domingo, 13 de diciembre de 2015

Carta Abierta a la Asamblea Nacional. Primera Parte

Carta Abierta a la Asamblea Nacional
Escrito por:
Alonso José Macias Luis
13/12/2015


El pasado domingo 06 de Diciembre del año 2015, Venezuela fue protagonista de un magistral proceso electoral en donde se renovaron los representantes del parlamento nacional, el mismo fue abalado y alabado por distintos organismos internacionales que fungieron como acompañantes, dando claras muestras que el pueblo venezolano tiene una profunda raíz democrática y que quiere vivir bajo ese sistema político durante muchos años más.

Una vez dados los resultados electorales los distintos actores políticos de la vida nacional dieron sus opiniones reconociendo la voluntad expresada por el pueblo venezolano, así como mostrando señales de victoria sin revanchismo, el mismo que en otrora le ha hecho tanto daño al país.

Sin embargo, días posteriores al proceso electoral los ánimos se volvieron a caldear, declaraciones de ambos bandos comenzaron nuevamente la retorica revanchista, cada una aferrada a sus posiciones particulares, a su criterio de cómo debe ser país, sin importar la opinión expresada por el pueblo en las urnas electorales.

Declaraciones dadas por el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática Henry Ramos Allup sobre el despido de personal y la reconstitución de la televisora perteneciente a la Asamblea Nacional produjo reacciones en el primer mandatario nacional, en el sentido de hacer cambios en la estructura administrativa, así mismo, las declaraciones sobre la posible Ley de Amnistía para los llamados presos políticos fue rechazada por el Presidente de la República al considerarla que atenta contra los Derechos Humanos de las víctimas de las llamadas guarimbas.  

Todo esto hace ver que el panorama político para el año 2016 no será el de dialogo, conciliación y trabajo conjunto que deben tener los distintos poderes públicos para lograr los fines del Estado como lo reza nuestra Constitución.

El pueblo venezolano se expreso, quiere un rumbo distinto, quiere que el país sea dirigido a un buen curso, quiere que los actores políticos trabajen mancomunadamente sin diatriba política que no ayuda a solucionar los verdaderos problemas que sufrimos los venezolanos como lo son la economía y la inseguridad, tan solo por mencionar alguna de las vicisitudes que están presente en el día a día de la vida nacional.   

Por esta razón hacemos votos por que los distintos actores políticos que conviven en el país se reconozcan y vean que en la unión esta la fuerza, que deben trabajar por el bienestar de los venezolanos, de esta hermosa nación, necesitamos un verdadero liderazgo que vaya en pro del beneficio colectivo, que no se caiga en esas luchas de palabras, en los insultos y descalificativos a los cuales lastimosamente estamos acostumbrados desde hace ya varios años, que entiendan que se necesitan mutuamente, que puede haber ideas contrarias, ideologías políticas distintas pero puede existir respeto a esas posiciones encontradas y que en definitiva han sido elegidos para solventar los graves problemas que aqueja a la nación.

Esperamos desde esta columna de opinión que ese entendimiento llegue más pronto de lo deseado, queremos prosperar dentro de estas tierras suramericanas, queremos seguir soñando que Venezuela puede llegar a ser en un futuro inmediato un país de progreso y de oportunidades para todos, en donde se conviva en sana paz, en donde solo exista bienestar y en donde esos tragos amargos los superemos y los recordemos en el futuro como enseñanzas de lo que no debe nunca más suceder en el país.

Así mismo, queremos no solo expresar ideas sobre el devenir político y el comportamiento que deben tener los dirigentes nacionales, también buscamos postular ideas legislativas necesarias para construir una agenda basada en la renovación de las políticas públicas que ayuden a nuestros mandatarios a crear el país posible y lleno de oportunidades que queremos, vistas desde el campo de la experiencia profesional y no desde posiciones partidistas, sin embargo algunas de las ideas que daremos mediante este articulo coincidan con las expresadas por factores políticos sin que esto sea entendido como una posición de nuestra parte a favor o en contra del gobierno o de la oposición.        

Las opiniones que expresaremos la hacemos desde un punto de vista objetivo, sin descalificativos alguno y abalado por lo estipulado en los artículos 57 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los cuales citamos a continuación:

Artículo 57. “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”

Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”.

Es claro que nuestra carta magna nos da la libertad de expresar nuestras opiniones y de participar en los asuntos públicos de la nación, en virtud de ello proponemos unas reformas necesarias a la Asamblea Nacional para la construcción de una agenda legislativa en beneficio del colectivo.

Iniciamos estas propuestas expresando la necesidad de modificar una ley fundamental que darían piso jurídico solido para posibles cambios en las políticas públicas dirigidas a la mejora de la economía nacional, y la creación de una serie de normas que coadyuven en ese objetivo, nos referimos en primera instancia a la Ley Orgánica de Precios Justos, es necesario el estudio de las consecuencias que ha traído la implementación de esta norma en el sistema económico nacional, la gran discrecionalidad que le otorga a la Superintendencia de Precios Justos para la regulación de los precios de los distintos rubros ha afectado a la empresa privada, trayendo como consecuencia la escases de los productos alimenticios, medicinas, repuestos automotores, de higiene personal, y muchos otros.
La propuesta dada no se enfoca en la derogación total de la norma, lo que traería un vacío jurídico en esta área con consecuencias nefastas para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, la misma está dirigida a la mejora de áreas necesarias que la ley actual no contempla, como por ejemplo la escasa o inexistente regulación de derechos dirigidos a la protección de los usuarios como los contenía la anterior Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, debe nuevamente establecerse estos derechos en una norma mucho más amplia y garantista, así mismo, el establecimiento de procedimientos conciliatorios llevados ante la Superintendencia Nacional, en donde se le permita a los consumidores y usuarios, así como a los propietarios de los comercios resolver los distintos conflictos surgidos en vía amigable sin necesidad de llegar a utilizar la jurisdicción como mecanismo para solventar los mismos, ayudando de este modo a la desconcentración de las causas que se llevan ante el Poder Judicial.

Siguiendo este orden de ideas, la Ley Orgánica de Precios Justos debe ser modificada en el sentido de establecer mecanismos de concertación entre los usuarios, los productores y comerciantes, y el Estado para la implementación de la regulación de los precios justos, para que de manera efectiva se realice un combate contra el acaparamiento y la especulación existente en el país.

Ciertamente el Estado debe tener la potestad de control en esta área, pero esta no puede ser realizada de manera unipersonal, al contrario debe ser mediante un acuerdo entre los involucrados, a través del dialogo abierto de esta especie de comisión tripartita que permita realmente determinar cuál es el precio real de los distintos productos de la cadena de producción, comercialización y distribución.

Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma aquí dada conlleva la disminución de la potestad discrecional que tiene la Superintendencia en las facultades de fiscalización lo que ha traído como consecuencia la extralimitación de funciones por parte de los funcionarios actuantes, la misma debe estar ajustada al debido proceso estipulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta reforma debe propender a garantizar el derecho a la defensa de todos los factores que conforman está área, eliminando las medidas preventivas como el comiso de bienes y el cierre temporal de empresas realizadas sin previa audiencia al interesado.

En tal sentido, la modificación legislativa debe garantizar que el Estado pueda realizar las fiscalizaciones con el debido respeto a los derechos humanos, creando mecanismos acordes para la realización de estos fines, estipulando de manera clara las facultades que tendrá el fiscalizador mediante un acta previamente levantada por la Superintendencia y con la debida identificación del funcionario actuante, así se evitaría la extralimitación de funciones por parte del ente administrativo.

Otra de las modificaciones necesarias dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos, es el establecimiento de sanciones proporcionales al hecho que las genera, trayendo consigo la disminución de las multas exorbitantes que contiene la actual norma, las mismas han conseguido que las empresas y los pequeños comerciantes se vean en la imperiosa necesidad de cerrar sus puertas en virtud del daño patrimonial que les genera las excesivas sanciones impuestas por la Superintendencia.

Todos estos puntos previamente expresados son los que consideramos acordes para una posible reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos. Queremos ser enfáticos en el sentido que no proponemos una eliminación total de la norma, ni de la facultad regulatoria del Estado, al contrario creemos necesario que el Estado a través de sus órganos y entes competentes deben tener esa facultad, y que la norma en la actualidad nacional es necesaria para el combate de flagelos y canceres sociales que se han venido produciendo en nuestra patria como lo son el acaparamiento de productos y la especulación en el establecimiento de los precios de los mismos, pero debe igualmente la norma ser garantista y respetuosa de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución.

Siguiendo este orden de ideas expresadas, es necesaria la creación de una ley que regule el control de cambio, que establezca entre otras cosas lo siguiente:

-          Las causales por las cuales el Estado venezolano implementara el mismo;
-          El tiempo por el cual estará restringido el libre acceso de las divisas;
-          Los procedimientos administrativos para la adquisición de las mismas;
-          Los órganos y entes encargados de la ejecución de dicho control;
-          Las sanciones administrativas y penales que haya lugar en caso de incumplimiento de la norma;
-          Los procedimientos para la implantación de las sanciones mencionadas;
-          Las facultades de fiscalización del órgano o ente público acordes con el debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
-          Las responsabilidades administrativas y disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos;
-          La determinación de los tribunales y sus competencias con relación al control cambiario;
-          El establecimiento de los procedimientos judiciales dirigidos específicamente para el cumplimiento de las disposiciones en materia de control de cambio que revistan las más amplias garantías del debido proceso;
-          La repatriación de capital proveniente de ilícitos administrativos o penales realizados en contravención a las formas de adquisición de divisas y al uso adecuado con el que deben ser utilizados;
-          El establecimiento de disposiciones transitorias que busquen la eliminación gradual del actual control de cambio, sin que la derogatoria del actual sistema implique una afectación de la economía nacional.

Estas normas deben ser elaboradas con el más amplio consenso de todos los sectores económicos del país, a los fines de crear una base jurídica robusta que pueda ser utilizada en beneficio del colectivo y de los intereses económicos de la nación.

Ciertamente en la actualidad existen normas jurídicas que regulan estas áreas, pero casi todas de rango sub legal, es decir, por debajo de la ley, siendo que esta situación no es la idónea para el sano desenvolvimiento de los asuntos nacionales relativos al control de cambio, al contrario han sido objeto de innumerables críticas desde diversas áreas que van desde lo jurídico, económico e incluso político.

También hay que hacer la salvedad que el actual control cambiario en el cual está sometido el país, en el momento de su establecimiento era necesario en virtud de la crisis por la que atravesaba Petróleos de Venezuela S.A., en los años 2.002 y 2.003, esto derivado al paro petrolero y la ausencia de divisas existente en el país, sin embargo, la economía nacional después de estos años sufrió un repunte impresionante, lo que hubiese generado el desmantelamiento progresivo de este control, siendo que esta situación no ocurrió, por el contrario fueron modificados los sistemas cambiarios y los tipos de tasas de cambios, trayendo consigo que la población encontrara formulas para evadir el mismo realizando viajes al exterior utilizando las tarjetas de créditos para obtener un lucro particular, esto fue realizado sin la debida fiscalización por parte del Estado, y aunado a lo anterior los procesos de adquisición de divisas no tenían un control posterior a la entrega, es decir, no se verificaba que las divisas entregadas fueran utilizadas en la forma y manera como eran solicitadas, teniendo como consecuencia la creación de denominadas empresas de maletín que solicitaban las divisas y les eran adjudicadas las mismas pero que no cumplían con el fin para el cual eran pedidas, en este sentido, existe una corresponsabilidad entre el Estado y la población en el mal desenvolvimiento del actual control de cambio, estos aspectos deben ser objeto de un estudio profundo por parte de la Asamblea Nacional antes de la creación de la ley que acá proponemos a los fines de evitar a futuro que estos vicios se vuelvan a generar, desvirtuando así el fin para el cual fue creado y establecido el control cambiario.

Continuando con las propuestas legislativas, creemos necesario el fomento por parte del Estado mediante la creación de una ley de fomento para la implantación de empresas y micro empresas, de pequeños y medianos productores y comerciantes que ayude a desarrollar la economía productiva de la nación, a incrementar los niveles de producción de los distintos rubros, a evitar y combatir el monopolio de las macro empresas, a diversificar las opciones que tenga el consumidor en cuanto a la adquisición de los productos de distintas índoles, a lograr productos de calidad dignos de exportación que a su vez auxiliaría a una renovación económica, es decir, a que la producción nacional no esté basada únicamente en la renta petrolera sino que pueda valerse de distintos mecanismos de ingresos necesarios para sostener el gasto público.

Este fomento es una de las potestades del Estado, y en la actualidad es necesario la vuelta a esas políticas públicas que en otrora trajeron beneficios positivos a la nación, a los fines de ejemplificar mejor esta propuesta traemos a colación la política de fomento realizada por el Presidente Hugo Chávez de creación de cooperativas, las mismas tenían exenciones en materia impositiva, así como el otorgamiento de créditos denominados blandos para que estas realizaran su labor en pro del colectivo, es necesario que el Estado fomente nuevamente la creación de figuras jurídicas mercantiles o sociales, con reglas claras para el otorgamiento de créditos y facultades fiscalizadoras que vayan acorde con el debido proceso y los derechos económicos consagrados en la Constitución.                            

Así mismo, consideramos necesario una ley de fomento a las actividades agrícolas y agropecuarias, sin que esta propuesta sea entendida como una modificación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por el contrario creemos necesario una legislación que vaya de la mano con la anterior mencionada para garantizar la producción nacional y el desarrollo endógeno establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta norma a la que nos referimos estaría enfocada en fomentar mediante el establecimiento de créditos otorgados por parte del Estado a los pequeños y mediano productores nacionales para potenciar el desarrollo agrícola y agropecuario, teniendo como una futura consecuencia el mejoramiento de estas dos grandes áreas del quehacer productivo de la nación, dejando de lado la necesidad actual de importar las materias primas y los productos agroalimentarios dado que los mismos serian elaborados en nuestro país con la suficiente calidad y cantidad para garantizar el abastecimiento interno y el excedente poder ser exportado con un sello de hecho en Venezuela.

Sin embargo, estos créditos no pueden estar distanciados de las facultades fiscalizadoras que ostenta el Estado, por el contrario deben ir de la mano, el Estado debe controlar la entrega de los mismos a aquellos productores que cumplan los parámetros establecidos en la ley previo la realización de un estudio socio económico realizado a las personas que soliciten los créditos, así mismo, es una obligación de los órganos y entes públicos encargados en la materia de realizar un control posterior de los resultados obtenidos mediante el otorgamiento del financiamiento, de esta manera se busca la mayor transparencia por parte de todos los factores involucrados en esta actividad financiera.
                      
En cuanto al gasto público, es necesaria la reducción del mismo a niveles que el Estado pueda manejar de manera eficiente, por lo cual es necesario una ley marco sobre el gasto público, la cual busque su reducción, eliminando gastos superfluos o innecesarios en la Administración Pública, reduciendo aquellas unidades o estructuras administrativas no necesarias bien sea con la fusión de las mismas en otras dependencias o su eliminación previo la realización de un estudio profundo sobre los distintos órganos públicos, así mismo, estableciendo el control posterior al gasto que realizan los órganos de control fiscal, fortaleciendo aun más las facultades que estos ostentan otorgadas por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como un punto particular, es importante acotar la necesidad de dividir esa última norma mencionada en dos que busquen una mayor claridad sobre el control fiscal, es necesario que la Contraloría General de la República tenga su norma particular que regule su organización interna, así como las facultades de control fiscal de este órgano y los procedimientos que la misma sigue para lograr ese fin; y de igual manera, es necesario que exista una norma que regule al Sistema Nacional de Control Fiscal, una norma individualizada distinta de la que regula al órgano contralor, con órganos propios y facultades propias pero que trabajen de manera mancomunada para el combate efectivo de la corrupción latente en la administración.

Consideramos que estas propuestas dirigidas al área económica son necesarias en la actualidad, queda de parte de los parlamentarios tomar en consideración todas o algunas de las mismas, profundizarlas, desarrollarlas aun más, discutirlas con todos los sectores del país, buscando siempre el bienestar del colectivo, el bienestar de nuestra nación.

Sin embargo, habrán muchas otras propuestas distintas y diversas que también deben ser consideradas por los parlamentarios, teniendo siempre en mente que todas son una suma de voluntades que buscan un mismo objetivo, el bien común de todos los venezolanos.

Desde esta columna de opinión hacemos énfasis en que las mismas son producto de la experiencia profesional y ciudadana, y no de aspectos políticos partidistas, por cuanto no pertenecemos a organización política alguna, somos profesionales dedicados a resolver los conflictos de la población dando respuesta inmediata a todos ellos, desde nuestras limitadas  posibilidades.

En una futura entrega estaremos realizando propuestas a la Asamblea Nacional mediante esta carta abierta sobre otra de la problemática que enfrenta el venezolano en su día a día como lo es la inseguridad.

Hasta una próxima entrega…


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