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jueves, 18 de septiembre de 2014
domingo, 23 de marzo de 2014
Registros y Notarias ¿Eficiencia o Ineficiencía Administrativa?
Registros
y Notarias
¿Eficiencia
o Ineficiencia Administrativa?
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
23/03/2014
El
ejercicio libre de la profesión de Abogado es cada día más difícil de realizar,
no solo por la impunidad y falta de justicia reinante dentro de los tribunales
de la República, sino por la ineficiencia administrativa existente en los
órganos y entes de la Administración Pública nacional, estadal y municipal.
Los
registros y notarias a nivel nacional es un claro ejemplo de esta afirmación.
Protocolizar o autenticar un documento se ha vuelto cuesta arriba por la
cantidad de trabas que han colocado estos entes administrativos, tales como las
extensas colas en tempranas horas que se deben realizar por la limitación en el
número de trámites que reciben diariamente, los cuales oscilan entre 6 a 30
dependiendo del registro o la notaria a la cual acudamos; la excesiva documentación
que solicitan para soportar el documento, la cual no está sustentada legalmente;
la ausencia de criterios unificados en los actos y negocios jurídicos llevados
a cabo dentro de este servicio, los cuales son cambiados de forma arbitraria por
parte de los registradores y notarios; el trato otorgado por el funcionario
público a las personas que acudimos a solicitar de los servicios registrales o
notariales; entre otros problemas que se presentan día a día.
Ahora
bien, ¿Cuál es la raíz de estos problemas? ¿Por qué el servicio de registros y
notarias carece en la actualidad de eficiencia administrativa? Son preguntas
que diariamente los abogados en ejercicio nos realizamos sin encontrar una
respuesta inmediata, para esto, debemos hacer un pequeño recordatorio de los
cambios sufridos en este sistema para lograr aclarar estas interrogantes.
En
el año 2001, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías mediante ley
habilitante dicta el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del
Notariado publicado en la Gaceta Oficial N° 37.333 de fecha 27 de noviembre de ese
año, el cual tenía como objetivo la modernización de la institución registral, así
como, la unificación legislativa del sistema registral y notarial el cual se
encontraba disperso en varias normas de rango legal y sub legal.
Mediante
esta norma se creó la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como
servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Interior
y Justicia. Este órgano desconcentrado tenía la función de centralizar la información
y recursos obtenidos por el ejercicio de la función registral y notarial, sin
embargo, a pesar de la creación de este órgano en la práctica nunca entró en
funcionamiento, por lo cual los Registros y Notarias seguían ejerciendo el
control en cuanto a la captación y distribución de los recursos que ingresaban
a sus arcas.
Esta
competencia que tenían los Registradores y Notarios en el manejo de los
recursos públicos que fuesen recaudados se mantuvo vigente motivado a que el
decreto ley no derogó la Ley de Arancel Judicial, la cual en su artículo 43
establecía que los Registros Mercantiles y las Notarias podían distribuir unos
porcentajes de los ingresos captados entre el Registrador y Notario, los jefes
de servicios y el personal adscrito a estos órganos administrativos. El artículo
in comento estipula los porcentajes de la siguiente manera:
“En los Registros Mercantiles y Notarías se aplicará el producto de los
aranceles, en primer término, a pagar a los empleados y obreros que no tengan
remuneración presupuestaria, y a cubrir los demás gastos que exija el
funcionamiento de la oficina.
Del remanente, después de haber deducido los porcentajes que por Ley
corresponde a los Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social del
Abogado, se destinará un diez por ciento (10 %) para la formación del Fondo de
Previsión Social de Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, mediante la
figura del servicio autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio
de Justicia y con especial atención a la creación de un Fondo de Pensiones y
Jubilaciones.
El saldo se distribuirá de la siguiente forma:
Treinta y cinco por ciento (35 %) para el Registrador Mercantil; quince
por ciento (15%) para la jefatura de servicio; y cincuenta por ciento (50%)
para el personal adscrito al respectivo Registro Mercantil. Al personal obrero
le será asignado un sueldo básico, fijado por el Ministerio de Justicia, del
porcentaje de gastos generales. El remanente del ingreso neto en las Notarías
Públicas será distribuido en la siguiente proporción: Treinta y cinco por
ciento (35%) para el Notario, quince por ciento (15%) para el Jefe de Servicio
Revisor, dos por ciento (2%) para el Jefe de Archivo y el cuarenta y ocho por
ciento (48 %) para los Escribientes.
De cada distribución mensual deberá enviarse copia al Ministerio del
Justicia, Instituto de Previsión Social del Abogado y el respectivo Colegio de
Abogados, por quien corresponda”.
Esta norma que por omisión del
legislador no fue derogada, traía como consecuencia que los funcionarios
públicos que laboraban en los Registros Mercantiles y en las Notarias percibieran
ingresos por porcentaje en la realización del servicio, lo que hacía que la institución
registral y notarial venezolana funcionará de manera eficiente al tener los
recursos suficientes para ejercer esta función.
Sin embargo, no fue la única omisión que
el legislador realizó en la implantación del decreto ley, por cuanto no
estipulo las tasas que debían ser cobradas como derechos registrales en la protocolización
y autenticación de los actos y negocios jurídicos, sino que estipulo que
mediante decreto el Presidente de la República en Consejo de Ministros podía determinar
los aranceles a cobrar a los usuarios por los servicios registrales y
notariales.
Esta situación fue tratada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de
mayo de 2002 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la cual establece:
“El
Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, en su artículo
15 ordenó al Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa
solicitud del Ministro del Interior y Justicia, la fijación de los aranceles
que cancelarán los usuarios por concepto de registros y notarías.
Para
esta fecha tal fijación no ha tenido lugar y la Ley de Registro Público de 5 de
octubre de 1999, que señalaba derechos registrales, quedó derogada conforme a
la Disposición Derogatoria Primera de la vigente Ley, por lo que los derechos
registrales previstos en la Ley de Registro derogada no se encuentran vigentes,
y así se declara.
En
cuanto a los aranceles notariales, se encuentra vigente lo que dispone el
Decreto Ley de Arancel Judicial de 5 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria Nro. 5.391 de 23 de octubre de 1999, y así se declara.
No
existiendo derechos registrales que pagar, considera la Sala que no hay razón,
ni puede la Sala exonerar a los prestatarios en lo concerniente a los derechos
notariales, y así se declara”.
La
sala estipuló la inexistencia de derechos registrales, teniendo como
consecuencia que los registros no podían cobrar ningún tipo de tasas por la prestación
de sus servicios. Es importante resaltar que esta prohibición era aplicable únicamente
para los Registros Principales y los Públicos, conocidos anteriormente como
Subalternos e Inmobiliarios, y no para los Registros Mercantiles y las Notarias
las cuales si percibían ingresos por concepto de cobro de tasas en virtud de lo
establecido en la Ley de Arancel Judicial.
En
el año 2004, nuevamente la Sala Constitucional aborda esta problemática en
sentencia de fecha 14 de septiembre de ese año, en ponencia del Magistrado Antonio
García García, en la cual anuló el artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley de
Registro Público y del Notariado por ser contrario a lo estipulado en el
artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
sala argumento su decisión en la siguiente forma:
“… En el impugnado
artículo 15 se dejó al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la
determinación y fijación de dos esenciales elementos de una obligación
tributaria: el hecho generador y la alícuota. Ni uno ni otro aparecen en la
ley, en franca violación del principio de la legalidad tributaria preceptuado
en el artículo 317 de la Constitución, según el cual:
“No podrán cobrarse
impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse
exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales sino en los casos
previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”.
… El artículo 15 del
decreto-legislativo impugnado califica como aranceles al pago que debe hacerse
por servicios de registro y notariado. Esta Sala prefiere calificarlo, al menos
a efectos de este fallo, como tasas, pues es lo que son. Es cierto que en otros
países (España y algunos de Latinoamérica) se emplea el vocablo arancel para
identificar el pago de servicios de notaría, pero es el caso que la actividad
notarial es distinta en esos países. Así, en esos países los notarios son
Licenciados en Derecho autorizados para dar fe pública y, como pago por su
labor, cobrar honorarios. En esos países, la función notarial implica una
especie de concesión de servicio público y entonces se admite que los notarios
cobren honorarios, si bien regulados por el Estado.
El Decreto con Fuerza
de Ley de Registro Público y Notariado no contiene ningún tributo, según se ha
indicado. Ahora, lo normal es pensar que los pagos son tasas, tal como la
propia doctrina venezolana lo ha considerado (por ejemplo, Vigilanza García,
“Problemática jurídica en torno a la legislación sobre ‘aranceles’, tasas
registrales y notarías en el Derecho venezolano”, Revista de Derecho
Tributario, N° 98, 2003). Sin embargo, debe advertir la Sala que la
derogada Ley de Registro Público contenía algunos supuestos que en realidad
debían ser encuadrados como impuestos, pues no se pagaba por la operación
registral sino por la negociación que se celebraba.
La intención del artículo
15 del decreto-legislativo demandado tal vez fue conferir al Ejecutivo Nacional
el poder para aumentar las alícuotas de las tasas registrales y notariales,
haciéndolas escapar de la rigidez que rodea las leyes. Sin embargo,
constitucionalmente ello no es posible entre nosotros, aunque lo sea en otros
países.
Por supuesto, es
necesario distinguir entre tasa y precio público, nociones bastante trabajadas
por la doctrina reciente. Según el modelo de Código Orgánico Tributario para la
América Latina, “no es tasa la contraprestación de servicios no
inherentes al Estado.” Esas contraprestaciones son los
denominados precios públicos, que al no ser tributos no requieren creación ni
regulación legal.
En el caso de
registros y notarías, es indudable que el servicio es inherente al Estado: los
particulares están obligados a recurrir a él en ciertos casos, o al menos se
hace aconsejable si pretenden disfrutar de la fe pública, que sólo la
proporciona el Estado.
En consecuencia, no
es posible afirmar que los servicios registrales y notariales sean “precios
públicos” y no tasas, cuando la “fe pública”, principal
beneficio obtenido del registro o protocolización de documentos, no es
obtenible de prestadores de servicios particulares. Quedan a salvo los pagos
que se efectúen en las dependencias registrales y notariales que, siendo
importantes para la prestación del servicio, no sean en sí mismo producto del
acto de registro o notariado.
Por lo expuesto, esta
Sala declara con lugar la presente denuncia y, en consecuencia, anula el
artículo 15 del Decreto con Fuerza de ley de Registro Público y Notariado. En
vista de que hasta la fecha no se ha hecho uso de la facultad que otorgaba el
artículo anulado, se hace innecesario fijar efectos retroactivos a la decisión”.
La
decisión emanada de la Sala Constitucional diferenció las figuras de tasa,
arancel y precio público, estipulando que los derechos registrales son tasas, siendo
que su implantación está apegada al principio de legalidad, el cual no se
encuentra configurado en el artículo 15 antes referido, teniendo como
consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.
Sin
embargo, la decisión de la Sala Constitucional no contribuía con resolver el
problema de fondo que se presentaban en la protocolización de documentos en los
Registros Principales y Públicos, produciéndose la ineficiencia en la actividad
registral presentada en estos órganos desconcentrados, en virtud que no obtenían
ingresos y no podían solucionar las situaciones que se presentaban en estas
sedes a diario, a pesar de esto, la sentencia ayudó en la obtención de seguridad
jurídica en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 15 antes referido.
En
cuanto a los Registros Mercantiles y las Notarias estos si percibían ingresos, teniendo
como consecuencia que la situación presentada en estos órganos era
completamente opuesta a la vivida dentro de los Registros Principales y
Públicos, el servicio se prestaba de forma eficiente en razón que los Registradores
Mercantiles y los Notarios percibían ingresos, manejaban los recursos y el
saldo remanente era distribuido entre los funcionarios que estaban adscritos a ambos
órganos.
En
virtud de la decisión del año 2004 de la Sala Constitucional, el decreto ley
fue derogado por la Asamblea Nacional mediante la Ley de Registro Público y del
Notariado publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.833 de fecha 22 de
diciembre de 2006, la cual subsanaba las deficiencias que tenía el decreto
legislativo del año 2001, implantando en el título V de la ley las tasas e
impuestos a cobrar por los Registros y Notarias que serían destinadas al recién
creado Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en sustitución de la
Dirección Nacional de Registros y del Notariado.
La
ley del 2006 establece que el Servicio Autónomo de Registros y Notarias,
conocido por sus siglas SAREN, realizará la coordinación, inspección y control
de los distintos Registros y Notarias existentes en el país, es decir, la norma
centralizó la función registral en un órgano desconcentrado, cambiando de forma
drástica la configuración orgánica del sistema, así como la percepción y distribución
de los ingresos percibidos por la prestación del servicio.
Los
ingresos percibidos por la actividad registral son manejados directamente por
el SAREN, en virtud de la derogatoria de la Ley de Arancel Judicial, siendo
esta la principal causa de la ineficiencia administrativa presentada en el
sistema; ya los Registradores, Notarios, Jefes de Servicios y personal adscrito
a los Registros y Notarias no perciben los porcentajes que estipulaba esa
norma, sino una remuneración tabulada por el órgano desconcentrado, siendo en
la mayoría de los casos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los
funcionarios y su núcleo familiar.
La
función registral y notarial que en tiempos pasados era deseada por los Abogados
de la nación, en la actualidad no es bien remunerada, es una actividad ineficiente
a causa de lo que se conoce como operación morrocoy practicada por las personas
que están dentro del sistema, que quieren un cambio al estatus remunerativo anterior,
teniendo consecuencias directas para los usuarios que necesitan de la institución
registral para protocolizar o autenticar los diversos actos y negocios
jurídicos que establece el ordenamiento jurídico nacional.
De
igual forma, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias ha sido ineficiente
en el control de las funciones ejercidas por los Registros y Notarias, así como
en la distribución de los recursos que ingresan a las arcas públicas, aspectos
estos que inciden en la prestación del servicio público tornándolo a todas
luces ineficiente, generando un caos en la institución registral nacional, la
cual es necesaria para garantizar la certeza jurídica de todos los actos y
negocios jurídicos que allí se efectúan.
La
posible solución a esta problemática presentada en el sistema registral, que
lejos de ser resuelta por el gobierno nacional, se ha ido acrecentando con el
transcurrir del tiempo, en virtud de decisiones políticas que afectan el
servicio, tal como la implantación de un sistema automatizado creado,
implementado e instalado mediante un convenio con la República de Cuba, no se
ve a corto plazo.
Como
probable respuesta a esta problemática presentada en el sistema, esta la modificación
legislativa de la Ley de Registro Público y del Notariado y del Reglamento
Orgánico del Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en la cual se implementen
metas de recaudación para los distintos órganos, y en aquellos casos que estas
metas sean cubiertas, los excedentes recaudados por la actividad registral y
notarial sean percibidos directamente por el registro o notaria respectiva,
para cubrir las necesidades propias del servicio y ser distribuidos de forma
equitativa por todos los funcionarios adscritos a estos órganos.
La
solución a la problemática está en manos del gobierno nacional. Lo que si queda
claro es que la función registral y notarial es esencial para el buen
desarrollo de la nación. El servicio debe funcionar de manera eficiente para
cubrir con las necesidades de los usuarios que diariamente acuden a estos
órganos para efectuar cualquier acto o negocio jurídico que la ley estipula,
buscando así la certeza jurídica de esos actos y la fe pública que solo puede
ser otorgada por el sistema, previendo de esta manera irregularidades y
conflictos entre los particulares que deban ser resueltos por los órganos de administración
de justicia.
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José Macias Luis
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miércoles, 19 de marzo de 2014
Programa Radial Derecho a la Manifestación vs Derecho al Libre Tránsito
Descarga la entrevista realizada por Graciela Beltrán Carías al Abogado Alonso Macias sobre el Derecho a la Manifestación vs Derecho al Libre Tránsito https://docs.google.com/file/d/0BzxCQq3mxbzyZ05aZ2dwM0hjV0k/edit
domingo, 16 de marzo de 2014
Archivo Jurisprudencial
“El
Caso Rosita”
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
16/03/2014
El
caso “Rosita” ha sido uno de los más sonados en el país, por cuanto se encuentra
vinculada la actriz y modelo Jimena Araya quien encarnó y popularizó al
personaje Rosita en el programa “A que te ríes” transmitido por Venevisión.
El
asunto judicial fue iniciado en el año 2012, el Ministerio Público acusó a la
actriz por presuntamente participar en la fuga de Héctor Guerrero apodado “El
Niño Guerrero”, del Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como la cárcel
de Tocorón.
Posteriormente
en fecha 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Segundo en Funciones de Control del
Circuito Judicial del Estado Aragua emite orden de aprehensión contra Araya por
la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y fuga de detenido en
grado de cooperador, establecidos en los artículos 83, 254 y 264 del Código
Penal.
En
fecha 29 de octubre de 2012, mediante un procedimiento llevado a cabo por la
Policía del Estado Carabobo fue capturada sin oponer resistencia la actriz en
la ciudad de Valencia, quien fue puesta a la orden de la Fiscalía.
El
Tribunal de Control en fecha 07 de noviembre de 2012, otorga a Araya una medida
sustitutiva de libertad de presentación cada 15 días, y la prohibición de salir
de la jurisdicción del Estado Aragua, no sin antes haber rechazado a 20
fiadores en el otorgamiento de la medida.
Mediante
un operativo llevado a cabo en la ciudad de Barquisimeto por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), se logro la
captura de Héctor Guerrero, quien según información suministrada por sus
abogados, negó la participación de Jimena Araya en su fuga de la cárcel de
Tocorón.
Actualmente
el caso Rosita espera por una sentencia definitiva, el tribunal de control ha
diferido la realización de las audiencias en diversas oportunidades,
constituyendo esto un claro ejemplo de la ausencia de celeridad procesal que
reina en nuestro sistema de justicia penal.
Ahora
bien, desde el punto de vista jurídico, la relevancia de este caso radica en
varios aspectos. El primero de estos es el principio que rige en todos los
procesos judiciales y administrativos conocido como presunción de inocencia, el
cual está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su artículo 49 numeral 2 que establece:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas
las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: …
2.
Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario…”
Desde
esta perspectiva el Estado violento este principio de jerarquía constitucional.
La actuación desplegada por el Ministerio Público, al imputar sin tener
suficientes elementos de convicción configura una violación de este principio,
se presumió la culpabilidad antes de la inocencia, siendo que este órgano del
Estado es el que tiene la carga de probar en todo proceso penal la culpabilidad
del imputado, y no como comúnmente sucede que es la defensa técnica la que
busca demostrar la inocencia de su representado.
Así
mismo, la opinión pública se presentó dividida, algunas personas apoyaron a la
actriz de forma irrestricta, y otros la condenaron realizando acusaciones que
no han sido demostradas en el proceso penal.
Cada
destacar que el principio de presunción de inocencia es un factor fundamental
dentro de nuestro sistema jurídico, los órganos del Estado deben garantizar la
plena vigencia del mismo en todos los asuntos judiciales y administrativos que
conozca. De igual forma, como ciudadanos no debemos emitir juicios de valor de
manera pública sin tener la plena convicción de los hechos acontecidos en
determinado asunto.
El
segundo aspecto destacable en este caso, es la responsabilidad que tiene el
Estado en el resguardo y control de los centros penitenciarios, siendo que
desde hace varias décadas el Estado ha ido perdiendo poder sobre estos
establecimientos, cediendo paso a los llamados lideres negativos conocidos comúnmente
como PRAN.
Los
pranes en la actualidad son los que tienen el control de los centros
penitenciarios, en este sentido, el Estado debe implementar planes y acciones
que vayan encaminados a recuperar esos espacios, para que realmente se cumpla
su objetivo como lo es la reinserción social del penado a la sociedad como un
hombre de bien.
La
fuga de un interno es responsabilidad directa del Estado, por cuanto es el que
tiene la atribución constitucional y legal de ejercer el control sobre los
establecimientos penitenciarios.
Otro
aspecto inmerso dentro de este caso es la presencia de la corrupción dentro del
sistema penitenciario, los funcionarios públicos responsables del resguardo
deben tener una actitud proba, el Estado no debe permitir por ningún motivo que
este flagelo gobierne dentro de las cárceles, sin embargo, desde hace algún tiempo
la realidad es que las penitenciarías son los sitios donde más abunda este cáncer
social.
El
Estado debe igualmente implementar proyectos que busquen la disminución de este
flagelo, de igual manera, debe ejercer el poder de imperio que ostenta para
castigar a aquellas personas que se valen de esta figura para obtener un
beneficio personal, venga de donde provenga esta persona, sea funcionario, reo
o un simple particular que cometa un acto de corrupción dentro del sistema
penitenciario.
El
caso “Rosita” ha puesto en evidencia el gran deterioro que vive los centros
penitenciarios, ha sido publicitado por todos los medios de comunicación social,
por la sola presencia de la actriz Jimena Araya como protagonista del mismo, pero
la realidad es que hay muchos casos de corrupción, violación a la celeridad
procesal y a la presunción de inocencia, así como de incumplimiento de
obligaciones del Estado en el resguardo y control de estos centros que no son
conocidos por la opinión pública, pero que son el día a día dentro de las cárceles
venezolanas.
En
cuanto a la actriz y modelo Jimena Araya, actualmente se encuentra ejerciendo
funciones de Directora de Derechos Humanos dentro del partido político Podemos,
apartándose de su imagen de bomba sexy lograda con su popular personaje “Rosita”,
igualmente está a la espera de la definición de su estatus jurídico, ha asumido
una gran responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales, tratando
de reivindicar su imagen pública la cual se vio manchada con estos hechos.
Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
lunes, 3 de marzo de 2014
Responsabilidad del Estado por Omisión en el desarme de los colectivos como grupos armados de choque
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
03/03/2014
La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece dentro de su
articulado la responsabilidad que tiene el Estado, tanto por acción como por omisión,
en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, lo cual constituye el
denominado “Bloque de la Constitucionalidad”, en los que encontramos a los artículos
2 como valor superior del Estado; 30 siendo la obligación de indemnizar por las
violaciones de los derechos humanos que le sean imputables; 49.8 en cuanto a la
responsabilidad del Poder Judicial; 139, 140 y 141 correspondientes a la
responsabilidad individual del funcionario, a la patrimonial del Estado, así
como un principio de actuación de la Administración Pública, respectivamente; y
por último el 259 que le otorga a la jurisdicción contencioso administrativa la
competencia para condenar al pago de sumas de dinero al Estado Venezolano.
Es
importante destacar el contenido de los artículos 2, 30 y 140 de la carta
magna, en el siguiente sentido:
Artículo 2. “Venezuela se constituye en
un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político.
Artículo 30. “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente
a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o
a su derechohabientes, incluso el pago de daños y perjuicios…”.
Artículo 140. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que
sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que
la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.
Es
claro que nuestra la Constitución de 1999 estipula la responsabilidad que tiene
el Estado cuando, cualquiera de los órganos o funcionarios que lo componen
violenten los derecho humanos garantizados en el ordenamiento jurídico.
Esta
responsabilidad implica el resarcimiento patrimonial a los afectados por la violación
en sus derechos fundamentales, siempre y cuando sea demostrado el nexo causal,
es decir, la vinculación entre el daño y el Estado, y que esté ha ocasionado
una disminución del patrimonio del particular.
En el caso que nos atañe, el
Estado Venezolano ha sido negligente en el desarme de los denominados
Colectivos, los cuales se han identificado como grupos afectos al proyecto político
que encarnó el fallecido Presidente Hugo Chávez Frías, y ahora lo lidera el
Presidente Nicolás Maduro, sin embargo, este último se ha desvinculado de éstos,
al proclamar en fecha 15 de febrero de 2014, durante la manifestación convocada
por el gobierno nacional en la Avenida Bolívar de Caracas que:
"… No acepto grupos violentos en el campo del chavismo y
la revolución, quien quiera tener armas para combatir con armas, que se vaya
del chavismo… Aquel que
salga con armas a la calle, se procederá legalmente. Tiene que haber
disciplina, mando único, claridad estratégica, verticalidad en el mando y en el
comando de la revolución… no serán corrientes anárquicas, violentas, las que
aporten nada a esta revolución de paz".
A pesar de estas declaraciones dadas por el Primer Mandatario
nacional, personeros vinculados al gobierno han desconocido que los colectivos
porten armas de fuego, tal como lo hizo a la redacción del diario 6to Poder el
ex Alcalde Metropolitano de Caracas Juan Barreto, quien señalo: “… la oposición
“mitómana” no puede probar que los colectivos están armados”.
Sin embargo, en diversas
oportunidades han sido publicadas fotografías en los medios de comunicación social,
así como en las redes sociales, de miembros de estos colectivos portando armas
de fuego, tal como sucedió con el autodenominado “La Piedrita” quien presentó a
sus militantes y a niños de la parroquia 23 de Enero con armamento bélico.
Ciertamente estos grupos han
sido creados inicialmente como una fuerza laboral de trabajo, en la actualidad su
finalidad ha sido desvirtuada, convirtiéndose en brazos armados, a pesar de las
declaraciones dadas por altos funcionarios en las cuales se han desvinculados
de los mismos, siguen actuando con absoluta impunidad al portar y usar armas de
fuego que sólo la Fuerza Armada Nacional tiene la competencia tanto constitucional
como legal de fabricar, importar, exportar, almacenar, controlar y poseer;
infringiendo de este modo las leyes de la República, ocasionándole al Estado la
obligación de indemnizar a las víctimas por la violación de los Derechos
Humanos de los particulares, tales como, la vida y la propiedad, convirtiéndose
estos grupos armados en Delincuencia Organizada como lo define el artículo 4 numeral
9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al
Terrorismo, la cual estipula:
Artículo 4 numeral
9. “Delincuencia
Organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto
tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole
para sí o para terceros.
Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona
jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en
esta Ley.
Para argumentar esta obligación
que tiene el Estado con los particulares, los artículos 3 numeral 8, 82 y 91 de
la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones dictada por la Asamblea
Nacional en fecha once (11) de junio de 2013, y publicada en Gaceta Oficial N°
40.140 de fecha diecisiete (17) de junio de 2013, estipula la definición de
desarme; la reserva del Estado de la fabricación, importación, exportación, tránsito
y comercialización de las armas de fuego; y los procedimiento de recuperación de
armas, respectivamente.
A los efectos de la norma antes
mencionada se entiende como desarme “… la acción del Estado orientada a
fomentar la entrega voluntaria o la recuperación forzosa de armas de fuego y
municiones que se encuentren en el territorio y demás espacios geográficos de
la República… amparada en el absoluto respeto y protección de los derechos
humanos”.
Ahora bien, los procedimientos
estipulados por la norma para el desarme realizado de manera forzosa son la incautación,
decomiso, confiscación y colección, teniendo como consecuencia para la persona
que porte el arma de fuego una pena de prisión de cuatro (04) a ocho (08) años.
Esta responsabilidad penal
establecida para el portador del arma de fuego, no excluye la que tiene el
Estado de indemnizar a las víctimas, que en virtud de la omisión realizada
hayan sido vulnerados sus derechos humanos.
En tal sentido, se verifican
los supuestos de procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión,
por cuanto se comprueba el nexo causal en el hecho que el desarme es una acción
del Estado y que éste tiene la reserva exclusiva de la posesión y comercialización
de armas de fuego, y al no realizar los procedimientos estipulados en la norma,
está siendo ineficiente en su obligación legal de desarmar a los colectivos. En
relación al daño patrimonial, si en virtud del porte ilegal de armas de fuego,
los denominados colectivos violentan derechos humanos como la propiedad, esta
puede ser cuantificada de manera monetaria, estableciendo el monto del daño
ocasionado.
En conclusión,
independientemente si los colectivos apoyan o no las políticas públicas y el
proyecto político puesto en marcha por el gobierno nacional; el Estado tiene la
obligación de realizar el desarme inmediato de los mismos para así garantizar
la paz en la República, y poder cumplir a cabalidad con sus competencias
establecidas tanto en la Constitución de 1999 y las diversas leyes que regulan
la materia.
En Gaceta Oficial: Ley para el Desarme
Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones http://www.tsj.gov.ve/gaceta/junio/1762013/1762013-3725.pdf#page=2
jueves, 27 de febrero de 2014
Gaceta Oficial. Ley del Régimen Cambiario
Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos http://www.tsj.gov.ve/gaceta_ext/febrero/1922014/E-1922014-3922.pdf#page=1
domingo, 23 de febrero de 2014
Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio
Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio
http://www.unicanina.com/download/Venezuela%20-%20Ley%20para%20la%20Proteccion%20de%20la%20Fauna%20Domestica%20Libre%20y%20en%20Cautiverio.pdf
http://www.unicanina.com/download/Venezuela%20-%20Ley%20para%20la%20Proteccion%20de%20la%20Fauna%20Domestica%20Libre%20y%20en%20Cautiverio.pdf
viernes, 21 de febrero de 2014
jueves, 20 de febrero de 2014
Derecho a la Manifestación vs. Derecho al Libre Tránsito
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
20/02/2014
La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza en su artículo
68 el Derecho a la Manifestación en la siguiente forma:
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se
prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Es
claro que nuestra carta magna garantiza el derecho a la manifestación pública pacífica
y sin armas, así como la prohibición al Estado Venezolano de utilizar armas de
fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacificas.
Ahora bien, la norma que regula
el derecho a la manifestación es la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.013
de fecha 23 de Diciembre de 2010, la cual en su artículo 41 estipula lo
siguiente:
“Todos los habitantes de la República tienen el derecho de
reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que
establezcan las leyes”.
En tal sentido, ambas normas
establecen el derecho a la manifestación pública, estipulando que la ley es la
que debe normar las limitaciones a este derecho.
En cuanto a esta limitación, la
ley antes referida regula en su artículo 43 que los organizadores de las reuniones
y manifestaciones públicas deben participar a la primera autoridad civil con
veinticuatro (24) horas de anticipación el lugar, día, hora y objeto que se
persigue con esa reunión o manifestación.
La norma le otorga una obligación
a los organizadores de las reuniones públicas o manifestaciones de participar
la realización de la misma ante la primera autoridad civil, es decir, ante el
Alcalde del Municipio donde se vaya a realizar la manifestación, siendo que no
estipula nada en relación con aquellas manifestaciones o reuniones que se den
de forma voluntaria.
Así mismo, el referido artículo
43, estipula es una obligación de participar, sin otorgar competencia a la
primera autoridad civil para aprobar o negar la reunión o manifestación, siendo
que la única limitación al respecto la prohibición contenida en el artículo 48
de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, sobre la
realización de reuniones o manifestaciones de carácter político con uso de
uniformes.
En cuanto a las manifestaciones
que se produzcan de forma espontanea por los miembros de la sociedad civil, la
referida ley en su artículo 49, le confiere a la primera autoridad civil la
posibilidad de ejercer todas las medidas preventivas tendientes a evitar las
reuniones o manifestaciones sin que se realice la participación respectiva,
limitando de esta forma el derecho a la manifestación, siendo que la medida preventiva
que sea dictada por la autoridad civil carecería de constitucionalidad por ser
contraria a la norma contenida en el artículo 68 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, la cual solo estipula que las
manifestaciones deben ser pacificas y sin armas sin otra limitación.
En cuanto, al Derecho al Libre
Tránsito el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela estipula:
“Toda
persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio
nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver,
trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o
sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de
concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe
garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden
ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.
Ningún acto del Poder Público
podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra
venezolanos o venezolanas”.
La norma constitucional antes
citada, garantiza el libre tránsito a todas las personas que se encuentren
dentro del territorio de la República, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes dictadas por los órganos competentes.
En tal sentido, tanto la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones como la Ley de Tránsito
Terrestre publicada en Gaceta Oficial N° 38.985 de fecha 01 de Agosto de 2008, garantizan
el pleno ejercicio de este derecho cuando exista una manifestación pública, en
sus artículos 51 y 74, respectivamente.
Es importante destacar el
contenido del artículo 51 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones en el siguiente sentido:
“Las autoridades procederán a disolver las aglomeraciones
que traten de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos
deliberantes, políticos, judiciales o administrativos. Así como también aquellas
que traten de fomentar desordenes u obstaculizar el libre tránsito.
Los aprehendidos o aprehendidas in fraganti serán penados
o penadas con arresto de quince a treinta días, sin perjuicio de las acciones a
que pudiera haber lugar”.
La norma le permite a las
autoridades la disolución de las manifestaciones que obstaculicen el libre tránsito,
así como, de aquellas que traten de impedir las reuniones de los cuerpos
deliberantes, tales como la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos o los
Concejos Municipales, políticos, judiciales o administrativos, siendo que esta
norma carece de constitucionalidad, por cuanto el referido artículo 68 de la
Constitución de 1.999, prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas
en el control de las manifestaciones pacificas, por lo cual, estas
manifestaciones no podrán ser reprimidas de forma violenta, y en el caso que
sean disueltas de esta manera, las autoridades que ejecuten esta represión tienen
responsabilidad civil, penal y administrativa conforme a lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, el ejerció de un
derecho de rango constitucional no puede ir en detrimento de otro derecho de
igual rango, en otras palabras, el derecho a la manifestación no puede afectar
el derecho al libre tránsito que tenemos los ciudadanos, por lo que en el
ejercicio del primero de los derechos citados no pueden realizarse cierre arbitrarios
de calles o avenidas, ni mucho menos realizar actos que sean contrarios a la
paz pública, tales como la quema de cauchos, desperdicios sólidos, ramas de árboles
u otros objetos que obstaculicen la vía pública tanto para los peatones como a
los vehículos, así como el daño de bienes públicos o privados.
En conclusión, como ciudadanos
debemos tener en cuenta que el ejercicio del derecho a la manifestación debe
realizarse siempre de forma pacífica y que este derecho no se encuentra en un
nivel superior al derecho al libre tránsito, por cuanto ambos tienen rango
constitucional.
domingo, 16 de febrero de 2014
sábado, 9 de febrero de 2013
jueves, 5 de julio de 2012
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