Carta
Abierta a la Asamblea Nacional
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
13/12/2015
El
pasado domingo 06 de Diciembre del año 2015, Venezuela fue protagonista de un
magistral proceso electoral en donde se renovaron los representantes del
parlamento nacional, el mismo fue abalado y alabado por distintos organismos
internacionales que fungieron como acompañantes, dando claras muestras que el
pueblo venezolano tiene una profunda raíz democrática y que quiere vivir bajo
ese sistema político durante muchos años más.
Una
vez dados los resultados electorales los distintos actores políticos de la vida
nacional dieron sus opiniones reconociendo la voluntad expresada por el pueblo
venezolano, así como mostrando señales de victoria sin revanchismo, el mismo
que en otrora le ha hecho tanto daño al país.
Sin
embargo, días posteriores al proceso electoral los ánimos se volvieron a
caldear, declaraciones de ambos bandos comenzaron nuevamente la retorica
revanchista, cada una aferrada a sus posiciones particulares, a su criterio de
cómo debe ser país, sin importar la opinión expresada por el pueblo en las
urnas electorales.
Declaraciones
dadas por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Allup
sobre el despido de personal y la reconstitución de la televisora perteneciente
a la Asamblea Nacional produjo reacciones en el primer mandatario nacional, en
el sentido de hacer cambios en la estructura administrativa, así mismo, las
declaraciones sobre la posible Ley de Amnistía para los llamados presos
políticos fue rechazada por el Presidente de la República al considerarla que
atenta contra los Derechos Humanos de las víctimas de las llamadas
guarimbas.
Todo
esto hace ver que el panorama político para el año 2016 no será el de dialogo,
conciliación y trabajo conjunto que deben tener los distintos poderes públicos
para lograr los fines del Estado como lo reza nuestra Constitución.
El
pueblo venezolano se expreso, quiere un rumbo distinto, quiere que el país sea
dirigido a un buen curso, quiere que los actores políticos trabajen
mancomunadamente sin diatriba política que no ayuda a solucionar los verdaderos
problemas que sufrimos los venezolanos como lo son la economía y la inseguridad,
tan solo por mencionar alguna de las vicisitudes que están presente en el día a
día de la vida nacional.
Por
esta razón hacemos votos por que los distintos actores políticos que conviven
en el país se reconozcan y vean que en la unión esta la fuerza, que deben
trabajar por el bienestar de los venezolanos, de esta hermosa nación,
necesitamos un verdadero liderazgo que vaya en pro del beneficio colectivo, que
no se caiga en esas luchas de palabras, en los insultos y descalificativos a
los cuales lastimosamente estamos acostumbrados desde hace ya varios años, que
entiendan que se necesitan mutuamente, que puede haber ideas contrarias,
ideologías políticas distintas pero puede existir respeto a esas posiciones
encontradas y que en definitiva han sido elegidos para solventar los graves
problemas que aqueja a la nación.
Esperamos
desde esta columna de opinión que ese entendimiento llegue más pronto de lo deseado,
queremos prosperar dentro de estas tierras suramericanas, queremos seguir
soñando que Venezuela puede llegar a ser en un futuro inmediato un país de
progreso y de oportunidades para todos, en donde se conviva en sana paz, en
donde solo exista bienestar y en donde esos tragos amargos los superemos y los
recordemos en el futuro como enseñanzas de lo que no debe nunca más suceder en
el país.
Así
mismo, queremos no solo expresar ideas sobre el devenir político y el
comportamiento que deben tener los dirigentes nacionales, también buscamos
postular ideas legislativas necesarias para construir una agenda basada en la
renovación de las políticas públicas que ayuden a nuestros mandatarios a crear
el país posible y lleno de oportunidades que queremos, vistas desde el campo de
la experiencia profesional y no desde posiciones partidistas, sin embargo
algunas de las ideas que daremos mediante este articulo coincidan con las
expresadas por factores políticos sin que esto sea entendido como una posición de
nuestra parte a favor o en contra del gobierno o de la oposición.
Las
opiniones que expresaremos la hacemos desde un punto de vista objetivo, sin
descalificativos alguno y abalado por lo estipulado en los artículos 57 y 62 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales citamos a
continuación:
Artículo 57. “Toda persona
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones
de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura…”
Artículo 62. “Todos los
ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o
elegidas…”.
Es
claro que nuestra carta magna nos da la libertad de expresar nuestras opiniones
y de participar en los asuntos públicos de la nación, en virtud de ello
proponemos unas reformas necesarias a la Asamblea Nacional para la construcción
de una agenda legislativa en beneficio del colectivo.
Iniciamos
estas propuestas expresando la necesidad de modificar una ley fundamental que
darían piso jurídico solido para posibles cambios en las políticas públicas
dirigidas a la mejora de la economía nacional, y la creación de una serie de
normas que coadyuven en ese objetivo, nos referimos en primera instancia a la Ley Orgánica de Precios Justos, es
necesario el estudio de las consecuencias que ha traído la implementación de
esta norma en el sistema económico nacional, la gran discrecionalidad que le
otorga a la Superintendencia de Precios Justos para la regulación de los
precios de los distintos rubros ha afectado a la empresa privada, trayendo como
consecuencia la escases de los productos alimenticios, medicinas, repuestos
automotores, de higiene personal, y muchos otros.
La
propuesta dada no se enfoca en la derogación total de la norma, lo que traería
un vacío jurídico en esta área con consecuencias nefastas para los consumidores
y usuarios de bienes y servicios, la misma está dirigida a la mejora de áreas necesarias
que la ley actual no contempla, como por ejemplo la escasa o inexistente
regulación de derechos dirigidos a la
protección de los usuarios como los contenía la anterior Ley para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, debe nuevamente
establecerse estos derechos en una norma mucho más amplia y garantista, así
mismo, el establecimiento de
procedimientos conciliatorios llevados ante la Superintendencia Nacional,
en donde se le permita a los consumidores y usuarios, así como a los propietarios
de los comercios resolver los distintos conflictos surgidos en vía amigable sin
necesidad de llegar a utilizar la jurisdicción como mecanismo para solventar
los mismos, ayudando de este modo a la desconcentración de las causas que se
llevan ante el Poder Judicial.
Siguiendo
este orden de ideas, la Ley Orgánica de Precios Justos debe ser modificada en
el sentido de establecer mecanismos de
concertación entre los usuarios, los productores y comerciantes, y el Estado para
la implementación de la regulación de los precios justos, para que de manera
efectiva se realice un combate contra el acaparamiento y la especulación existente
en el país.
Ciertamente
el Estado debe tener la potestad de control en esta área, pero esta no puede
ser realizada de manera unipersonal, al contrario debe ser mediante un acuerdo
entre los involucrados, a través del dialogo abierto de esta especie de
comisión tripartita que permita realmente determinar cuál es el precio real de
los distintos productos de la cadena de producción, comercialización y
distribución.
Aunado
a lo anterior, la propuesta de reforma aquí dada conlleva la disminución de la potestad discrecional que tiene la
Superintendencia en las facultades de fiscalización lo que ha traído como
consecuencia la extralimitación de funciones por parte de los funcionarios
actuantes, la misma debe estar ajustada al debido proceso estipulado en el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta
reforma debe propender a garantizar el derecho a la defensa de todos los
factores que conforman está área, eliminando las medidas preventivas como el
comiso de bienes y el cierre temporal de empresas realizadas sin previa
audiencia al interesado.
En
tal sentido, la modificación legislativa debe garantizar que el Estado pueda
realizar las fiscalizaciones con el debido respeto a los derechos humanos,
creando mecanismos acordes para la realización de estos fines, estipulando de
manera clara las facultades que tendrá el fiscalizador mediante un acta
previamente levantada por la Superintendencia y con la debida identificación
del funcionario actuante, así se evitaría la extralimitación de funciones por
parte del ente administrativo.
Otra
de las modificaciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos,
es el establecimiento de sanciones
proporcionales al hecho que las genera, trayendo consigo la disminución de las
multas exorbitantes que contiene la actual norma, las mismas han conseguido
que las empresas y los pequeños comerciantes se vean en la imperiosa necesidad
de cerrar sus puertas en virtud del daño patrimonial que les genera las
excesivas sanciones impuestas por la Superintendencia.
Todos
estos puntos previamente expresados son los que consideramos acordes para una
posible reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos. Queremos ser enfáticos en
el sentido que no proponemos una eliminación total de la norma, ni de la
facultad regulatoria del Estado, al contrario creemos necesario que el Estado a
través de sus órganos y entes competentes deben tener esa facultad, y que la
norma en la actualidad nacional es necesaria para el combate de flagelos y
canceres sociales que se han venido produciendo en nuestra patria como lo son
el acaparamiento de productos y la especulación en el establecimiento de los
precios de los mismos, pero debe igualmente la norma ser garantista y
respetuosa de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.
Siguiendo
este orden de ideas expresadas, es necesaria la creación de una ley que regule el control de cambio,
que establezca entre otras cosas lo siguiente:
-
Las causales por las cuales el Estado
venezolano implementara el mismo;
-
El tiempo por el cual estará
restringido el libre acceso de las divisas;
-
Los procedimientos administrativos
para la adquisición de las mismas;
-
Los órganos y entes encargados de la
ejecución de dicho control;
-
Las sanciones administrativas y
penales que haya lugar en caso de incumplimiento de la norma;
-
Los procedimientos para la
implantación de las sanciones mencionadas;
-
Las facultades de fiscalización del
órgano o ente público acordes con el debido proceso establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
-
Las responsabilidades administrativas
y disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos;
-
La determinación de los tribunales y
sus competencias con relación al control cambiario;
-
El establecimiento de los procedimientos
judiciales dirigidos específicamente para el cumplimiento de las disposiciones
en materia de control de cambio que revistan las más amplias garantías del
debido proceso;
-
La repatriación de capital proveniente
de ilícitos administrativos o penales realizados en contravención a las formas
de adquisición de divisas y al uso adecuado con el que deben ser utilizados;
-
El establecimiento de disposiciones
transitorias que busquen la eliminación gradual del actual control de cambio,
sin que la derogatoria del actual sistema implique una afectación de la
economía nacional.
Estas
normas deben ser elaboradas con el más amplio consenso de todos los sectores
económicos del país, a los fines de crear una base jurídica robusta que pueda
ser utilizada en beneficio del colectivo y de los intereses económicos de la
nación.
Ciertamente
en la actualidad existen normas jurídicas que regulan estas áreas, pero casi
todas de rango sub legal, es decir, por debajo de la ley, siendo que esta
situación no es la idónea para el sano desenvolvimiento de los asuntos
nacionales relativos al control de cambio, al contrario han sido objeto de
innumerables críticas desde diversas áreas que van desde lo jurídico, económico
e incluso político.
También
hay que hacer la salvedad que el actual control cambiario en el cual está
sometido el país, en el momento de su establecimiento era necesario en virtud
de la crisis por la que atravesaba Petróleos de Venezuela S.A., en los años
2.002 y 2.003, esto derivado al paro petrolero y la ausencia de divisas
existente en el país, sin embargo, la economía nacional después de estos años
sufrió un repunte impresionante, lo que hubiese generado el desmantelamiento
progresivo de este control, siendo que esta situación no ocurrió, por el
contrario fueron modificados los sistemas cambiarios y los tipos de tasas de
cambios, trayendo consigo que la población encontrara formulas para evadir el
mismo realizando viajes al exterior utilizando las tarjetas de créditos para
obtener un lucro particular, esto fue realizado sin la debida fiscalización por
parte del Estado, y aunado a lo anterior los procesos de adquisición de divisas
no tenían un control posterior a la entrega, es decir, no se verificaba que las
divisas entregadas fueran utilizadas en la forma y manera como eran
solicitadas, teniendo como consecuencia la creación de denominadas empresas de
maletín que solicitaban las divisas y les eran adjudicadas las mismas pero que
no cumplían con el fin para el cual eran pedidas, en este sentido, existe una
corresponsabilidad entre el Estado y la población en el mal desenvolvimiento
del actual control de cambio, estos aspectos deben ser objeto de un estudio
profundo por parte de la Asamblea Nacional antes de la creación de la ley que
acá proponemos a los fines de evitar a futuro que estos vicios se vuelvan a
generar, desvirtuando así el fin para el cual fue creado y establecido el
control cambiario.
Continuando
con las propuestas legislativas, creemos necesario el fomento por parte del
Estado mediante la creación de una ley
de fomento para la implantación de empresas y micro empresas, de pequeños y
medianos productores y comerciantes que ayude a desarrollar la economía
productiva de la nación, a incrementar los niveles de producción de los distintos
rubros, a evitar y combatir el monopolio de las macro empresas, a diversificar
las opciones que tenga el consumidor en cuanto a la adquisición de los
productos de distintas índoles, a lograr productos de calidad dignos de
exportación que a su vez auxiliaría a una renovación económica, es decir, a que
la producción nacional no esté basada únicamente en la renta petrolera sino que
pueda valerse de distintos mecanismos de ingresos necesarios para sostener el
gasto público.
Este
fomento es una de las potestades del Estado, y en la actualidad es necesario la
vuelta a esas políticas públicas que en otrora trajeron beneficios positivos a
la nación, a los fines de ejemplificar mejor esta propuesta traemos a colación la
política de fomento realizada por el Presidente Hugo Chávez de creación de
cooperativas, las mismas tenían exenciones en materia impositiva, así como el
otorgamiento de créditos denominados blandos para que estas realizaran su labor
en pro del colectivo, es necesario que el Estado fomente nuevamente la creación
de figuras jurídicas mercantiles o sociales, con reglas claras para el
otorgamiento de créditos y facultades fiscalizadoras que vayan acorde con el
debido proceso y los derechos económicos consagrados en la Constitución.
Así
mismo, consideramos necesario una ley de
fomento a las actividades agrícolas y agropecuarias, sin que esta propuesta
sea entendida como una modificación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
por el contrario creemos necesario una legislación que vaya de la mano con la
anterior mencionada para garantizar la producción nacional y el desarrollo
endógeno establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Esta
norma a la que nos referimos estaría enfocada en fomentar mediante el
establecimiento de créditos otorgados por parte del Estado a los pequeños y
mediano productores nacionales para potenciar el desarrollo agrícola y
agropecuario, teniendo como una futura consecuencia el mejoramiento de estas
dos grandes áreas del quehacer productivo de la nación, dejando de lado la
necesidad actual de importar las materias primas y los productos
agroalimentarios dado que los mismos serian elaborados en nuestro país con la
suficiente calidad y cantidad para garantizar el abastecimiento interno y el
excedente poder ser exportado con un sello de hecho en Venezuela.
Sin
embargo, estos créditos no pueden estar distanciados de las facultades
fiscalizadoras que ostenta el Estado, por el contrario deben ir de la mano, el
Estado debe controlar la entrega de los mismos a aquellos productores que
cumplan los parámetros establecidos en la ley previo la realización de un
estudio socio económico realizado a las personas que soliciten los créditos,
así mismo, es una obligación de los órganos y entes públicos encargados en la
materia de realizar un control posterior de los resultados obtenidos mediante
el otorgamiento del financiamiento, de esta manera se busca la mayor
transparencia por parte de todos los factores involucrados en esta actividad
financiera.
En
cuanto al gasto público, es necesaria la reducción del mismo a niveles que el
Estado pueda manejar de manera eficiente, por lo cual es necesario una ley marco sobre el gasto público, la
cual busque su reducción, eliminando gastos superfluos o innecesarios en la
Administración Pública, reduciendo aquellas unidades o estructuras
administrativas no necesarias bien sea con la fusión de las mismas en otras
dependencias o su eliminación previo la realización de un estudio profundo
sobre los distintos órganos públicos, así mismo, estableciendo el control
posterior al gasto que realizan los órganos de control fiscal, fortaleciendo
aun más las facultades que estos ostentan otorgadas por la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Como
un punto particular, es importante acotar la necesidad de dividir esa última
norma mencionada en dos que busquen una mayor claridad sobre el control fiscal,
es necesario que la Contraloría General de la República tenga su norma
particular que regule su organización interna, así como las facultades de
control fiscal de este órgano y los procedimientos que la misma sigue para
lograr ese fin; y de igual manera, es necesario que exista una norma que regule
al Sistema Nacional de Control Fiscal, una norma individualizada distinta de la
que regula al órgano contralor, con órganos propios y facultades propias pero
que trabajen de manera mancomunada para el combate efectivo de la corrupción
latente en la administración.
Consideramos
que estas propuestas dirigidas al área económica son necesarias en la
actualidad, queda de parte de los parlamentarios tomar en consideración todas o
algunas de las mismas, profundizarlas, desarrollarlas aun más, discutirlas con
todos los sectores del país, buscando siempre el bienestar del colectivo, el
bienestar de nuestra nación.
Sin
embargo, habrán muchas otras propuestas distintas y diversas que también deben
ser consideradas por los parlamentarios, teniendo siempre en mente que todas son
una suma de voluntades que buscan un mismo objetivo, el bien común de todos los
venezolanos.
Desde
esta columna de opinión hacemos énfasis en que las mismas son producto de la
experiencia profesional y ciudadana, y no de aspectos políticos partidistas,
por cuanto no pertenecemos a organización política alguna, somos profesionales
dedicados a resolver los conflictos de la población dando respuesta inmediata a
todos ellos, desde nuestras limitadas
posibilidades.
En
una futura entrega estaremos realizando propuestas a la Asamblea Nacional
mediante esta carta abierta sobre otra de la problemática que enfrenta el
venezolano en su día a día como lo es la inseguridad.
Hasta
una próxima entrega…
Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
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