“El
Caso Rosita”
Escrito por:
Alonso José
Macias Luis
16/03/2014
El
caso “Rosita” ha sido uno de los más sonados en el país, por cuanto se encuentra
vinculada la actriz y modelo Jimena Araya quien encarnó y popularizó al
personaje Rosita en el programa “A que te ríes” transmitido por Venevisión.
El
asunto judicial fue iniciado en el año 2012, el Ministerio Público acusó a la
actriz por presuntamente participar en la fuga de Héctor Guerrero apodado “El
Niño Guerrero”, del Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como la cárcel
de Tocorón.
Posteriormente
en fecha 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Segundo en Funciones de Control del
Circuito Judicial del Estado Aragua emite orden de aprehensión contra Araya por
la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y fuga de detenido en
grado de cooperador, establecidos en los artículos 83, 254 y 264 del Código
Penal.
En
fecha 29 de octubre de 2012, mediante un procedimiento llevado a cabo por la
Policía del Estado Carabobo fue capturada sin oponer resistencia la actriz en
la ciudad de Valencia, quien fue puesta a la orden de la Fiscalía.
El
Tribunal de Control en fecha 07 de noviembre de 2012, otorga a Araya una medida
sustitutiva de libertad de presentación cada 15 días, y la prohibición de salir
de la jurisdicción del Estado Aragua, no sin antes haber rechazado a 20
fiadores en el otorgamiento de la medida.
Mediante
un operativo llevado a cabo en la ciudad de Barquisimeto por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), se logro la
captura de Héctor Guerrero, quien según información suministrada por sus
abogados, negó la participación de Jimena Araya en su fuga de la cárcel de
Tocorón.
Actualmente
el caso Rosita espera por una sentencia definitiva, el tribunal de control ha
diferido la realización de las audiencias en diversas oportunidades,
constituyendo esto un claro ejemplo de la ausencia de celeridad procesal que
reina en nuestro sistema de justicia penal.
Ahora
bien, desde el punto de vista jurídico, la relevancia de este caso radica en
varios aspectos. El primero de estos es el principio que rige en todos los
procesos judiciales y administrativos conocido como presunción de inocencia, el
cual está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su artículo 49 numeral 2 que establece:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas
las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: …
2.
Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario…”
Desde
esta perspectiva el Estado violento este principio de jerarquía constitucional.
La actuación desplegada por el Ministerio Público, al imputar sin tener
suficientes elementos de convicción configura una violación de este principio,
se presumió la culpabilidad antes de la inocencia, siendo que este órgano del
Estado es el que tiene la carga de probar en todo proceso penal la culpabilidad
del imputado, y no como comúnmente sucede que es la defensa técnica la que
busca demostrar la inocencia de su representado.
Así
mismo, la opinión pública se presentó dividida, algunas personas apoyaron a la
actriz de forma irrestricta, y otros la condenaron realizando acusaciones que
no han sido demostradas en el proceso penal.
Cada
destacar que el principio de presunción de inocencia es un factor fundamental
dentro de nuestro sistema jurídico, los órganos del Estado deben garantizar la
plena vigencia del mismo en todos los asuntos judiciales y administrativos que
conozca. De igual forma, como ciudadanos no debemos emitir juicios de valor de
manera pública sin tener la plena convicción de los hechos acontecidos en
determinado asunto.
El
segundo aspecto destacable en este caso, es la responsabilidad que tiene el
Estado en el resguardo y control de los centros penitenciarios, siendo que
desde hace varias décadas el Estado ha ido perdiendo poder sobre estos
establecimientos, cediendo paso a los llamados lideres negativos conocidos comúnmente
como PRAN.
Los
pranes en la actualidad son los que tienen el control de los centros
penitenciarios, en este sentido, el Estado debe implementar planes y acciones
que vayan encaminados a recuperar esos espacios, para que realmente se cumpla
su objetivo como lo es la reinserción social del penado a la sociedad como un
hombre de bien.
La
fuga de un interno es responsabilidad directa del Estado, por cuanto es el que
tiene la atribución constitucional y legal de ejercer el control sobre los
establecimientos penitenciarios.
Otro
aspecto inmerso dentro de este caso es la presencia de la corrupción dentro del
sistema penitenciario, los funcionarios públicos responsables del resguardo
deben tener una actitud proba, el Estado no debe permitir por ningún motivo que
este flagelo gobierne dentro de las cárceles, sin embargo, desde hace algún tiempo
la realidad es que las penitenciarías son los sitios donde más abunda este cáncer
social.
El
Estado debe igualmente implementar proyectos que busquen la disminución de este
flagelo, de igual manera, debe ejercer el poder de imperio que ostenta para
castigar a aquellas personas que se valen de esta figura para obtener un
beneficio personal, venga de donde provenga esta persona, sea funcionario, reo
o un simple particular que cometa un acto de corrupción dentro del sistema
penitenciario.
El
caso “Rosita” ha puesto en evidencia el gran deterioro que vive los centros
penitenciarios, ha sido publicitado por todos los medios de comunicación social,
por la sola presencia de la actriz Jimena Araya como protagonista del mismo, pero
la realidad es que hay muchos casos de corrupción, violación a la celeridad
procesal y a la presunción de inocencia, así como de incumplimiento de
obligaciones del Estado en el resguardo y control de estos centros que no son
conocidos por la opinión pública, pero que son el día a día dentro de las cárceles
venezolanas.
En
cuanto a la actriz y modelo Jimena Araya, actualmente se encuentra ejerciendo
funciones de Directora de Derechos Humanos dentro del partido político Podemos,
apartándose de su imagen de bomba sexy lograda con su popular personaje “Rosita”,
igualmente está a la espera de la definición de su estatus jurídico, ha asumido
una gran responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales, tratando
de reivindicar su imagen pública la cual se vio manchada con estos hechos.
Twitter @alonsomaciasl
Facebook: Alonso José Macias Luis
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