarrollo de la nación. El servicio debe funcionar de manera eficiente para cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula, buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede ser otorgada por el sistema, previendo de esta manera irregularidades y conflictos entre los particulares que deban ser resueltos por los órganos de administración de justicia.


Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
Correo electrónico a_macias80@hotmail.com y alonsomaciasluis@gmail.com